La palabra empeñada

Desde 1983 hasta el 2003, en la Argentina, solo pudieron acceder a anticoncepción gratuita las mujeres que tenían plata en sus bolsillos para que el sexo fuese un disfrute sin riesgo a infecciones ni a una maternidad no deseada. Desde hace trece años el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable (PSSyPR) reparte, en todo el país, una canasta de anticonceptivos para cada cuerpo, edad, necesidad y riesgo: desde inyecciones que se renuevan cada mes o cada tres meses, anticoncepción de emergencia (la única que puede usarse después de tener sexo), pastillas para las que dan la teta, implante subcutáneo (un pinchacito en el brazo que garantiza prevención a largo plazo) para las adolescentes que ya tuvieron un embarazo o un parto, DIU (en varias formas, incluso, para aquellas que por anemias o hemorragias tienen que prevenir sangrados excesivos), preservativos (para todas y todos), píldoras en diversos formatos, etc. El derecho al placer es el climax de los derechos. Y un derecho con el que no se puede retroceder.

En el 2015 el Programa de Salud Sexual invirtió 72.730.000 pesos en la compra de más de 24 millones de diversos insumos anticonceptivos que implicó, por ejemplo, que –por mes- se repartieran más de 4 millones de preservativos y que el implante subdérmico llegara a las jóvenes de Jujuy y Formosa –con 40.537 insumos para repartir- cuando su costo en el sector privado es mayor a tres mil pesos. Ninguna beneficiaria, por ejemplo, de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podría ahorrar tres o cuatro meses de su ingreso absoluto para comprar un anticonceptivo eficaz y que no dependa de olvidos o violencias.

Por eso, la amenaza de despido de personal y los cambios burocráticos del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable con menor independencia y jerarquía, regreso a oficinas más pequeñas y final del manejo de presupuesto propio para que no falten anticonceptivos (ni en cantidad, ni en calidad, ni en variedad) en ningún placard de ningún centro de salud del país alarmó al movimiento de mujeres.

Frente a esta realidad, Estela Díaz, Secretaría de Género de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) e integrante de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y parte del Comité Asesor del PSSyPR pidió una reunión con las autoridades sanitarias. El jueves 14 de enero fueron citadas por la gestión de salud y en la mesa de discusión se sentaron Susana Chiarotti; del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo; Victoria Tesoriero (en representación de Marta Alanís), por Católicas por el Derecho a Decidir y la médica Eugenia Trumper, ex presidenta de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil y de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción. Los y las funcionarias/os que las recibieron fueron el Secretario de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación, Néstor Abel Pérez Baliño; la Subsecretaria de Atención Primaria de la Salud, Dora Saráchaga y la Directora de Salud Comunitaria, Cristina Echegoyen. La nueva gestión garantizó que se van a comprar y repartir anticonceptivos, que se va a mantener el personal sin despidos y que se van a efectuar los abortos legales como estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L.

“Le tomamos la palabra y le vamos a dar un tiempo para ver que todas estas cosas pasen”, acepta Estela Díaz, en una entrevista con Las12 en donde repasa la importancia del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable y, también, la impronta económica y política de “Cambiemos” en donde el efecto para las mujeres trabajadoras implica un retroceso de demandas y derechos. Estela Díaz tiene una combinación de calma y agudeza en donde con suavidad hace críticas sin matices. “Macri vino a hacer una contrarrevolución”, dispara, sin tildarse ante expresiones tajantes y sin perder el tono ni los matices. Ella fue la que decidió levantar el teléfono y pedir explicaciones a las autoridades sanitarias. Y también la impulsora –durante el kirchnerismo- de la propuesta de reformas para conseguir mayores licencias maternales a mujeres, parejas igualitarias, madres lesbianas y víctimas de violencia de género que no llegaron a buen puerto. Ahora apunta a fortalecer el cuidado de los puestos de trabajo ante las amenazas de despidos masivos, primero en el sector público y, después, en el sector privado.

Se conforma con el sol de las plazas en un enero plagado de pedidos de ayuda por pérdidas de fuentes de trabajo y su castaño resalta sobre la blusa coral. Su feminismo supo juntar la pelea por el reparto de anticonceptivos, las firmas para que la ley de aborto legal no sea una deuda en democracia en el Congreso y la propia pelea dentro de un sindicalismo machista y un feminismo que no se abocó a las deudas laborales con las mujeres. Ahora todos los derechos se vuelven imprescindibles. “No queremos ni un despido más”, levanta su voz, sin necesitar levantar el tono, como bandera. Y sin dejar de acusar de frente: “Nos quieren a la defensiva y de rodillas”.

