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Comunicado de Prensa
La CTA se pronuncia por la continuidad constitucional de Gils Carbó
La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA de los Trabajadores) expresa su preocupación y repudio ante la anunciada remoción de la Procuradora General de la Nación, doctora Alejandra Gils Carbó, por parte del próximo Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri. La versión, que ha sido difundida en casi todos los medios de comunicación y no sólo no ha sido desmentida por ningún vocero del próximo Gobierno sino, al contrario, ha sido confirmada y justificada por algunos allegados al próximo titular del Poder Ejecutivo, hace referencia al dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con fundamento vago y forzado en el supuesto de mal desempeño de funciones, a todas luces inaplicable a una magistrada que ejerce con aplicación y probidad su mandato constitucional.
El Ministerio Público es un “órgano independiente”, que tiene por función defender, ante la justicia, “la legalidad” y “los intereses generales de la sociedad”, no los de un gobernante ocasional. El Sr. Presidente electo no debería ignorar que NO PUEDE, bajo sanción de nulidad insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Sólo cuando existan “circunstancias excepcionales” que “imposibiliten seguir el procedimiento legislativo ordinario” la Constitución habilita el recurso a los “DNU” que, al margen de mayorías parlamentarias circunstanciales y otros aspectos formales, el dictado de dicho instrumento debe estar originado en causas vinculadas al bienestar general como son las que requieren el dictado de una ley. Su uso no puede estar dirigido a “descabezar” el Poder Judicial o a un organismo equiparable como es el Ministerio Público Fiscal, por cuanto ello resquebrajaría la república, al confundir con subordinados a los órganos destinados a ejercer el control sobre el poder y de ese modo asegurar a los ciudadanos el goce de los derechos y garantías.
La persecución política a funcionarios independientes y con estabilidad garantizada por la Constitución y la ley pone en grave peligro a la democracia, por la que nuestra sociedad pagó un altísimo y doloroso precio, y en casos como el que motiva esta advertencia tiñe de incertidumbre el camino de los procesos de verdad y justicia iniciado en 2003.
De concretarse tal avasallamiento, consumaría un golpe institucional inadmisible e intolerable contra el cual la CTA de los Trabajadores reaccionará desplegando sus herramientas de lucha.
Carlos Girotti
Secretario de Comunicación
Hugo Yasky
Secretario General
