“La deuda es con nosotras y con nosotres”

La iniciativa enviada por el Ejecutivo junto con la propuesta de los 1000 días obtuvo dictamen en el marco del plenario de Comisiones de la Cámara de Diputades. Mañana jueves se debatirá en el recinto en una sesión que se extendería hasta el viernes.

La senadora provincial y dirigenta del Suteba y CTA provincia de Buenos Aires, María Reigada, expresó: “La posibilidad de tener la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es un triunfo de todo lo que ha luchado el movimiento feminista, es un triunfo de muchas organizaciones, políticas, sociales, que han tomado también como propia esta bandera. Es la posibilidad de poder maternar con deseo, de poder garantizar la planificación familiar y estamos muy contentas que este gobierno haya enviado este proyecto desde el Ejecutivo. Ha tomado las definiciones que se fueron construyendo durante muchas etapas para poder formular una ley que nos garantice, desde la mirada de la salud, los abortos que queremos en nuestro país”.

“Además es muy importante que también se esté discutiendo junto con la ley de los 1000 días, que es ampliar en protección para aquellas mujeres, para aquellas personas gestantes, para aquellas familias que deciden maternar y que deciden continuar con su embarazo porque es lo que tenían decidido y deseado. La maternidad tiene que ser deseada, consentida y tenemos que abordarlo desde las políticas de salud, para cuando se quiere interrumpir ese embarazo, y desde las políticas del Estado, para garantizar que todas las madres y todas las personas gestantes tengan las condiciones cuando ese hijo o hija es deseado o deseada”.

En tanto, Agustina Panissa, secretaria general adjunta de ATE Capital y secretaria de Juventud de CTA Capital, señaló: “Nos acercamos a una jornada histórica de la discusión del proyecto de Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y tenemos la posibilidad como sociedad de hacer historia. Como parte del bloque sindical, del movimiento sindical feminista venimos apoyando la lucha por este proyecto de Ley junto con distintas organizaciones sociales y políticas para que no haya más mujeres ni cuerpos gestantes que mueran en la clandestinidad, porque necesitamos un Estado que garantice el aborto, que acompañe a las mujeres en sus decisiones, un Estado que permita decidir a las mujeres y cuerpos gestantes si desean o no maternar y que en una u otra decisión la acompañe garantizando derechos en esta discusión que es de salud pública”.

“A dos años ya de la media sanción del aborto legal, seguro y gratuito nuevamente nos encontramos con la posibilidad de avanzar en esta discusión y que de una vez por todas sea ley para que desde el Estado también se garantice con políticas públicas a las mujeres y cuerpos gestantes que no quieran continuar con sus embarazos y para que este tema que durante muchos años fue tabú, que hoy esté siendo discutido y que sea parte de la agenda pública y política es gracias a la lucha de muchas que estuvieron antes que nosotras y muchas que nos estamos organizando hace varios años. Para nosotros y nosotras la jornada que se acerca es de lucha y de alegría, para volver a encontrarnos en la calle, para avanzar en el aborto legal, seguro y gratuito, así que esperamos que sea ley”.

Roxana ’Polaca’ Rogalski, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de Ctera, manifestó: “Un diciembre histórico. Se inicia en este mes de diciembre lo que tantas veces, a través de los años, décadas, la Ctera viene ratificando, el compromiso histórico del apoyo a la urgente sanción de la ley del aborto legal, seguro y gratuito, a través de nuestro sistema público de salud, que en conjunto con las políticas pertinentes para proveer por un lado Educación Sexual Integral, y por el otro brindar acceso a los recursos de anticoncepción, otorgan una inmejorable base de legitimidad para aprobación de esta norma. Por lo tanto apoyamos desde ya la decisión del Poder Ejecutivo que por primera vez asume la iniciativa de tomar posición e impulsar en el Parlamento un proyecto de la IVE en el marco de las diversas organizaciones del amplio abanico nucleado en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito”.

“Junto con este proyecto de la IVE, que creemos va a saldar una deuda de la democracia con los Derechos Humanos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, además está la propuesta de ley para asegurar la atención integral de salud y bienestar de las personas que deciden llevar adelante un embarazo y además de nuestras niñeces tempranas, el Proyecto de los 1000 días representa un complemento que es absolutamente necesario para una política de Estado que quiera apuntar a asegurar el derecho a decidir”.

“Por eso creemos que estamos en un momento histórico, donde vemos que se incluye a la Educación Sexual Integral, un momento en el cual el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, la implementación de la Ley Micaela, en todo el país, permiten en este marco dar un salto cualitativo de calidad en el derecho a la salud, en el derecho a la no discriminación, a la igualdad para las personas gestantes y las mujeres y también es un tema de justicia social”.

“En este sentido, nosotras, nosotros, nosotres, como Ctera, creemos que es imperioso terminar con el sufrimiento que impone la clandestinidad y que ambos proyectos presentados por el Poder Ejecutivo constituyen aspectos complementarios de una política pública, centrada en la protección de los Derechos Humanos, por lo tanto estamos todxs trabajando mancomunadamente para que sea ley”.

“Nuevamente en el Congreso para ratificar nuestra postura histórica al apoyo de la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que garantiza salud y derechos a las mujeres gestantes con el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, también por la educación sexual integral, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es Justicia Social. Será ley”, aseguró Mónica Inés Ameneiros, secretaria de Igualdad de Géneros de la Asociación del Personal Aeronáutico.

