Este miércoles 12 de junio nos movilizamos al Congreso en defensa de la soberanía de nuestro país y en rechazo de la Ley Bases.
Los senadores y las senadoras no pueden ignorar que cada uno de los artículos de esta ley significa avanzar hacia un modelo de enajenación de nuestros recursos naturales, de pérdida de la independencia económica y de destrucción de los derechos laborales.
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), a cambio de un mínimo ingreso de dólares por apenas tres años, entrega por tres décadas los recursos energéticos, hidrocarburíferos y mineros sin exigir ni una cuota de proveedores locales, ni un esquema de transferencia tecnológica, ni desarrollo de la cadena de valor de nuestro país, ni contratación de mano de obra, ni obligaciones de compre nacional. Es decir, se llevan todo y no dejan nada. Para colmo, si un futuro gobierno quisiera cambiar esto, la ley nos somete a los mismos tribunales internacionales, como el CIADI, que siempre actúan a favor de los intereses extranjeros.
El blanqueo de capitales define tasa cero, o sea, es gratis, para montos de hasta 100.000 dólares incluso sin repatriación. Si el capital se deposita en el sistema local hasta diciembre de 2025, la alícuota es del 0 por ciento sin tope. Además, incluye como beneficiarios a no residentes sin declaración de origen de fondos, lo cual es una invitación lisa y llana al lavado de dinero del narcotráfico y promueve la fuga de capitales que es el verdadero factor de erosión de nuestra economía, tanto desde el punto de vista fiscal como de restricción externa.
El paquete fiscal no tiene por objetivo recaudar más ni disminuir la presión impositiva, sólo busca cambiar la composición de los ingresos tributarios de la forma más regresiva posible: disminuir impuestos al patrimonio de los sectores de más altos ingresos y aumentar los de aquellos que viven del trabajo.
El plan de privatizaciones repite la experiencia que fracasó en los ‘90. Muchas empresas, como Aerolíneas o el Correo ya pasaron por manos privadas, fueron vaciadas para luego ser recuperadas por el Estado y puestas en funcionamiento y en valor. Quieren entregarlas nuevamente sólo para alimentar el flujo de caja en dólares de un gobierno desquiciado que no consiguió un solo crédito y cuyo único recurso es rematar el país.
La reforma laboral, redactada por los estudios jurídicos de las grandes patronales para reinstalar las condiciones de trabajo del siglo XIX, amplía el periodo de prueba a un año, incentiva la tercerización, promueve la evasión de aportes a la seguridad social, avala el despido discriminatorio, entre otras cosas.
Por todo esto, el próximo miércoles la presencia masiva del pueblo argentino frente al Congreso y en muchas otras plazas del país debe ser un potente llamado de atención para que a la hora de votar quienes nos representan lo hagan a favor de los intereses de la Nación y el Pueblo.
Enrique Rositto, Secretario de Comunicación
Hugo Yasky, Secretario General