UNA OPERACIÓN PARA DISTRAER Y DESVIAR LA ATENCIÓN PÚBLICA ESTÁ CUMPLIENDO SU OBJETIVO

 La quita de pensiones de un millón de PCD es el objetivo real y expresa la vulneración de derechos en su máxima potencia.

Exigimos al gobierno nacional que establezca un tiempo razonable para realizar los trámites y la certificación médica que la carta documento requiere, no estamos en contra de las auditorías, siempre que se les otorgue el tiempo y se facilite el traslado de las PCD para que puedan presentarse en tiempo y forma con todos la documentación y certificados requeridos, además del CMO. Dicho requerimiento no puede negar ni desconocer la situación de discapacidad que fue previamente certificada; ni desconocer los estudios y diagnósticos ya realizados por las juntas médicas.

En caso de considerar que las personas evaluadas son aptas para ocupar un puesto de trabajo real, exigimos que se cumpla con ellas el cupo laboral previsto en la ley N°22.431, en su Art. 8. Que se devuelva de forma inmediata el trabajo a las personas despedidas de los distintos organismos públicos.

Con respecto a la pensión a menores de edad, la misma se relaciona con la manutención y la variedad de tratamientos que necesitan sin los cuales es comprobado que su discapacidad se incrementa con el tiempo o se agrava, ocasionando pérdidas de calidad de vida que afectan la autonomía a futuro.

Dicho esto, ES PRIORITARIO que las PCD sean evaluadas y acompañadas dentro de su distrito, evitando el traslado innecesario de las personas, exponiéndolos a situaciones de maltrato. Las citaciones masivas en un corto período de tiempo suma al caos por la aglomeración que se produce en los hospitales. El corto tiempo dado para realizarse los estudios requeridos sólo puede interpretarse como un ajuste económico, la búsqueda de un recorte en las pensiones por parte del gobierno nacional.
Es llamativo el hecho de que el 80 por ciento de las cartas son dirigidas a las personas de la provincia de Bs As. bajo la excusa que hay irregularidades; como así también recurrir a parámetros totalmente obsoletos, clasificaciones y categorías diagnósticas estigmatizantes sobre la condición de discapacidad de cada sujeto.

Este atropello es un golpe al sistema de Salud Pública, en particular al de la provincia de Bs.As., siendo este un hecho político, que en un año electoral, utiliza a los más vulnerables por pura mezquindad política.

Además es de público conocimiento el alto índice de desocupación sumado a la insensibilidad de los empleadores para otorgar posibilidades en igualdad de oportunidades a las PCD y sus familias para conseguir empleo genuino y digno.

Repudiamos enérgicamente y nos oponemos a los conceptos utilizados por el Gobierno Nacional sobre las personas con discapacidad además de la vulneración de sus derechos.
Ideas y conceptos que pertenecen a un viejo discurso, que son una mirada retrógrada, despectiva y estigmatízate sobre las diferentes caracterizaciones y situaciones de discapacidad.

NO NOS VAN A PRIVAR DE NUESTROS DERECHOS QUE SON FRUTO DE LAS LARGAS LUCHAS Y QUE FUERON OBTENIDAS COLECTIVAMENTE.

Las PCD conocemos nuestra identidad, sabemos de dónde venimos y adonde no queremos volver.

Nada acerca de nosotrxs sin nosotrxs.

REMIGIA CÁCERES
SECRETARIA NACIONAL DISCAPACIDAD CTA-T

COLECTIVO DE DISCAPACIDAD