A su vez, la secretaria de Formación, Investigación, Proyectos y Estadísticas de la CTA y secretaria de Relaciones Internacionales de la Conadu, Yamile Socolovsky, se refirió al acompañamiento de la Ley de IVE por un amplio arco de las mujeres sindicalistas, los movimientos sociales y el feminismo. “Las trabajadoras organizadas en los sindicatos tenemos enormes expectativas que esta vez será ley. Durante muchos años hemos militado para instalar la demanda por el aborto legal, seguro y gratuito. Hemos construido un movimiento de apoyo enorme a nivel social, un movimiento que está en el centro del feminismo popular que hemos construido en estos años donde las sindicalistas hemos tenido y tenemos un protagonismo importante. Hace dos años estuvimos a punto de lograrlo en jornadas que ya pasarán a la historia de nuestro movimiento y de la construcción de la democracia en nuestro país y en este momento creemos que están dadas las condiciones para que el proyecto se apruebe. Celebramos que por primera vez el Poder Ejecutivo, nuestro gobierno, haya presentado un proyecto, que es un muy buen proyecto, que recoge casi en su totalidad el último proyecto elaborado por la Campaña, a la cual también nosotras pertenecemos que hemos acompañado todos estos años, como decía, recoge ese proyecto de la Campaña y además también incorpora no solamente algunos puntos que lograron construir en el momento en que se llevó a debate a Diputados y al Senado en el año 2018, un consenso muy importante, que por lo tanto nos da la expectativa que este proyecto tiene una base de acuerdo que hace viable su aprobación, sino que en esas incorporaciones, se ha tomado mucho cuidado de establecer en la regulación previsiones que son importantes para evitar que cuando una mujer, persona, en situación de gestar requiere un aborto tenga que pasar por una sucesión de violencias, abusos, y pretensiones de tutelar sus decisiones y su vida que son totalmente injustas y que son una de las formas en que se expresa la violencia de género en nuestra sociedad, sobre todo para aquellas mujeres y personas que tienen que afrontar esta situación en condiciones socioeconómicas más desventajosas”.

“Para nosotras este proyecto consolida el reconocimiento de la necesidad de establecer regulaciones muy importantes para evitar esos abusos y para que tengamos una ley que garantice su efectivo cumplimiento. Es muy importante la presentación conjunta con el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, del Proyecto que llamamos de los 1000 días. Proyecto integral de la salud para las embarazadas y les niñes hasta los tres años de edad que garantiza también el acompañamiento del Estado para personas que sí quieren llevar adelante un embarazo. Y como decimos el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Proyecto de los 1000 Días, conforman una unidad que da cuenta del reconocimiento de nuestro derecho a decidir y la responsabilidad del Estado de acompañarnos con las normas que son necesarias y las políticas activas que esas normas requieren”.

“Así que aquí estamos con mucha esperanza, con mucha fuerza, en unidad en el espacio intersindical donde nos reunimos compañeras de todas las organizaciones sindicales, de todas las centrales y de las organizaciones de la economía popular, estamos allí en el acampe en el Congreso esperando poder celebrar este viernes una media sanción favorable para ir rápidamente al Senado y que en este año 2020 sea ley porque es urgente”.

La secretaria nacional de Discapacidad de la CTA de lxs Trabajadorxs, Remigia Cáceres, argumentó: “Tengo muy buenas expectativas, tengo mucha esperanza con respecto a este proyecto de ley. Ojalá que salga porque el Estado tiene que estar presente para todas las mujeres, esas mujeres que no tienen el poder económico que tienen otras, esas mujeres que necesitan dignidad en el trato a sus cuerpos. Esas mujeres que necesitan que el Estado les dé una respuesta donde más y cuando más lo necesitan. Esas mujeres no abortan porque quieren, abortan porque tienen la necesidad de hacerlo, porque algo les ha pasado. No es fácil abortar. Si nos ponemos un poquito en la piel de esas mujeres todo sería muy distinto. Hoy no tendríamos dos plazas (antiderechos y marea verde), tendríamos solo una plaza por y para las mujeres que en situación de pobreza muchas de ellas mueren porque no reciben la asistencia necesaria para el momento del aborto. El Estado tiene muchas deudas con ellas, la sociedad tiene muchas deudas con ellas, porque la sociedad con su dedo acusador las manda directamente a un exilio emocional donde no pueden salir muchas de ellas”.

“Yo realmente no soy partidaria del aborto, pero sí soy partidaria de que las mujeres con o sin discapacidad tengan que elegir sobre su cuerpo. Tienen derecho a elegir qué hacer con su futuro. Nosotrxs no somos quienes vamos a estar en el momento más oscuro de sus vidas, nosotrxs no vamos a estar en el momento en que tengamos que dar sostén económico, nosotrxs no vamos a estar donde ellas más nos necesitan. Por eso ratifico que esa ley tiene que salir para bien de todas las mujeres que siguen muriendo solas en sus hogares después de haberse practicado un aborto clandestino. Ellas no merecen morir de la forma que mueren, porque no tienen plata, porque no saben dónde ir a buscar ayuda o porque el Estado las deja solas. Esta ley tiene que salir por el bien de todas las mujeres y disidencias con o sin discapacidad”.

Foto: Eliana Obregón