“Sin salarios la economía no arranca”

Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, insiste con algo: “Hay que ponerle límite a la voracidad de grandes grupos empresarios”. De lo contrario, observa el diputado nacional del Frente de Todos, será difícil evitar “abusos de precios” y conseguir que se “restituyan niveles salariales para reactivar la demanda interna y encender los motores de la economía”.

En diálogo con el eslabón, Yasky consideró que algunos gremios “pueden negociar paritarias cortas con sumas fijas pero en otros sectores ese esquema puede no servir”. Y machacó: “Las subas salariales de este año deberán estar cuatro o cinco puntos por encima de la inflación”.

El docente, ex titular de Ctera, sugirió “aprender de las lecciones” que dejaron las recetas de ajuste del FMI, atento a la negociación en ciernes con el organismo internacional tras el préstamo de casi 45 mil millones de dólares a la gestión Macri. El diputado de Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires, que este año concluye mandato, defendió la ley de aporte de grandes fortunas para morigerar efectos de la pandemia y anticipó que la agenda legislativa 2021 seguirá “impregnada” de temas vinculados al covid y a “proyectos económicos en favor del bienestar de las mayorías”.

Salarios & precios

Los precios de los alimentos volvieron a subir fuerte durante el primer mes del año, siguiendo el efecto arrastre del último trimestre de 2020. “Subas desmesuradas”, admitieron desde el gobierno. Carne, frutas, verduras, lácteos, huevos, entre otros productos básicos que encarecen el costo de vida pero que no pueden faltar en la dieta gaucha.

En un contexto de remarcaciones, tensión inflacionaria y pulseada distributiva, con la mayoría de los gremios queriendo recomponer ingresos de los trabajadorxs vía negociaciones paritarias, el Frente de Todos busca arrimar a la misma mesa a sindicalistas y empresarios con el fin de alcanzar un acuerdo de precios y salarios para bajar un cambio en la evolución de la canasta básica y remendar bolsillos, iniciativa que ya se puso en práctica en otros momentos del país, con resultados dispares.

Antes de correr las sillas, las partes sentaron posición. Desde las centrales obreras dijeron estar predispuestos a discutir políticas antiinflacionarias pero no a cualquier precio, mientras el vip empresarial critica regulaciones estatales y la tira afuera: “No somos la causa de la inflación”. En la antesala de la convocatoria, el ministro de Economía Martín Guzmán afirmó que “los salarios tienen que crecer más que los precios”, descartó “topes, plazos o modelos estrictos” para las paritarias, pero pidió alinear precios y salarios a la pauta inflacionaria, que el gobierno estimó en 29 por ciento en el Presupuesto 2021.

Para Yasky, el entendimiento de precios y salarios “puede ser positivo si no queda en letra muerta y a poco de andar el abuso empresario empieza otra vez a apropiarse de los aumentos salariales”.

—Frente al recalentamiento en el ritmo inflacionario, con fuertes aumentos de precios en alimentos, y, por otro lado, la necesidad de recomponer ingresos, desde el gobierno nacional convocaron a gremios y empresas a darle forma a un acuerdo de precios y salarios. ¿Qué valoración hace de la iniciativa?

—Es una buena y necesaria iniciativa y su resultado será positivo en tanto y en cuanto el gobierno tenga la firmeza para poder ponerle un límite a la voracidad de grupos empresarios que desde hace tiempo viven en un país en el que siempre fueron ganadores a costa del sacrificio y el retroceso en el nivel de vida de los asalariados. Los formadores de precios, durante los cuatro años del gobierno de Macri, hicieron y deshicieron a su antojo, sin controles en la estructura monopólica de la Argentina para las corporaciones vinculadas a la producción de alimentos. Durante el macrismo se desmantelaron todas las direcciones y reparticiones del Estado donde se había recopilado información sobre el funcionamiento de las cadenas de valor, una política destinada a evitar abusos de precios. Este nuevo acuerdo de precios y salarios puede ser positivo si no queda en letra muerta y a poco de andar el abuso empresario empieza otra vez a apropiarse de los aumentos salariales. Ya pasó en la práctica, cuando al iniciar el gobierno de Alberto Fernández se hizo el intento de impulsar subas de salarios que rápidamente se diluyeron con las maniobras de los formadores de precios en detrimento de la mayoría trabajadora.

—El gobierno nacional viene tejiendo acuerdos de precios, como el reciente en el sector de la carne, con prórroga para Precios Máximos y el relanzamiento y ampliación del plan Precios Cuidados. ¿Piensa que esto solo sirve para desacelerar la inflación o que debería estar acompañado por otras políticas de intervención más eficaces a favor de los intereses colectivos?

—Son medidas bien intencionadas. Pero hay necesidad de una intervención estatal que tenga eficacia al momento de dar respuesta a la mayoría del pueblo argentino, que tiene dificultad para acceder a los alimentos. Hay que pensar en una sistematización de la intervención del sector público que no descarte nada, sean retenciones o cualquier otro mecanismo de intervención para dejar de ser el Estado bobo que prefieren los poderosos.

—Con el plan de vacunación en marcha aunque con el riesgo latente de la pandemia, la economía va repuntando de la mano de la industria, se espera un rebote para 2021, al mismo tiempo se reaviva la puja distributiva, con salarios, ingresos y jubilaciones en caída libre desde la era Macri. ¿Cómo se revierte la compleja situación?

—Hay intereses en pugna. Las grandes corporaciones quieren mantener sus beneficios y neutralizar y condicionar cada movimiento del gobierno. Lo hemos visto con la respuesta de los sectores más concentrados del agro cuando el gobierno intervino en el mercado del maíz. Son sectores hostiles a cualquier intento oficial de generar un esquema de retenciones o impuestos a las exportaciones. El gobierno debe buscar alianzas con sectores empresarios pymes, pequeños productores, cooperativas, sectores que generan mano de obra genuina, en un intento serio de devolverle al país productividad con inclusión, que revierta la concentración de riqueza, que es lo que genera más pobreza.

—Siempre que se dan estas discusiones en torno a la inflación y el poder adquisitivo, el discurso dominante deja al margen las superganancias empresarias, o la renta extraordinaria, como si fuese el gobierno el que aumenta los precios, cuando en realidad el Estado tiene o debiera tener un rol de intervención y regulación, pero en definitiva son los grandes empresarios, grandes exportadores y grandes cadenas de comercialización los que buscan a toda costa mantener ganancias exorbitantes.

—Un caso testigo de esto y bien didáctico es el aumento tarifario que dispuso Cablevisión-Telecom-Fibertel, empresas que forman parte de la megacorporación de las comunicaciones, que es el grupo Clarín. El gobierno, a partir de un decreto, declaró de interés público a las telecomunicaciones (TV por cable, internet y telefonía móvil), en una decisión de regular servicios básicos y fijar un límite para aumentos tarifarios, en contexto de pandemia y teletrabajo. El grupo Clarín le dio un mazazo al decreto oficial y aumentó cuatro veces más de lo que había dispuesto el gobierno, y todo terminó en un litigio judicial, que favoreció al decreto presidencial anulando el aumento de tarifas. Ahí se vio la pulseada entre un gobierno que trata de aplicar una política pública a favor de las mayorías populares y una poderosa corporación monopólica que pretende convertirse en supragobierno, imponer condiciones a un gobierno surgido de la voluntad popular que buscó darle un corte a la voracidad empresaria y defender el bien común.

Paritarias

Los salarios reales del sector privado cayeron en promedio un 20 por ciento, entre 2015 y 2020, según el Indec, golpeados por la inflación y la pandemia. En 2020, el salario mínimo aumentó 28 por ciento, ocho puntos por debajo del promedio general del índice de precios al consumidor del 36 por ciento. En un contexto de fulminante crisis mundial, el año pasado subió la tasa de desocupación en el país y la mayor pérdida de empleos se dio entre los informales. Con medidas de emergencia, como IFE, refuerzo en ayuda social, ATP, bonos y prohibición de despidos, el gobierno de Alberto Fernández evitó que la caída salarial y de ingresos familiares y jubilatorios y la destrucción de puestos de trabajo fuera más grave.