–¿Cómo se conforma el Comité Asesor del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación?

–El Consejo Asesor se crea con el decreto reglamentario de la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable que se aprueba en el 2002 y se reglamenta en el 2003. Se forma con el movimiento de mujeres, sociedades científicas, médicas y organizaciones internacionales. Yo estoy por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) desde el 2010. Ante las noticias de cambios en el Programa pedí una reunión el 13 de enero y la hicimos el jueves 14 de enero. Llamativamente ese día Clarín tituló que había subido el embarazo adolescente y no salió la información sobre la preocupación por la continuidad de las políticas de salud reproductiva que sí se publicó en Páginal12. Y la gente que no sabe que el embarazo adolescente también tiene que ver con proyectos de vida, con desigualdades y otras variables podía entender que el Programa no había funcionado.

–¿Qué riesgos se corre si se debilita el reparto de anticonceptivos?

–El peligro es que cuando se descontinuaron los anticonceptivos, en un período que estuvo Graciela Ocaña en el Ministerio de Salud, creció la muerte de mujeres por aborto. Es gravísimo que se discontinúen las pastillas.

–¿Cómo fue la reunión con autoridades del Ministerio de Salud?

–Nos preguntaron por qué hubo tanto revuelo con la noticia de que el programa iba a cerrar, discontinuarse o achicarse y estaban sorprendidos con los llamados y cartas que recibieron. Nos contestaron que era una ley y que era una política sanitaria que iba a continuar. Pérez Baliño también dijo que estaba de acuerdo ideológicamente con el programa. Me parece que no es menor porque sabemos que los ataques son ideológicos y podría no haberlo dicho. Y sabemos que hay sectores del PRO que tienen disidencias. Pero las alertas tienen que ver con recortes en el Estado y con sectores anti derechos con posiciones muy conservadoras. Les pudimos decir que estuvimos veinte años para luchar por la ley y diez años más para mejorar el programa. Esto es nuestro y no vamos a dejar que nos hagan retroceder estas políticas en silencio. Ni un paso atrás del movimiento de mujeres y feminista de la Argentina. Ni de los movimientos sociales liderados por las mujeres que, en el 2001, dijeron: “Queremos pan, queremos leche y queremos métodos anticonceptivos”.

–¿Se garantizó la misma inversión, cantidad y calidad de anticonceptivos?

–Ellos dijeron que va a seguir cien por ciento y que garantizaron la total continuidad. Las decisiones que está tomando el gobierno nos pueden hacer dudar. Nosotras dijimos que le tomamos la palabra. Vamos a darle un voto de confianza. Pero no vamos a bajar la guardia.

–¿Se garantizó la fuente laboral para todas las trabajadoras y trabajadores en salud sexual?

–Ellos garantizaron la continuidad del personal y que van a ser parte del Ministerio de Salud las personas contratadas por universidades. El Programa tiene gente contratada por universidades por algunas capacitaciones específicas. Hay que pensar que esto no se aprendía y empezaron a hacerse postgrados. Igual que la promoción comunitaria se hace con organizaciones sociales. Le vamos a dar un tiempo para ver que todas estas cosas pasen.

–¿Por qué no hay todavía una Coordinadora del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable?

–Hasta ahora no, pero ellos dicen que propusieron y que estaba de vacaciones. Y que va a ser una persona con trayectoria en la temática lo cual nos parece bueno. A diferencia de lo que está pasando en otras aéreas en donde están colocando CEO’s empresariales estos funcionarios vienen del área de salud desde el gobierno de (Raúl) Alfonsín y/o son docentes en la UBA. Por lo menos no pusieron al gerente de una prepaga que sería coherente con lo que han hecho. Por eso vamos a esperar. Tenemos una expectativa favorable porque este programa está consolidado y las organizaciones sociales estamos muy alertas que no se retroceda en estas políticas.

–¿No hay riesgo que repartan un kit básico de píldoras anticonceptivas y preservativos y se dejen de entregar la anticoncepción de emergencia o el implante subdérmico?

