El proyecto firmado por Martín Lousteau plantea un reemplazo de la obligación de las y los empleadores de pagar una indemnización en caso de despido sin causa, por el aporte a un Fondo de Cese Laboral que asumiría tal obligación, aunque con una indemnización recortada, ya que se reduce la base de cálculo y se elimina el preaviso.
Se establece un máximo para el aporte patronal del 12% sobre las remuneraciones para el primer año de una relación laboral y del 8% para los subsiguientes. Se trata de un porcentaje significativo, que para las y los empresarios representa un costo igual o mayor al de una indemnización (un mes de salario por año trabajado equivale al 7,7% sobre el salario anual). En un contexto de salarios deprimidos y con una elevada inflación que socava su poder adquisitivo, ¿es posible asegurar que ese costo efectivamente lo asuma la parte empresaria y no las y los trabajadores?
Como atractivo para las y los trabajadores, se vislumbra la posibilidad de percibir una suma de ese Fondo ante situaciones de finalización de un vínculo laboral que no sean el despido sin causa. De todos modos, en relación con este tema la redacción del proyecto es por demás ambigua, sin que se especifiquen dichas situaciones ni cómo se instrumentarían.
Se afirma, a su vez, que la eliminación de la indemnización por despido redundaría en un incremento del empleo. La propia experiencia argentina ha mostrado que la flexibilización del mercado laboral y la reducción de costos laborales no provocan que el empleo se incremente.
Contra las y los trabajadores, esta medida sin dudas implicaría una menor estabilidad en el empleo, ya que el costo disuasorio de un despido desaparecería. Además, la amenaza del desempleo se volvería un recurso más concreto frente a cualquier reclamo. En síntesis, menos estabilidad y mayor disciplinamiento.
Publicado originalmente en: http://www.centrocifra.org.ar/publicacion.php?pid=171