Un análisis sobre el Programa de Facilidades Extendidas acordado con el FMI

Las irregularidades de este crédito no solo obedecieron al exceso de lo permitido por la cuota, sino a que ese crédito se utilizó para financiar la fuga de capitales al exterior. Por éstas y otras cuestiones un artículo reciente* plantea que el stand by de 2018 constituye un acto ultra vires y, por lo tanto, debería ser declarado inválido y nulo.

Esto viene a cuento porque sirve de base para arribar a una primera interpretación de la estrategia de negociación que llevó a cabo el Frente de Todos. Dadas las irregularidades del acuerdo stand by el gobierno podría haber optado por una negociación que procure extender los plazos de devolución por encima de los reglamentos vigentes en el FMI y eliminar la sobretasa de interés. Pues bien, todo parece indicar que la estrategia del gobierno se orientó más a conseguir lo segundo que lo primero, y siempre dentro de los cánones institucionales del Fondo.

De allí que el gobierno se concentró en aminorar los condicionamientos (como las reformas estructurales y los niveles del ajuste), y no consiguió ninguna de las dos cuestiones centrales para alcanzar una mayor sostenibilidad de la deuda (es decir, la extensión de los plazos y la reducción del interés).

En la segunda sección se avanza en el análisis del cronograma de desembolsos y devolución del nuevo préstamo que refinancia el anterior. Al respecto resalta la delicada situación externa que se deriva del perfil de vencimientos en moneda extranjera resultante del nuevo programa con el FMI sumado a la restructuración de la deuda con privados de 2020.

Se pospone, así, una delicada situación externa para el período 2027-2032 cuando el total de vencimientos en moneda extranjera se ubican por encima de los 20.000 millones de dólares.

Sin embargo, también existen importantes restricciones de corto plazo para sostener la reactivación económica que el gobierno plantea no afectar. A los vencimientos totales en torno a 7.000-9.000 millones de dólares del período 2022-2024 se le agregan las metas de acumulación de reservas por 15.000 millones de dólares en esos años. Para enfrentar esos compromisos, y en general los requerimientos de divisas de la economía argentina, y lograr las metas de crecimiento del PIB propuestos se estima que las exportaciones deberían promediar los 91.000 millones de dólares en el período 2022-2024, lo que constituye una meta difícil de alcanzar.

En el último apartado se repasan las iniciativas en materia fiscal sosteniendo que desde el punto de vista de la política económica el programa supone la implementación, al menos implícita, de un ajuste fiscal y monetario en el corto plazo.

En ambos casos el análisis se basa en los fundamentos empíricos del programa, que como se mencionó son escasos por lo que se complementan con estimaciones propias que en ocasiones son contradictorias con los supuestos del programa.

Tal es el caso de los subsidios energéticos que en lugar de reducirse 0,6% del PIB por efecto de la segmentación y el incremento tarifario, lo más probable es que aumenten en 0,2 puntos por el incremento de los precios internacionales. Esto pone en tela de juicio el alcance de la meta fiscal establecida en el programa y para alcanzarla deberá no solo recortarse el denominado gasto COVID (vacunas, Fondep-Fogar, Repro II, Pre-viaje, etc.), sino otros gastos corrientes y/o incrementar en una menor proporción que en la propuesta el gasto de capital.

En efecto, desde el punto de vista de los objetivos que se propone el gobierno en el entendimiento con el FMI -esto es, “la continuidad de la recuperación económica” y la “expansión moderada del gasto estatal”- es poco probable que el programa sea exitoso.

(*) Investigador del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO y UNQ y coordinador del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA).