Buenas tardes, señora presidenta: lo primero que quiero decir es que coincido absolutamente con cada palabra, con cada letra, con cada coma y con cada tono de lo que ha expresado el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola.

Intervengo en nombre de los trabajadores y trabajadoras argentinas, nucleadas en ambas CTA, integrantes de la CSA, de la CSI y también en representación de la Internacional de la Educación, para expresar nuestra profunda preocupación por el incumplimiento por parte de la República Argentina de las obligaciones asumidas en virtud de los Convenios 81, 129 y 150 de la OIT.

Nuestra preocupación es aún mayor porque estas cuestiones ya habían sido advertidas en esta misma casa. Hace dos años, durante la discusión del Estudio General sobre los sistemas de administración del trabajo y la aplicación del Convenio 150 y la Recomendación 158, las centrales argentinas denunciamos el inicio de un proceso de degradación institucional, reflejado en la reducción de programas públicos, el debilitamiento de las políticas de empleo, la degradación del Ministerio de Trabajo a Secretaría y los despidos masivos en la administración pública nacional.

En este sentido, y en consonancia con el informe de la Comisión de Expertos sobre el incumplimiento de los artículos 1 b), 4, 7 y 10 del Convenio 150, debemos señalar que se ha incrementado el proceso de reducción del empleo público llevado adelante mediante despidos de personal de planta permanente, no renovación de vínculos y programas de retiros voluntarios que impactaron sobre distintas áreas de la administración nacional, ello sin consulta efectiva con las organizaciones sindicales representativas.

Estas medidas no solo afectaron las condiciones laborales de miles de trabajadores estatales, sino que también debilitaron capacidades institucionales, experiencia técnica y presencia territorial del Estado. La reducción de personal en organismos estratégicos comprometió la administración laboral, el sostenimiento de políticas públicas y el acceso efectivo de la población trabajadora a derechos reconocidos por la legislación nacional y los convenios internacionales.

La crisis del diálogo social constituye otra expresión del incumplimiento del artículo 5 del Convenio 150, como lo señala el informe de los expertos; en ese sentido, las organizaciones sindicales debimos intimar formalmente al Gobierno para que convoque al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, denunciando el incumplimiento de la periodicidad prevista en su propio reglamento. La continua determinación unilateral de incrementos insuficientes por parte del Gobierno y la ausencia de revisiones periódicas constituyen una seria afectación de los principios de consulta, participación y diálogo social consagrados por el Convenio.

Respecto de lo señalado por los expertos sobre el incumplimiento de los Convenios 81 y 129, debe destacarse que ello ocurre en el marco de una reforma laboral que tampoco respetó el diálogo social —y peor aún su reglamentación—, y que debilitó también herramientas históricas de protección promoviendo procesos de desregulación incompatibles con una inspección laboral efectiva, eliminando mecanismos sancionatorios contra el trabajo no registrado y priorizando la regularización voluntaria por sobre el control estatal.

Todo ello ocurre cuando se cierran miles de pymes, hay despidos masivos en el sector privado y en el sector público, hay una caída pronunciada del poder adquisitivo del salario de trabajadores y jubilados, desfinanciamiento de la educación pública, universidades, ciencia, tecnología y salud, y un ataque a las organizaciones sindicales estableciendo multas millonarias cuando un sindicato convoca a una huelga, como pasó con el gremio APA, UTA, La Fraternidad y algunos sindicatos docentes pertenecientes a la CTERA; intervención de sindicatos como el caso de la UOM, persecución a los dirigentes sindicales y represión de la protesta social que casi se lleva la vida del reportero gráfico Pablo Grillo.

Nótese que el resultado de todo lo dicho queda plasmado en el reciente Índice Global de los Derechos de la CSI, en donde se ha registrado a la Argentina como uno de los diez peores países para los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Por eso, y ante la gravedad de la situación, solicitamos a esta Comisión que inste al Gobierno argentino de forma categórica a adoptar medidas urgentes para fortalecer la administración e inspección del trabajo, restablecer el diálogo social y garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de los Convenios 81, 129 y 150 de la OIT.

Señora presidenta, la justicia social no es una aberración como sostiene el presidente de la Argentina; es una condición necesaria para garantizar la paz y el bienestar general, y las centrales sindicales la vamos a defender en esta casa, en las calles, con la huelga y con la lucha en unidad de toda la clase trabajadora.

Muchas gracias.