LAS CTA DENUNCIARON EL AVANCE DE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

Con la conducción de Mariano Denegris, integrante del equipo de Comunicación de la CTA-T, y de Joana Giménez, secretaria de Juventudes de la CTA-A, se presentó el informe “500 días de Milei. Asalto a la democracia, punitivismo y represión para la entrega de la Nación”, realizado por Monitor de Repuestas Represivas del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma.

El secretario general de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina y diputado nacional, Hugo Yasky, explicó que esta reunión debía ser convocada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados: “Pero es una Comisión que está prácticamente obturada y no se ha podido, a pesar de todos los proyectos que hemos presentado, lograr que nunca se discuta algo que tenga que ver con denuncias de las represiones”, señaló.

Y agregó: “Este es un tema que marcó desde el inicio del gobierno de Javier Milei una permanente presencia y práctica represiva que se inició en la primer marcha que se realizó y provocó que tuviéramos heridos, que fuéramos acusados de terrorismo, y comenzó a utilizarse un lenguaje vinculado a la jerga que se utilizaba en la época de la dictadura cívico militar. Esta actividad tiene como objetivo no solamente denunciar sino construir anticuerpos, acciones, presencia política en la sociedad y en torno a un debate que se quiso naturalizar y al principio parecía contar con cierta anuencia en la sociedad, pero que hoy es claramente condenado por la mayoría de nuestro pueblo este accionar represivo. Agradecer a quienes van a dar testimonio porque ellos van a reflejar las consecuencias de las represalias frente a una demanda social, una demanda social legítima”.

A su lado, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, remarcó: “A medida que se profundiza el carácter brutal y autoritario de este gobierno, se evidencian dos aspectos alarmantes: por un lado, una creciente subordinación a los intereses del gobierno de los Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en la instalación de una base militar en nuestro territorio, y por otro, una estrategia represiva cada vez más violenta, dirigida a sembrar el miedo y desmovilizar a quienes luchan por sus derechos”.

“Esta política represiva no se limita al ámbito nacional. Se replica en distintas provincias a través de la llamada ‘ley anti mafias’, que, lejos de combatir el crimen organizado, busca criminalizar a las organizaciones populares”, dijo Godoy y afirmó: “A esto se suma la creación de nuevas estructuras represivas destinadas a proteger los intereses del modelo extractivista, facilitando el saqueo de nuestros bienes comunes y reprimiendo a las comunidades que resisten su avance”.

El secretario de Derechos Humanos de la CTA-T, Matías Zalduendo, agradeció “el trabajo de los compañeros de la CTA Autónoma, desde el Monitor, el librito de los 500 días de Milei, que clarifica respecto a números el contexto represivo de lo que estamos viviendo”.

“Recordar que la presidenta de la Comisión de DDHH es de LLA, y en el mismo Congreso varios diputados y diputadas de LLA visitaron varios genocidas presos, utilizando recursos del mismo Congreso y claramente con todo el contexto social que estamos viviendo, esquivan los temas importantes que se están produciendo a lo largo y ancho del país”, repudió.

También se refirió al valioso trabajo del Mapa de la Policía: “Enmarca muy bien lo que sucedió en los primeros días de la asunción de Milei, que es el protocolo antipiquete, que se dio en el marco de la discusión de la Ley Bases y la Ley Ómnibus, porque este modelo no cierra si no es con represión. Un modelo de ajuste, de ataque a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, no puede cerrar sino es en un marco de represión”.

“Tenemos que pensar que los diputados y diputadas de Fuerza Patria deben saber que el uso de las nuevas armas, como la pistola lanza gases, pero también el discurso del gas pimienta amarillo es un arma que ha generado heridas menores, pero heridas al fin, en muchos de los militantes, que se utilizan todos los miércoles, cuando los jubilados y jubiladas se movilizan. No solamente para denunciar el uso sino también el tipo de armas que están utilizando que pone en riesgo la vida de las compañeras y compañeros”, alertó.

“En el libro también se plantea entender lo que sucede con el uso de la línea 134, que en su momento buscó criminalizar a los dirigentes sociales, sino también tuvo una connotación muy fuerte la campaña que hizo Capital Humano, con Sandra Pettovello a la cabeza: el que corta no cobra. Su objetivo fue impedir que los compañeros se movilicen para reclamar por aumento de los distintos planes que conseguían”, detalló Zalduendo, y agregó: “La cantidad de 24 allanamientos a distintas organizaciones con el fin de generar miedo para impedir la movilización de trabajadores y trabajadoras del campo popular. Una situación que es difícil de cuantificar, no solamente contar lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires, pero que pasa también cruzando la General Paz, en algunos barrios, como lo que sucede en el Mugica, o en el 21-24, donde las fuerzas de seguridad están sin bozal, que es la doctrina Bullrrich. Ahí, los alumnos de nuestras escuelas, nos cuentan es la realidad que están viviendo. Que es lo que también cuentan los compañeros del Mapa de la policía, que ante el intento de procesar a un joven, se da el uso desmedido de la fuerza. Lo que sucede con los pibes que están detenidos en las comisarías, las humillaciones que sufren. La única posibilidad de terminar con esto es seguir construyendo organización”.

