Sindicalismo, futuro y nuevas demandas, con el secretario general de la CTA-T y diputado nacional Hugo Yasky, para Formando Futuro, publicación de reflexión política y pensamiento popular del espacio Movimiento Derecho al Futuro.
1.¿Qué propone concretamente la reforma laboral del Gobierno de Milei, qué efectos podría tener sobre el empleo, los salarios y los derechos laborales, y qué objetivos políticos y económicos persigue?
El proyecto abre la puerta al fraude laboral en varios frentes. Trabajos que hoy son claramente dependientes pasan a disfrazarse de “autónomos”. A diferencia de la legislación actual —en la que, si una persona trabaja para otra bajo instrucciones y recibe un pago, se presume la existencia de una relación laboral—, la reforma establece que, si existen facturas o recibos emitidos como autónomo, esa presunción desaparece.
A su vez, modifica un criterio histórico de interpretación del derecho laboral: ante la duda, se interpreta a favor del trabajador, especialmente en materia probatoria. La reforma elimina esa duda probatoria y reduce significativamente este principio, privando al trabajador de una herramienta clave para su defensa.
En materia salarial, la ofensiva es múltiple: se otorgan a las patronales mayores facilidades para tercerizar y fragmentar empresas y así evitar convenios; se amplían los conceptos “no remunerativos” —como almuerzos, viáticos o gastos de salud—, que no cuentan como salario ni se consideran para el cálculo de la indemnización; y se aplica el artilugio de los llamados “salarios dinámicos”, reemplazando el derecho a igual remuneración por igual tarea por pagos por productividad, mérito o premios al antojo patronal.
Como si esto fuera poco, la indemnización por despido se abarata y pierde su función principal: disuadir al empleador de despedir. Pero, además, esto traerá un perjuicio para la recaudación. A través del denominado “Fondo de Asistencia Laboral”, el Estado terminará financiando los despidos de empresas privadas con recursos equivalentes al 3 % de los salarios que hoy se destinan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Pasamos de un Estado que financia sueldos y jubilaciones a uno que financia despidos.
¿Y las vacaciones? Afuera. El proyecto flexibiliza este derecho constitucionalmente protegido (artículo 14 bis de la Constitución Nacional, descanso) al permitir que el empleador las fraccione según sus necesidades. El banco de horas, en cambio, adentro: se flexibiliza la jornada laboral al permitir trabajar más horas un día y compensarlas otro, sin pago adicional.
A estas pérdidas de derechos individuales de cada trabajador hay que agregar el ataque de esta reforma al derecho colectivo, objetivo central de la restauración de poder. El proyecto reduce a su mínima expresión el derecho a huelga, reduce la ultra-actividad y muchos compromisos de los convenios desaparecen al vencer, lo que debilita la continuidad del acuerdo y fortalece la posición del empleador en la negociación, debilita la protección sindical eliminando tutelas sindicales y restringe las asambleas sindicales.
En síntesis, el proyecto no es otra cosa que el DNU 70 reempaquetado para intentar obtener legitimidad parlamentaria. Su inconstitucionalidad manifiesta provocará más litigiosidad judicial, no menos. Pero sobre todas las cosas, hay que destacar qué efecto no tendrá de convertirse en Ley: ni de casualidad va a crear empleo registrado. Ninguna reforma laboral detendrá el tsunami de cierres de empresas y despidos que está provocando la política económica de Milei, Caputo y el Tesoro norteamericano.
2.¿Qué modelo de sociedad y de relaciones laborales entraña esta reforma? ¿Qué tipo de país se construye cuando el trabajo es concebido como un costo a reducir y no como un derecho a proteger?
El principal error al analizar esta reforma es perder de vista su propósito central, que no es únicamente reducir el costo salarial —ya ubicado en niveles históricamente bajos—. El objetivo de fondo es disciplinar a los trabajadores, tanto a nivel individual como colectivo, para volver a una Argentina donde impere, sin atenuantes, la voluntad del más fuerte.
Sólo mediante la destrucción del movimiento sindical y del peronismo como proyecto de país productivo e integrado socialmente podrán entronizar el “modelo peruano” que sinceró como norte el Ministro de Economía, Luis Caputo. En ese modelo no hay empleo registrado, ni industria, ni jubilaciones, ni igualdad. Ni siquiera se mide la desocupación en un contexto de 80 por ciento de informalidad laboral.
No es ese esquema el que va a generar más trabajo. Por el contrario, sólo va a haber más y mejor empleo, con buenos salarios e integración social, a partir de políticas industriales, desarrollo técnico-científico y tributación progresiva. Políticas que fortalezcan el mercado interno y generen valor agregado, en lugar de regalar nuestras materias primas como una semicolonia.
3.Frente a este avance, ¿qué rol debe asumir el peronismo —en el plano sindical, parlamentario y territorial— y cómo explicarle con claridad a las trabajadoras y los trabajadores cuáles son las consecuencias reales de esta reforma en su vida cotidiana?
Por un lado, tenemos que hablarle a la sociedad, a los trabajadores y trabajadoras, con una propuesta de transformación de las leyes laborales que amplíe derechos frente a las nuevas realidades del mundo del trabajo. Hay proyectos que ya existen y tienen que ver con debates actuales que se dan en todo el mundo, como regular la economía de plataformas, la igualdad de género, reducción de la carga horaria, etcétera. La tarea es clara: reconstruir un modelo de país con desarrollo autónomo, valor agregado a partir de la industria y sobre todo con una perspectiva soberana.
En el camino hacia esa reconstrucción, la provincia de Buenos Aires y la gestión de Axel constituyen un modelo antagónico a la entrega de Milei. Antagónico a ese extractivismo que no genera prácticamente ningún puesto de trabajo. Ahora, es necesario unir todas las fuerzas antagónicas posibles para rechazar las reformas retrógradas del gobierno nacional. Para ello, la unidad opositora que se logre en el parlamento tiene que ser acompañada, potenciada e impulsada por la movilización en unidad en las calles de todo el país.
4. ¿Es necesaria una reforma laboral en la Argentina y, si lo es, qué lineamientos debería tener una reforma orientada a ampliar derechos, incorporar nuevos sectores como el trabajo en plataformas y fortalecer un modelo de desarrollo con inclusión?
Lo que resulta necesario es transformar las leyes que regulan el empleo en función de los avances tecnológicos, los cambios en la organización de la vida familiar y las nuevas necesidades de la clase trabajadora.
En ese marco, los proyectos que hoy se discuten proponen reconocer derechos para los trabajadores de plataformas —como salario mínimo, licencias y cuidados—, avanzar en licencias por nacimiento y cuidado con equidad de género, promover la participación de los trabajadores en las ganancias empresarias, crear comités mixtos de salud laboral y prevenir el acoso en el ámbito laboral. Al mismo tiempo, plantean aprovechar los avances tecnológicos para reducir la carga y la jornada laboral, garantizar el derecho a la desconexión digital y avanzar hacia una mayor soberanía del tiempo de trabajo.
Estos cambios no son rémoras del pasado, sino los debates que se están dando en muchas regiones del mundo. Un mapa mundial consigna unas 53 reformas laborales en casi 30 países de los cinco continentes. Todas van en el sentido de mejorar las condiciones laborales, regular a las compañías de plataformas, otorgar nuevas licencias, reducir la jornada y garantizar equidad de género. En un mundo que discute cómo avanzar, este gobierno nacional propone retroceder.