Los resultados obtenidos por los gremios en las paritarias a lo largo del año pasado –los que pudieron negociar, ya que la prioridad fue conservar el empleo– con respecto a la inflación fueron desparejos: la mayoría perdió, algunos empataron y unos poquitos grandes, como Camioneros, ganaron ahí nomás.

Empleados de Comercio firmó días atrás un convenio salarial que va de abril de 2020 a marzo de 2021 y que totalizó un 35 por ciento de aumento. El gremio mercantil, el de mayor cantidad de afiliados del país, consiguió un incremento del 21 por ciento, más cinco mil pesos no remunerativos para enero, febrero y marzo de este año. Además de debatir la vuelta a las aulas, protocolos y condiciones laborales, gremios docentes nucleados en Ctera, otra paritaria nacional testigo, definirán el nuevo piso salarial previo al inicio del ciclo lectivo a mediados de este mes. En tanto, el acuerdo salarial de los gremios aceiteros al finalizar el año 2020 fue expuesto como faro de auténtica mejora en el poder adquisitivo de cara a la ronda de paritarias de este año.

—Algunos gremios ya abrieron negociaciones paritarias, la mayoría espera hacerlo en los próximos días o semanas. ¿Qué expectativas tiene sobre la pelea salarial de este año, después de un 2020 con una economía en recesión, heredada del gobierno anterior, y el posterior estallido de la crisis del covid que impactó de manera negativa en la actividad, en los ingresos y en los niveles de empleo?

—Resulta imprescindible recuperar el poder adquisitivo perdido y revertir la transferencia de ingresos de los que menos tienen hacia los que más tienen. La pérdida en la capacidad de compra de los salarios durante el macrismo se calcula en dieciocho puntos, hay que invertir esta tendencia y no sólo por una cuestión de justicia social, sino para salir de esta prolongada recesión. En nuestro país, el 70 por ciento del producto bruto depende del consumo popular y si no se restituyen niveles salariales para reactivar la demanda interna, la economía no arranca y no saldrá de la recesión, no se recuperarán salarios por encima de la pauta inflacionaria y eso significa un fracaso en el objetivo que se planteó el gobierno nacional durante la campaña de encender los motores de la economía.

—¿Cabe la posibilidad de cerrar acuerdos salariales de corto plazo, con sumas fijas, como hizo el gremio de Comercio? Desde las centrales obreras vienen rechazando un eventual “techo salarial” y se reclaman paritarias libres…

—La supuesta idea de fijar un techo salarial es imposible de llevarla a la práctica, ya que cada sindicato tiene realidades y modalidades de negociación en cuanto a la evolución de los salarios bien diferentes. No es lo mismo la paritaria de Bancarios o Camioneros que la del sector textil. Hay situaciones de inequidad. Lo cierto es que los salarios tienen que recuperar poder adquisitivo y cada gremio debe definir dentro de la paritaria el modelo más adecuado para alcanzar ese objetivo. La puja y la tensión entre las cámaras patronales y los trabajadores adquiere su propia lógica según cada sector. En algunos sectores se podrán pactar paritarias cortas con sumas fijas pero en otros ese esquema puede no servir. No hay una fórmula común a la hora de negociar salarios y condiciones laborales. Lo que sí tienen en común todos los sectores es la necesidad de recuperar el poder de compra de los salarios. Las subas salariales de este año deberán estar cuatro o cinco puntos por encima de la inflación. Y para eso el gobierno debe tener bien claro quiénes fueron y son los ganadores y los perdedores al fin de acompañar acuerdos con mayor nivel de equidad para los perdedores, o sea, los trabajadores, y de esta manera devolverle dinamismo a la economía.

—La crisis en el mercado laboral, la caída salarial y la destrucción de empleo afectan más a los trabajadores y trabajadoras precarizadas. ¿Qué puede hacer el gobierno en este sentido para atender cuestiones urgentes?

