Aunque se postergó la apertura de sobres de licitación del 90% de la empresa estatal de aguas y cloacas, representantes de la CTA T nacional estuvieron frente al Ministerio de Economía, acompañando y apoyando la denuncia del nuevo intento del gobierno por quitar más derechos y provocar un retroceso inaceptable en la tarea de garantizar el derecho humano al agua y saneamiento, como así también negarse a la expansión de la cobertura del servicio en condiciones de calidad.

La modificación del Marco Regulatorio de Agua y Saneamiento, y el nuevo contrato de concesión vienen a convalidar un retroceso inaceptable y amenazan con retornar a una lógica del mercado, que pretende convertir el agua en una mercancía, como fue el modelo privatista en los años 90.
Hoy, todas las obras de expansión fueron paralizadas por el actual gobierno, que sólo está preocupado por aumentar tarifas para asegurarle una caja rentable a los futuros interesados en la privatización de la empresa.

A partir del programa de ajuste y desguace del estado iniciado por el Gobierno de la Libertad Avanza, se frenó la obra pública en general a nivel nacional y en el caso de las obras de expansión del servicio de Agua y Saneamiento ejecutadas por AySA se paralizaron las obras de grandes proyectos como la expansión del servicio en barrios populares.

Y como parte del plan sistemático de entrega, bajo la actual gestión libertaria se incrementaron las tarifas un 200%, se aprobaron ajustes mensuales sólo para asegurar la operación y mantenimiento del servicio, sin incluir la expansión de obras.

El Gobierno Nacional de la Libertad Avanza vuelve a impulsar privatizaciones de empresas públicas, que lograron recuperarse para la gestión pública a partir de la crisis del 2001. En el anticonstitucional Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, logró incluir un conjunto de empresas públicas, entre estas, AySA.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, impuso sin consulta alguna, modificaciones al Marco Regulatorio que rige a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), contraviniendo los principios por los que no pueden darse de baja derechos ambientales ya consagrados en las normas jurídicas:

• - Se eliminó el Derecho Humano al Agua, con lo cual habilitan los cortes del servicio de agua y cloaca ante dificultades pago.
• - Se flexibilizaron y eliminaron parámetros de control de calidad del agua que permitían garantizar la salud de la población y contar con alertas tempranas de riesgos de posible contaminación, eliminándose -por ejemplo- controles de Cianuros, Nitritos, Floruros y Alcalinidad.

Junto con organizaciones barriales, ambientalistas, y referentes sindicales, la CTA de lxs Trabajadorxs dijo "PRESENTE" y volvió a manifestar con firmeza: el agua es un bien común y un derecho humano de los pueblos. El agua no se vende.

Por eso, no aceptamos la privatización de AySA ni esta sistemática política de vaciamiento del Estado y de renuncia a sus deberes.

Seguimos en la calle, hasta que la justicia social sea un hecho.