Más 40 de organizaciones de todo el país que trabajan con personas con discapacidad concentraron frente al Congreso de la Nación en rechazo a los recortes.
Durante el gobierno de Cambiemos denuncian que se cerraron 72 centros y llevan más de 7 meses sin cobrar. Rechazaron el ajuste que el Gobierno aplicó a las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. Asimismo, denunciaron la falta de pago a las obras sociales que garantizan las coberturas asistenciales, el desfinanciamiento de los programas terapéuticos y el pago de sueldos de los transportistas.
En el marco de la multitudinaria concentración frente al Congreso, el miércoles 3 de octubre, Voz del Sur dialogó con algunos manifestantes. “Tenemos un abandono total del Estado”, manifestó la presidenta de la Asociación Civil Unidos por la Alegría, Débora Ferrilli, y agregó: “Es momento de salir todos a la calle y que la sociedad entienda que se están metiendo con los más vulnerables de una manera en que ya no podemos aguantarlo más, no se puede sostener. No es sólo el ajuste al bolsillo, es el ajuste a las necesidades básicas de las personas con discapacidad”.
También se refirió a la inoperancia de Michetti. “Da vergüenza tener una vicepresidenta en esas condiciones y que no nos represente. No representa a nadie, nos miente en la cara. Ni siquiera habla de la temática. Ni siquiera se pone la camiseta del discapacitado como lo tiene que hacer, porque no te habilita la silla de ruedas, sino que llega a su casa y tiene la heladera llena, cosa que no nos estaría pasando a casi ninguno de los argentinos”.
En tanto, el diputado nacional por el FpV-PJ, Leopoldo Moreau, aseguró: “Que se tengan que movilizar, nada más y nada menos, como lo han hecho en la esquina del Congreso, las personas con discapacidad, habla de la perversidad de este modelo. Porque si hay un sector vulnerable en la sociedad, además de los chicos y de los hombres y mujeres de la tercera edad, son las personas con discapacidad. Así que nosotros hemos decidido, y lo decimos a todos los medios con toda claridad: No vamos a votar este presupuesto”.
Por su parte, el diputado nacional por el FpV-PJ, Carlos Castagnetto, dirigió un mensaje al presidente: “Le pido al presidente Macri que de una vez por todas tome un poco de conciencia, tenga sensibilidad y vuelva a darle la pensión a la gente que corresponde y no dé más altas por bajas, sino que la pensión es un derecho y estas personas necesitan las pensiones no sólo para subsistir sino también para tener su obra social”.
La secretaria de Discapacidad de la CTA, Remigia Cáceres, tomó la palabra durante la manifestación frente al Congreso Nacional y brindó el siguiente informe:
“Presidencia de la Nación difundió la contratación de una empresa que ofrece servicios de auditoría y asesoramiento, llamada KPMG Argentina, por la suma de $ 5.849.745, con el objetivo de que analice las más de un millón de pensiones no contributivas entre las que se encuentra las que son por discapacidad que, por la resolución 268/2018 de la Agencia Nacional de Discapacidad, están suspendidas. Según la información que brindó el Ministerio de Desarrollo Social, la empresa se dedicará a estudiar unos 100.000 legajos de pensiones, que ya fueron preseleccionados por esa cartera, con el objetivo de recortar un 10% de las pensiones, que en total son 1.056.504.
Así, el Estado pretende ‘ahorrar’, ajustar en realidad, unos 8 mil millones de pesos tal como lo pide el FMI, que implicará un golpe durísimo para sectores muy vulnerables que además en su gran mayoría dependen de ese ingreso casi exclusivamente para poder sobrevivir, ya que su discapacidad les imposibilita trabajar.