–Sí. El otro riesgo es que manden anticonceptivos sueltos a una salita y no con una idea de una política integral en salud sexual y reproductiva. El riesgo es que, de a poco, vayan vaciando los otros aspectos de la política sanitaria en salud sexual y que quede debilitado. Las posibilidades de achique están. Antes, el Programa estaba en el Ministerio de Salud en dos oficinitas que no entraban las personas, ahora tiene una oficina propia en otra sede y lo quieren volver a traer al Ministerio. Hay que ver si eso no tiene un trasfondo de achique. Ellos sostuvieron categóricamente que no es así. Le tomamos la palabra.

–El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable contabilizó un piso de 496 Interrupciones Legales del Embarazo (ILE), con un sub registro importante ya que siete provincias no pasaron datos y en tres provincias no anotaron ningún ILE, durante el 2014. ¿Qué va a pasar con los abortos legales de ahora en más?

–Esa fue otra pregunta que hicimos. Pérez Baliño nos dijo que él conocía el tema, que hay un fallo de la Corte, que hay un dictamen internacional contra el Estado argentino –en el caso de L.M.R. por el no cumplimiento de aborto no punible– y que hay un protocolo (“Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”) y que nos van a llamar a una mesa sobre el tema porque no quieren ser estigmatizados con esta temática.

–¿No quieren quedar estigmatizados porque el Ministro de Salud Jorge Lemus tuvo que renunciar al mismo cargo en la Ciudad de Buenos Aires por proponer un protocolo de abortos legales más restrictivo que lo que establece la Corte Suprema de Justicia de la Nación?

–Exactamente. Ellos dicen que su compromiso es cumplir con la ley vigente. Y que en febrero posiblemente se va a hacer una mesa de trabajo sobre el cumplimiento del protocolo de abortos legales y nos parece sumamente importante. Vimos hace poquitos días en La Pampa que una mujer con diez hijos, con riesgos de vida severísimos, tuvo problemas para que cumplan con su derecho. Pero, finalmente, se le interrumpió el embarazo que ponía en riesgo su vida. El último protocolo tiene una mirada amplía de la salud como el completo bienestar psíquico, físico y social. Hay veces que el riesgo es social.

–¿Cómo debe tener la lupa el movimiento de mujeres para que no se retroceda?

–Nosotras tenemos que seguir exigiendo que el Consejo Asesor funcione regularmente, que haya reuniones periódicas, que se siga monitoreando, que sigan articulando políticas con movimientos sociales. Y hay que seguir estando atentas a cualquier alerta que se modifiquen las líneas de trabajo.

–¿Cómo crees que puede afectar a las mujeres los despidos a trabajadoras en líneas de atención a violencia de género, empleadas embarazadas o jefas de hogar?

–La verdad que es grave para las mujeres. (Mauricio) Macri en sus primeros días vino a hacer una contrareforma en la Argentina. Es una contrarrevolución. Él viene a dar vuelta el modelo de acumulación que propuso el kirchnerismo basado en el mercado interno, el pleno empleo, la sustitución de las importaciones y la industria. El macrismo viene, otra vez, a proponer un modelo que pone el centro en el sector financiero, el sector agroexportador y la apertura de la economía. Es muy cruel. (Alfonso) Prat Gay desborda rubiedad: directamente busca dejar gente afuera. Necesitan disciplinar al sector del trabajo con desocupación. Por eso quieren que el desempleo llegue a los dos dígitos. En el mundo actual el desempleo argentino (la última tasa de desempleo medida por el INDEC fue de 5,9 por ciento en el último trimestre del 2015) es casi pleno empleo. El problema que siempre denunciamos en la CTA es la informalidad y la pobreza. Por eso, ahora, la desocupación va a ser más grave para las mujeres. Nos va a afectar directa e indirectamente. Se va a debilitar el Estado para favorecer a las corporaciones de energía y agroexportadoras. Para ellos, somos grasas y sobramos. Este modelo cierra con la gente afuera. Aunque van a poner vendas en las heridas que dejen.

–¿Qué va a pasar con la deuda sobre las políticas de cuidados que recaen mayoritariamente en las espaldas de las mujeres?

–El 75 por ciento de los cuidados sigue dependiendo de las mujeres. La CTA presentó un proyecto en el Congreso para ampliación de las licencias. Pero esta es una revolución conservadora. Solo una dictadura ha derogado leyes por decreto. Y el menemismo tardó cuatro años en tomar las medidas que este gobierno realizó en diez días. No se tomó una sola medida a favor de los sectores populares y del trabajo y nos extorsionan con la represión y con Milagro Sala como presa política en Jujuy también. Nosotras queríamos discutir el horizonte de lo posible y ahora nos quieren de rodillas.