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Aseguran que la prohibición de los avisos sexuales empeora la situación de este colectivo
Proponen una ley que considere la prostitución como un trabajo
En contraposición a las posturas abolicionistas, una asociación de mujeres pide separar lo que llaman “trabajo sexual” de la trata de personas y el proxenetismo. Reclaman un registro de habilitaciones y carnet profesional.
La clandestinidad es el caldo de cultivo para que existan proxenetas, tratantes de personas y explotadores sexuales de niños y niñas. Así lo entiende AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, vinculada con la CTA), que viene trabajando en una campaña de debate con otros sectores para contar con un instrumento legal que permita regular el trabajo sexual y que contribuya, además, a combatir los delitos vinculados.
El borrador de la ley está en proceso de discusión y revisión con otras organizaciones a raíz de la enorme polémica que genera la idea de considerar a la prostitución como un trabajo.
El punteo de las líneas directrices del proyecto –surgidas del debate de las propias trabajadoras sexuales– propone la prohibición de la explotación del trabajo sexual ajeno, la creación de una Comisión Nacional de la Protección del Trabajo Sexual que fiscalice y controle la actividad autónoma o en cooperativas, la puesta en marcha de un registro de habilitaciones para el trabajo sexual y su correspondiente carnet profesional y la aplicación de aportes previsionales y sociales.
“Si no separamos trata de trabajo sexual, se clandestiniza más nuestro laburo y se lo deja más vulnerable al proxenetismo”, explica Soledad Díaz, titular de AMMAR de la Provincia de Buenos Aires. “Si se deja de publicar avisos en los diarios o se cierran whiskerías da la sensación de que se lucha contra la trata, pero en realidad se empeora la situación: se nos margina más y se debilita el vínculo del sindicato con las chicas, porque no sabemos donde están.”
El colectivo de trabajadoras sexuales afirma que los circuitos de trata no son públicos, sobre todo los que trabajan con menores, que es un servicio para clientes que saben de qué se trata y lo buscan.
“En general no se percibe la diferencia entre explotación y esclavitud. Muchas compañeras son víctimas de la explotación, cuando los proxenetas se quedan con más de la mitad de lo que recaudan. Pero las que trabajan de manera autónoma también son explotadas por las distintas divisiones de la policía que pasan semanalmente a buscar una comisión a cambio de dejarlas trabajar”, dice Georgina Orellano, tesorera de AMMAR Capital.
La posibilidad de que una ley regule estas cuestiones, dicen, es la única oportunidad de escaparse de los múltiples abusos. “Hoy ya no es la policía –dice Díaz–. Viene Toxicomanía, la brigada, cualquiera viene y te extorsiona. Así trabajes sola, en vez de un proxeneta tenés diez.”
¿Solidaridad Cero?
Pero la batalla de las chicas no se agota en la lucha contra los explotadores y extorsionadores. Las trabajadoras sexuales vienen debatiendo desde hace muchos años con otros colectivos que se niegan a aceptar a la prostitución como un trabajo. Campañas como “Sin clientes no hay trata” o “Ninguna mujer nace para puta” hacen eje en la posición históricamente abolicionista de nuestro país en el orden internacional.
Pero el ideal de reducir la prostitución a cero –de inspiración humanista– tiene un costo alto: la clandestinidad y su consecuente vulnerabilización.
“Cuando se habla del aborto, las feministas piden que nadie decida sobre sus cuerpos, cosa con la que yo estoy de acuerdo –explica Díaz–. Pero cuando yo decido trabajar con mis genitales, ellas quieren decidir sobre su cuerpo y el mío. Y me dicen que mi decisión no vale.”
El debate que enfrentan las trabajadoras sexuales recorre la idea de que las mujeres, en general, no deciden voluntariamente ese trabajo. Orellano se impacienta: “Somos unas 80 mil trabajadoras sexuales en todo el país, ¿ninguna decide? O, en todo caso, ¿los cartoneros sí son libres de decidir trabajar de eso?”
Iguales a todos
El borrador del proyecto de ley está siendo sometido a un intenso debate, tanto dentro de la comunidad de las trabajadoras sexuales como con otras organizaciones y colectivos.
En ese contexto, la psicóloga Silvia Guanciarrosa, integrante del equipo del Centro de Salud Sandra Cabrera, afirmó: “Cuando me convocaron a trabajar en apoyo a personas que ejercían la prostitución, portaba una importante ignorancia sobre el tema porque en el ámbito académico no se trata nunca.”
Dicho Centro de Salud (que debe su nombre a la dirigente de AMMAR asesinada en Rosario por denunciar la trata y prostitución infantil) es un espacio de atención de la salud de las trabajadoras y los trabajadores sexuales de la ciudad de La Plata, de manera conjunta entre el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y AMMAR.
“Mi prejuicio era que la mayor demanda iba a ser el padecimiento que les producía el trabajo sexual. Y la sorpresa fue que en seis años nadie consultó por el padecimiento, todas vinieron a consultar cuestiones exactamente iguales a las de otras actividades: amor y desamor, desencuentros, necesidades económicas. Ningún padecimiento extra.” Un diagnóstico a contrapelo de los prejuicios, que se agranda cuando los y las asistentes al debate piden la palabra para pedir asesoramiento sobre cooperativismo y autonomía, palabras mágicas que abren la posibilidad de trabajar con los genitales sin necesidad de caer en las garras de explotadores, cafiolos o supervisores.
Qué se busca con la ley
Crear la Comisión Nacional de la Protección al Trabajo Sexual (CNPTS) con representantes del Ministerio de Trabajo, de Seguridad, de Salud, Desarrollo Social y Organizaciones. Esta comisión deberá velar por el cumplimiento de la ley, asesorar a los poderes ejecutivos, promover la educación sexual y otorgar los certificados establecidos, entre otras tareas. Y la creación del Registro de habilitaciones para el trabajo sexual, que otorga el certificado habilitante para esa tarea. También, se exige a los trabajadores la asistencia a cursos y chequeos médicos instrumentados por la comisión.
Se busca garantizar el acceso libre al trabajo en igualdad de condiciones y a una retribución justa “acordada libremente”. Como objetivo, el proyecto de ley propone terminar con la “estigmatización”, y dispone obligaciones como el pago de impuestos.
Publicado en Tiempo Argentino