Basta de violencia - El gobierno de Milei y el Estado son responsables

La violencia política machista tiene hoy en Argentina una condición especialmente preocupante, porque es ejercida contra algunas personas en función de su militancia y representatividad política, pero también es una característica que define el propio accionar del Estado, a través de quienes asumen actualmente las más altas responsabilidades institucionales. Empezando por el propio presidente de la Nación, cuyas manifestaciones durante la campaña electoral, en sus discursos oficiales, en los foros de la derecha internacional, en entrevistas y en redes sociales, tienen un nivel de violencia y misoginia inaudito y brutal. Su más reciente declaración, que se regodeaba con la imagen de un “entierro del kirchnerismo” con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner dentro de ataúd, es absolutamente inadmisible en el marco de una sociedad democrática. Apela oscuramente a una perversa imaginería mortuoria dirigida contra quien ha sido objeto durante ya muchos años de un persistente hostigamiento mediático y judicial nítidamente centrado en su condición de lideresa del movimiento nacional y popular, y que fuera víctima de un intento de asesinato en el año 2022. El mismo Poder Judicial que por estos días ha ratificado en ausencia de pruebas la condena que pretende proscribir a CFK, se ha ocupado de no investigar la responsabilidad intelectual de aquel atentado, dejando en la sombra a quienes instigaron y financiaron el accionar de los ejecutores materiales, y sus vínculos con quienes forman parte de las primeras líneas del actual gobierno y son, al mismo tiempo, beneficiarios de sus medidas económicas.

Esa misma violencia política del gobierno de La Libertad Avanza está presente en las gravísimas manifestaciones del Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien sostuvo como política oficial el no reconocimiento de aquellas identidades “no alineadas con la biología”. Semejante premisa no sólo resulta un alarde de la ideología retrógrada y autoritaria que pretende imponerse sobre el mandato de las leyes establecidas y las garantías constitucionales, sino que constituye un agravio y una amenaza a las personas cuyos derechos el funcionario tiene la obligación de respetar y hacer respetar. Esa declaración es en sí misma un ejercicio de violencia, que además habilita otras violencias, como el crimen lesboodiante que el 6 de mayo de este año se llevó la vida de Pamela Cobas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y produjo heridas terribles a Sofía Castro, cuatro mujeres que fueron prendidas fuego en un inquilinato de Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires. En sintonía con las declaraciones del ministro de Justicia, la causa contra Justo Barrientos fue caratulada como homicidio y el Juez Rabbone no consideró que se tratara de un femicidio ni un crimen de odio, pese a los numerosos testimonios que dan prueba de ello.

Desde el primer día, el gobierno de Javier Milei ha declarado la guerra al movimiento feminista y a sus conquistas. Al igual que con muchas otras áreas del Estado, la disolución del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad intentó en un primer momento justificarse aduciendo falazmente su ineficacia y la necesidad de adecuar el gasto público al objetivo de alcanzar el superávit fiscal. A la inmediata desjerarquización del área, el despido de personal competente, el desfinanciamiento y la paralización de los programas preexistentes, se suma ahora una serie de acciones que representan algo más que el abandono de las políticas de promoción de la igualdad de género y de abordaje integral de las causas de la violencia machista orientadas a la prevención, protección y reparación de sus efectos sobre las víctimas. Van más allá de la abdicación de la responsabilidad estatal de garantizar a todas las personas el derecho a afirmar libremente su identidad sexo-genérica y a vivir esa elección libres de toda violencia. Estamos asistiendo a una ofensiva conservadora que procura capturar las herramientas de política pública creadas en su momento como respuesta del Estado frente a la demanda democrática del movimiento social, para dirigirlas ahora como instrumentos de manipulación ideológica contra sus objetivos originarios.

Ese es el sentido de una serie de acciones que han acontecido en las últimas semanas, y que tienen como antecedente el intento de reforma de la Ley de los Mil Días y la Ley Micaela que estaba incluido en varios artículos de la primera versión del Proyecto de Ley Bases. Allí se eliminaba toda referencia a la diversidad sexual, ignorando la necesaria coherencia de esa norma con el reconocimiento legal de la identidad de género autopercibida, y se reducía a las “mujeres vulnerables” el beneficio del acompañamiento del Estado, introduciendo un dispositivo estigmatizante y tutelar que, además, suprimía el objetivo de generar condiciones para el ejercicio de la autonomía tanto de esas mujeres como de las niñeces nacidas, a quienes se denominaba con el genérico masculino.

Hace pocos días, el Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Educación, organizó un taller de capacitación para docentes integrantes del Plan Nacional de Educación Sexual Integral (ESI). En la actividad, conducida por el director de la ONG chilena TeenSTAR, de conocidas vinculaciones internacionales con grupos conservadores, se introdujeron recomendaciones carentes de sustento científico o demostradamente falsas, y se reprodujeron prejuicios y dogmas tradicionalistas en el marco de un pretendido fortalecimiento de la ESI basado en la inclusión de la “alfabetización emocional”. Esta actividad forma parte de un plan de capacitación docente que la Ministra Pettovello y el Secretario Torrendell esperan extender a todas las jurisdicciones del sistema educativo.

