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¿QUÉ PROPONE EL PROYECTO DE REFORMA LABORAL DE MILEI?

, por CTA Comunica

El proyecto deja afuera a varios tipos de trabajadores: empleados en plataformas digitales, con locación de servicios o “independientes”. Con lo cual, abre la puerta a que trabajos que hoy son claramente dependientes se disfracen de “autónomos”. Además agrega un peligro mayor. Modifica el criterio de interpretación que siempre tuvo un principio: si hay duda, se interpreta a favor del trabajador, especialmente en la prueba. El proyecto elimina la duda probatoria y reduce este principio.

Como resultado, el trabajador pierde una herramienta importante para defenderse. La presunción de relación laboral se debilita aún más porque, a diferencia de la legislación actual, en la que si una persona trabaja para otra bajo instrucciones y recibe un pago, se presume relación laboral, la reforma expresa que si hay facturas o recibos emitidos como autónomo, esa presunción desaparece. Así, se facilita el fraude laboral.

A la vez el proyecto profundiza las condiciones de tercerización. Hoy, si una empresa terceriza tareas propias de su actividad principal, responde solidariamente por los derechos laborales de esos trabajadores. El proyecto, en cambio, dice que si la empresa controla algunos datos queda liberada de responsabilidad. Además, excluye las actividades “accesorias” que terceriza. De esta manera, se otorga a las patronales más facilidad para tercerizar y fragmentar empresas para pagar menos salarios, evitar convenios y reducir obligaciones.

Por otra parte, se amplían los conceptos “no remunerativos” (almuerzos, viáticos, gastos de salud) que no cuentan cómo salario y no se consideran para el cálculo de la indemnización, los aportes jubilatorios, la obra social, etc.

A esto se suma un hallazgo del lenguaje publicitario, los “salarios dinámicos”. Un artilugio para destruir la estabilidad salarial y el derecho de igual remuneración por igual labor mediante pagos por productividad, mérito, premios o el antojo patronal para ejercer mayor control y presión sobre el rendimiento y las condiciones laborales.

En relación a la indemnización por despido se abarata su costo para el empresario y se pierde la función principal: disuadir al empleador para que no despida. Pero además, esto traerá un perjuicio para la recaudación porque a través del llamado “Fondo de Asistencia Laboral” el Estado va a terminar financiando despidos de empresas privadas con recursos equivalentes al 3% de los salarios que actualmente van al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Como si esto fuera poco, el proyecto flexibiliza un derecho constitucionalmente protegido como las vacaciones (art. 14 bis CN, descanso), al permitir que el empleador las fraccione según sus necesidades. También flexibiliza la Jornada Laboral al admitir el uso de bancos de horas para que si un día se trabaja más, otro día se compense sin pagar horas extras y la jornada se pueda promediar con días más largos sin pago adicional. Tras cartón, la reforma castiga al trabajador que sufrió un daño en su salud ya que si vuelve con una incapacidad parcial, el empleador puede asignarle una tarea inferior o pagarle menos.

A estas pérdidas de derechos individuales de cada trabajador hay que agregar el ataque de esta reforma al derecho colectivo, objetivo central de la restauración de poder. El proyecto reduce a su mínima expresión el derecho a huelga, reduce la ultraactividad y muchos compromisos de los convenios desaparecen al vencer, lo que debilita la continuidad del acuerdo y fortalece la posición del empleador en la negociación, debilita la protección sindical eliminando tutelas sindicales, restringe las asambleas sindicales.

En síntesis, el proyecto no es otra cosa que el DNU 70 reempaquetado para intentar obtener legitimidad parlamentaria. Su inconstitucionalidad manifiesta provocará más litigiosidad judicial.
Pero sobre todas las cosas, de convertirse en Ley, ni de casualidad va a crear empleo registrado. Ninguna reforma laboral detendrá el tsunami de cierres de empresas y despidos que está provocando la política económica de Milei, Caputo y el Tesoro norteamericano. Sólo va a haber más y mejor empleo, con buenos salarios e integración social con políticas industriales, desarrollo técnico-científico y tributación progresiva que permitan fortalecer el mercado interno y generar valor agregado en lugar de extraer materias primas como en una semicolonia.

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