Y enumeró. “La situación que se produjo con Fernando Martín Gómez, que sucedió el 18 de diciembre, que generó su asesinato, donde hay cinco gendarmes imputados, en una situación poco clara, realmente es un hecho aberrante que muestra la responsabilidad de quienes llevan adelante la represión, sino hay que seguir el hilo de las órdenes, que es lo mismo que sucedió estando Patricia Bullrrich al frente del Ministerio, durante el gobierno de Mauricio Macri con la doctrina Chocobar que significa regirnos por ‘la Ley de la selva’ y que sobreviva el más apto. La cantidad de detenciones que hubo: 277 en el marco de 32 protestas; 48 durante desalojos y allanamientos; 43 como resultado de otras situaciones y podríamos seguir con las que hubo y no se pueden cuantificar”.

Por último, señaló: “En la CTA de lxs Trabajadorxs, estamos convencidos que este es el camino de la unidad que estamos construyendo: acompañar a lxs trabajadorxs que están siendo víctimas de estas políticas, la solidaridad de clase, seguir movilizándonos todos los miércoles con nuestros compañeros jubilados, seguir acompañando la protesta social, seguir defendiendo a las personas con discapacidad, la universidad pública, la salud y la educación, seguir organizándonos en unidad para lograr construir la posibilidad de terminar con este proceso que estamos viviendo y construir una nueva forma de pensar y en el 2027 una nueva mayoría para vivir en el país que todos queremos”.

Jimena Frankel, coordinadora del Monitor de Respuestas Represivas del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma, se refirió al informe sobre las represiones durante el gobierno de Javier Milei. “En 20 meses de gobierno de Milei, se dan cuenta de al menos 88 represiones con 2534 personas heridas”.

Entre las víctimas, se destaca el asesinato de Fernando Gómez en la provincia de Salta, la gravedad de las heridas sufridas por Pablo Grillo, y cuatro personas que perdieron la visión de uno de sus ojos. También se contabilizan 96 allanamientos y desalojos en comunidades de pueblos originarios y movimientos sociales. Otro dato relevante es la detención de 461 personas por participar en manifestaciones o por formar parte de organizaciones populares, así como la apertura de 236 causas penales bajo la misma lógica represiva. “Las fuerzas de seguridad incumplen normativas internacionales de manejo de los instrumentos de represión que terminan en situaciones de gravedad”, explicó Frankel.

De la actividad participaron dirigentes de la CTA que están siendo criminalizados por participar de acciones políticas y protestas sociales: Mónica Gurina, secretaria general de la CTA Autónoma de Misiones; Leandro Sánchez, secretario general adjunto de la CTA Autónoma de Misiones; Federico Giuliani, secretario general de la CTA Autónoma de Córdoba y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba, y Hugo Aranea, secretario General de la CTA Autónoma de Viedma, Río Negro. También estuvieron presentes Daniela Calarco Arredondo, activista ambiental y por las disidencias sexuales, responsable nacional de la organización del Movimiento Teresa Rodríguez “Votemos luchar”, acusada de terrorista y detenida por movilizar contra la Ley Bases el 12 de junio, en una causa que ya fue elevada a juicio, y Matías Castro, integrante de FM LA TRIBU y del Mapa de la Policía.

Federico Giuliani, agregó: “La criminalización de los luchadores ataca aún más esta democracia que es de muy baja intensidad, y busca desincentivar la participación. Hoy las provincias son feudos que funcionan con regímenes autoritarios, y si bien todos denunciamos al gobierno de Milei, también hay fascismos de distintos colores en las provincias. El cordobesismo que está instando proyectarse nacionalmente a través de Schiaretti, es un peronismo sin el punto más importante de la doctrina: la justicia social. El interés es amedrentar a nuestra militancia y frenar la actividad de nuestras organizaciones”.

Daniela Calarco Arredondo, contó: “Fui detenida ese 12 de junio junto a otras 32 personas. Salvo algunas excepciones, ninguno nos conocíamos entre nosotres. Sin embargo, para la Vicepresidenta (Victoria Villarruel), para Patricia Bullrich, fue el discurso que se bajó desde el gobierno, 33 personas que no nos conocíamos entre nosotres teníamos la capacidad de intentar organizar un golpe de Estado. La causa que se nos puso desde el primer momento fue de terrorismo, de intentar detener el correcto funcionamiento de la Cámara Alta y por ende de la democracia”.

“Nos tiraron básicamente con todo el Código Penal en la cabeza y lo que quedaba, quedaba. No pudieron sostener nada de todo eso, obviamente. De hecho, muchxs de lxs compañerxs que fueron detenidxs conmigo hoy ya están sobreseídos por falta de mérito, algunos quedamos en la causa con algunos delitos menores que abismalmente lejos están de esa causa de terrorismo que intentaron poner durante semanas en los medios”, manifestó Arredondo.

“En nombre de la CTA-A quiero reafirmar todo el respaldo y los refuerzos para combatir la criminalización de la protesta social en Argentina en todo el país”, sintetizó Oscar “Colo” De Isasi, secretario general de la CTA provincia de Buenos Aires, en el cierre del encuentro.

Estuvieron presentes también el secretario general de la CTA-T provincia de Buenos Aires, titular del SUTEBA y adjunto de CTERA, Roberto Baradel; lxs diputadxs Sergio Palazzo (UxP) y Mercedes De Mendieta (FIT-U); Eduardo Tavani, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Nina Brugo, abogada laboralista, fundadora de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; Carlos Monestes, secretario de Derechos Humanos de la CTA Ciudad; Jorge Godoy, secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de la educación (UTE); Ricardo Peidro, secretario general adjunto de la CTA-A; Víctor de Gennaro, dirigente gremial y social, uno de los fundadores de la CTA; Leonor Cruz, secretaria de Género y Diversidad de la CTA-A, entre otrxs compañerxs.