Si bien por un lado la Conferencia del Clima en Marrakech ha avanzado en el debate sobre la transición justa, es preocupante el camino hacia la privatización de los mecanismos de financiación.
La COP22 finalizó el último 18 de noviembre con un gran avance desde la perspectiva sindical, que fue la creación de un grupo de expertos técnicos sobre Diversificación Económica, la a Transformación y Transición Justa en el Trabajo, que tendrá un día de actividad dedicada a cada eje, durante la reunión que se realizará en Bohn (Alemania) de mayo de 2017. Otro punto importante es que, por la primera vez en la historia de la participación sindical en los espacios de la ONU, los sindicatos (por medio de la CSI) fueron citados en un documento oficial. Un gran avance de los/las trabajadores/as que finalmente tuvieron reconocimiento como agentes activos del debate.
Por otro lado, la temprana entrada en vigor del Acuerdo de París, que tal vez no fue prevista por muchos de los negociadores y la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales en EEUU, han aportado elementos adicionales (o excusas) para implantar un clima de incertidumbre para la definición de los temas clave, como el financiamiento, aumento de la ambición para la mitigación del período pre y post 2020, el equilibrio del financiamiento para la adaptación y la mitigación y los compromisos de capitalización de los fondos.
La suma de esos elementos han proporcionado una COP donde muchos de los gobiernos querían sacar de sus espaldas la responsabilidad por la aplicación de las contribuciones nacionales determinadas (CND o NDC, pos sus siglas en inglés) hasta que tengan garantías de financiamiento para sus acciones.
En ese sentido muchos países han defendido abiertamente el protagonismo de la iniciativa privada a través de Alianzas público-privadas principalmente para llegar así a los 100 mil millones de dólares anuales del Fondo Verde para el Clima. Como sabemos, la participación privada en el fondo no se trata de filantropía ambiental, eso a su vez ha desencadenado en un escenario donde el debate sobre la financiación de la naturaleza era uno de los temas más comunes en las actividades paralelas realizadas durante la COP. En otras palabras, significa que la COP también fue una gran feria de negocios.
Frente a esa coyuntura, la CSA defiende que la implementación de las CND deben estar garantizadas por fondos públicos y los países que han contribuido históricamente al cambio climático son principalmente los que deben asumir sus respectivas responsabilidades.
Entendemos también que las CND deben ser inclusivas y democráticas, asegurando una transición justa hacia una economía de bajo carbono, respetando y garantizando el trabajo decente a los/las trabajadores/as y los derechos humanos a las comunidades. Solamente con una amplia participación social, incluyendo los sindicatos, podemos llegar a un modelo eficaz y rápido de desarrollo sustentable.
La Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA) y la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, se presentan como dos frentes concretas de propuestas y acciones llevadas a cabo por la CSA, sus afiliadas, organizaciones fraternas y aliados como respuesta frente a eses desafíos.
Por último, fue positivo e importante saber durante la COP que los países reconocen que una acción urgente es necesaria, pero antes de todo reafirmamos que es necesario garantizar que la urgencia no sea usada para privilegiar los intereses del capital.
Por eso reafirmamos que los países desarrollados (y no la iniciativa privada) deben garantizar a los países en desarrollo los medios para que tengan la posibilidad concreta de acceso a nuevos y mejores empleos, las energías renovables y las nuevas tecnologías. Solamente así será posible alcanzar las metas de los ODS y los objetivos del Acuerdo de París.
En documentos adjuntos de este artículo encontrará una declaración de la Confederación Sindical Internacional respecto de este tema.