Para dar de baja las pensiones, el macrismo utiliza un decreto menemista, el 432/97, que establece como requisito para cobrar una pensión de este tipo que la persona pueda acreditar un 76% de discapacidad que le impida trabajar y que no sea titular de bienes, entre otras cosas. Por eso la sociedad y las organizaciones denunciamos que el Gobierno "toma como normativa vigente el decreto 432, mientras que la normativa vigente es la de la Convención de Naciones Unidas que establece en su artículo 28 la protección social del Estado a todas las personas con discapacidad, que incluye entre otras cosas vivienda adecuada, vestimenta. Con los $5.000 apenas se mitiga el gasto que el Estado no cubre; la inflación licua esa pensión con los servicios que una persona tiene que pagar para tratar de vivir una vida digna. La política de ajuste sobre ese sector no es nueva. El Gobierno nacional suspendió y dio de baja en los últimos dos años a unas 170.000 pensiones no contributivas, de las cuales 70.000 eran por invalidez o discapacidad. En septiembre de este año, la jueza Adriana Cammarata dictaminó la restitución de todas las pensiones, sin embargo el oficialismo no solo que apeló el fallo, sino que decidió contraatacar poniendo en suspenso unas 100 mil pensiones y estableciendo un plazo de 10 días hábiles para que cada titular del beneficio realice el reclamo ante el Anses.
El proyecto del Presupuesto 2019 que el Gobierno hizo siguiendo las órdenes del FMI, y pretende que se apruebe con la colaboración de un sector del peronismo, establece un duro ajuste de $358.039 millones para las condiciones de vida de amplios sectores de la población, que impactará de manera más brutal sobre los más débiles y vulnerables como es caso de las personas con discapacidad y sus familias.
Hoy para el gobierno la discapacidad se asimila a la ‘vagancia’ y Lanata aduce que las personas con discapacidad van a perder las ‘coronitas’, y así con los medios de comunicación cómplices induce al resto de la sociedad a pensar e incluso se animan a decirlo a viva voz incluso en los espacios de convivencia. Y eso es justamente lo que hace el Gobierno: poner en pie una campaña, de nefastas consecuencias para las personas con discapacidad, cuyo fin es la de desprestigiarlas para quitarles sus mínimos haberes que no llegan a cubrir ni un tercio de los costos que esas personas y sus familia afrontan”.
Las organizaciones que convocaron a la actividad frente al Congreso de la Nación son: MAMIELIS, FUNDACION VILLA ANGELA, MADRES Y PADRES ESPECIALES AUTOCONVOCADOS POR LOS DERECHOS, CTA DE LOS TRABAJADORES, AREA DISCAPACIDAD ATE CAPITAL, OBSERVATORIO INTERNACIONAL POR LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CABA, CONFEDERACIÓN DE JUBILADOS, RETIRADOS, PENSIONADOS Y ADULTOS MAYORES DEL PAÍS, TGD PADRES TEA RED DE NODOS, ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ELECTRODEPENDIENTES, INCLUIME ASOCIACION CIVIL, CENTRO TAPIALES, APPA (ASOCIACION POLIO POS POLIO ARGENTINA), ASOCIACION AFAPPREI (Asociación de familias, personas con discapacidad y prestadores por la inclusión), ATE CONGRESO SECRETARIA DE DISCAPACIDAD, UNIDOS Y ORGANIZADOS, DISKAS (PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PROYECTO NACIONAL Y POPULAR).
Estuvieron presentes los diputados y diputadas LEOPOLDO MOREAU, CARLOS CASTAGNETTO, LUCILA MASÍN, HUGO YASKY, JOSÉ ALBERTO CIAMPINI.
Invitados especiales de la mesa Nacional que pasaron a dar unas palabras de aliento: Beto Pienelli, Lola Berthet, Victorio Paulon; Carlos Monestes, Horacio Batallán, Blacki Falcon de FeTIA, referentes de UTE-CTA; Leonardo Diego Chazarreta del SI.CO.RA.; Horacio Catena, secretario de Organización de la CTA autónoma.
Adhirieron a la marcha la CTA-T, la CTA-A y Observatorios de las provincias de Corrientes, Chubut, Santa Fe, Chaco, Neuquén, Entre Ríos, Mendoza.
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