Pocos días después, la vicepresidenta Victoria Villarruel promovió la realización de un Seminario denominado “Género e identidad: el problema de la sexualización infantil”, en el cual las panelistas desgranaron una retahíla de invectivas contra la Educación Sexual Integral (ESI) que forman parte del arsenal retórico de los grupos anti derechos en todo el mundo. Entre otras cosas, las organizaciones presentes -representadas no casualmente en todos los casos por mujeres- acusaron infundada y prejuiciosamente a la ESI de ser la causa de una serie de padecimientos juveniles que son sintomáticos de un estado de las relaciones sociales que produce sufrimiento y soledad, frente a los que esgrimieron una defensa cerrada de la soberanía de las familias tradicionales para gobernar de manera despótica las vidas de sus integrantes. La reacción conservadora “con mis hijos no te metas” es un decreto de impunidad para los abusos intrafamiliares, y habilita la imposición autoritaria de elecciones y creencias, que desconoce a infancias y adolescencias como subjetividades con derechos. Las personas adultas tienen la responsabilidad de cuidar a sus hijes, pero sus vidas no les pertenecen.

Al parecer, la actual vicepresidenta, que reivindica el accionar del Estado terrorista durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, y que milita para lograr la libertad de los asesinos, violadores, torturadores y ladrones que ejecutaron el genocidio en aquellos años, ha encontrado en su rol actual la posibilidad de convertir su militancia anti-derechos en una política pública. Las declaraciones de Villarruel afirmando que “el que esté a favor de la ideología de género es un degenerado/a, y el que esté a favor de sexualizar a los niños es un pedófilo en potencia”, son especialmente preocupantes cuando nos dice, además, “Nuestro gobierno los va a combatir hasta que no nos quede sangre en el cuerpo”. Milei y sus acólitos han hecho de la metáfora violenta un estilo del discurso político que no podemos naturalizar. Sin embargo, la perversión de las imágenes empleadas por el actual presidente durante la campaña presidencial no parece haber escandalizado a quien lo acompañaba en la fórmula para su candidatura: no hemos escuchado a Victoria Villarruel alarmarse por la mención a los “niños envaselinados” en boca de quien, jactándose de su astucia, decía “estar entre las sábanas” de los distraídos que “miran a la señorita”. Sin embargo, nos invitan a una campaña que promueve la censura de bibliografía de estudio para personas jóvenes y adultas en la Provincia de Buenos Aires, porque encontraron en un par de novelas algún pasaje con alusiones a la sexualidad.

Párrafo aparte merecen los recientes posicionamientos del Estado argentino en los foros internacionales, en los que ha adoptado la decisión de no acompañar algunos compromisos vinculados a la promoción de la igualdad de género y la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Estos posicionamientos provocativos, con los que Milei busca instalarse como referente de la derecha internacional y fanático vocero de su batalla ideológica, nos preocupan sobre todo porque tienen como correlato una política que tiene efectos concretos más allá de las declaraciones, y que no sólo se despliega en el terreno cultural como narrativa contra la lucha por la igualdad de género, contra los derechos humanos, o contra la justicia social. Una política que, sobre todo en lo económico, tiene consecuencias gravísimas en las condiciones de vida de nuestro pueblo, especialmente para las mujeres y diversidades trabajadoras, y para las personas que dependen de sus cuidados.

Y que tendrá, de avanzar el programa de saqueo en el que están empeñados Milei y sus socios, resultados devastadores para la mayoría. El desempleo, el hambre, la pobreza, la falta de un techo o la angustia de perderlo, la imposibilidad de acceder a los recursos necesarios para la atención de la salud física y mental, el encarecimiento del transporte y de servicios básicos como la electricidad y el gas, la ausencia deliberada del Estado allí donde se lo necesita para resolver situaciones críticas, para proteger a las personas y las comunidades, y para garantizar sus derechos, forman parte de esa política de la crueldad, que se desentiende cínicamente de los padecimientos que provoca.

La brutalidad de la estrategia de disciplinamiento social que es consustancial al proyecto de Milei y de los sectores que concentran el poder económico en la Argentina y en el mundo está presente también en la producción planificada de la miseria. Y así como sus seguidores se ofrecen al Presidente como su “brazo armado” para ejecutar esa estrategia en el territorio de las redes sociales, sus funcionarios y legisladores siguen perfeccionando los instrumentos que ponen en manos de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial para reprimir la protesta social, perseguir a las organizaciones y sus militantes, y amedrentar a la ciudadanía. El hostigamiento de las fuerzas de seguridad sobre los grupos de la población que viven en condiciones de mayor precariedad -y que sufren, junto a todos los efectos de la política de empobrecimiento de los sectores populares, el avance del narcotráfico que la misma desregulación financiera favorece- somete especialmente a quienes habitan los barrios populares a una permanente violencia institucional, exacerbada por la impunidad que la política de “mano dura” del Ministerio de Seguridad les garantiza.

Nos quieren convencer de que el sufrimiento es un destino. Pero sabemos que no es así. No vamos a permitir que nos sigan matando. No vamos a permitir que condenen a nuestras infancias al abuso y al silencio. No vamos a permitir que nos impongan su perversidad como regla moral. Y no vamos a abandonar nuestra lucha.

Porque nos mueve el deseo de vivir, libres, desendeudadas y sin hambre, a la crueldad respondemos con más organización y más solidaridad.