—El gobierno viene desplegando una serie de iniciativas, como subsidios sociales que llegan a la población más vulnerable de diferentes maneras. De hecho la ley de aporte de grandes fortunas contempla que una parte de lo recaudado se vuelque a emprendimientos productivos, como construcciones de viviendas en barrios populares. Hay que complementar la política de recuperación del ingreso de los asalariados, que genera un efecto cascada y también mejora las condiciones de los trabajadores y trabajadoras informales. La posibilidad de nuevas fuentes de empleo deben apuntar a generar empleo digno. Estas políticas sociales las tenemos que aceptar como algo transitorio, para que los informales, los que hacen changas, los eventuales, puedan acceder a un empleo digno. De lo contrario no hay manera de recomponer un esquema sociolaboral que beneficie a las mayorías.

Los fondos, el Fondo y el Congreso

—Habló del aporte de grandes fortunas. Si bien se reglamentó la ley, una medida de justicia tributaria donde paga más el que más tiene, elogiada en otras partes del mundo, hay fuerte resistencia de multimillonarios poco solidarios.

—Eso muestra descarnadamente el rostro antisocial de muchos de los que viven en la abundancia, que amenazan con ir a la Justicia para tratar de frenar el aporte extraordinario. Son sectores que tienen una gran capacidad de lobby en los medios de comunicación a través de las pautas publicitarias, incluso algunos son directamente dueños de medios de comunicación. Entonces lanzan una campaña venenosa sobre esta ley como lo hacen con la vacuna Sputnik. Quieren conservar privilegios y no ceder ni un centavo. La medida no es en contra de nadie, involucra a las doce mil personas más acaudaladas de la Argentina para que contribuyan con una pequeña porción de sus fortunas, por única vez, para afrontar la crisis de la pandemia. Pero exhiben como trofeos de guerra el abuso económico, la fuga de capitales, las maniobras para eludir impuestos y ven bien enriquecerse a costa de más pobreza y desigualdad. Pero estoy convencido que la ley se va a aplicar.

—En el medio de todo está abierta la negociación por el megaendeudamiento contraído en la gestión Macri y las típicas presiones del FMI sobre la economía doméstica. ¿Qué cartas debe defender el gobierno ante el organismo internacional?

—El gobierno no debe aceptar ningún condicionamiento que signifique ceder en el mandato que asumió el Frente de Todos ante el pueblo argentino. El arreglo de la deuda no puede ser a costa del hambre ni padecimientos ni ajuste ni achicamiento del Estado, como ocurrió en el gobierno anterior. Pensemos en el 2020, año de la pandemia, cuánta pérdida originó lo sucedido durante el macrismo, cuando se le soltó la mano a la salud pública, a la ciencia, a la educación. Con respecto a la educación pública hoy se hacen malabares para trabajar en contexto de pandemia por la falta de construcción de escuelas que lleva al hacinamiento de alumnos y alumnas. Hay que aprender de estas lecciones. Si el FMI viene con viejos condicionamientos, a querer recortar presupuesto, hay que recordarles que la megadeuda que tomó Macri fue insostenible desde el punto de vista económico y en el medio hubo decisiones para favorecer a un candidato en busca de la reelección como parte de la estrategia geopolítica de Estados Unidos.

—¿Cómo imagina la agenda legislativa de este año, con las elecciones de medio término en el horizonte?

—La agenda legislativa estará impregnada de cuestiones a resolver en torno a la pandemia. El Ejecutivo va a presentar a finales de febrero un proyecto de ley nacional para la conformación de comisiones mixtas de seguridad e higiene en el trabajo, un régimen similar al que se aplica en la provincia de Santa Fe. También habrá proyectos legislativos que girarán en torno a la necesidad de recomponer un esquema económico que permita hacer sustentable y reconciliar la idea de la democracia con el bienestar de las mayorías, con una reasignación de recursos y avances en una estructura tributaria más equitativa.