La movilización federal que pide la renuncia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo su jornada en la provincia del Chaco. En las ciudades de Resistencia, Sáenz Peña y Villa Anagela realizaron la lectura del documento nacional unificando la voz de los múltiples reclamos de la justicia.
“El pueblo se moviliza porque ha decidido luchar para democratizar la Justicia, para terminar con esa élite para unos pocos, con la corporación judicial inamovible y colmada de privilegios” se alzaba la voz en el texto.
El texto también refleja la discrecionalidad de la Corte para dilatar los juicios por el terrorismo de estado. “Simplemente sentándose sobre los expedientes y demorándolos por años, indefinida e injustificadamente, hasta que se mueren o son declarados inhábiles mentales. Y es así como sus víctimas y familiares no logran alcanzar la justicia por la que tanto bregaron por más de 45 años”, ejemplo emblemático el caso Blaquier.
La persecución y la falta de acceso a la justicia de las trabajadoras y trabajadores: “con el eufemismo de la seguridad jurídica para estimular las inversiones han propiciado avasallar derechos laborales conquistados en años de luchas y sacrificios de los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones sindicales. Esta Corte convalidó la destrucción de la protección laboral en aquel entorno de privatización de las empresas del Estado", es responsable por acción o por omisión de la salvaje persecución sindical que se vivió a través de intervenciones ilegales a los sindicatos, armado de causas a dirigentes gremiales, persecución a jueces del fuero laboral, denigración a abogades defensores de derechos humanos, con los que convalidó y aseguró ese avasallamiento de derechos”, denuncian.
Se expuso el abuso de la facultad que otorga el artículo 280 que es la posibilidad de rechazar expedientes sin siquiera fundamentar. Estuvo presente la situación de las personas presas por causas políticas referenciadas en la situación de Milagro Sala quien hace más de dos años espera una apelación y que podría resolverse en favor de su libertad.
Cierran el documento, enumerando cuál tendría que ser el perfil de la Corte. Dicen que debe ser una Corte amplia, democrática. Con integrantes que provengan de su pueblo, no de las élites. Que hayan participado activamente en tareas sociales. Que respete la paridad de género, que incluya pueblos originarios y diversidades. Que la perspectiva de género sea una política efectiva y no cartón pintado. Con mirada federal, alejada de la dominación colonial y defensora a ultranza de la soberanía nacional. Que cumpla con los Tratados Internacionales. Que haga honor a la reconocida lucha por el respeto a los Derechos Humanos que caracteriza a nuestro país con su historial de juicio y castigo a los genocidas sostenida por tantos organismos de Derechos Humanos que hoy están aquí presentes.
"(...) promoviendo la igualdad, permeabilizándolo. Queremos una Corte que pague el impuesto a las ganancias. Sin ningún privilegio. Capaz de refundar el Poder Judicial, de sacarlo de los sótanos, democratizándolo, transparentándolo, incorporando la perspectiva de derechos humanos, de género y no discriminación. Una Corte subordinada al control soberano del pueblo…”.
En el Chaco adhirieron más de 60 organizaciones y al igual que en todo el país se caracterizó por reunir una pluralidad de voces.