Más de 100 indicadores para graficar la desigualdad de género

El gobernador Axel Kicillof, acompañado por la ministra de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual, Estela Díaz; y el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, lanzaron el Sistema de Indicadores con Perspectiva de Género de la provincia de Buenos Aires (SIPG-PBA). De esta forma, el gobierno provincial se propone contar con información sistematizada sobre las inequidades de género vigentes en la sociedad bonaerense. La intención de los funcionarios es abordar de manera transversal la elaboración de políticas públicas dirigidas a subsanar las brechas de género, tal cual se manifestó en la presentación.

La estructura del sistema está dividida en cinco dimensiones, subdivididas a su vez en 23 ejes que recorren, por medio de 116 indicadores, diferentes aristas. El dispositivo debería permitir que queden sobre la mesa las desigualdades de género en el territorio provincial. Toda la información proviene de índices y fuentes oficiales.

Los primeros resultados fueron presentados dimensión por dimensión:

 Dimensión Económica: por medio de 48 indicadores distribuidos en cinco ejes, como la inserción laboral, la brecha salarial, acceso educativo y a recursos económicos, pueden apreciarse las primeras conclusiones. Los datos exhibidos exponen que, entre otras cuestiones, las mujeres realizan el 77 por ciento de las labores domésticas no remuneradas en la provincia de Buenos Aires, existe una brecha superior al 15 por ciento respecto a los hombres en la tasa de actividad y de empleo, y los ingresos de las mujeres ocupadas están más de un 20 por ciento por debajo de los varones.

 Dimensión Toma de Decisiones: a través de siete indicadores divididos en los ejes ‘Participación Política’ y ‘Puestos de Decisión’, expone la subrepresentación de las mujeres en los distintos puestos laborales de la provincia, dónde el ejemplo más claro está en que sólo hay siete intendentas sobre los 135 municipios bonaerenses.

 Dimensión Física: son 32 indicadores agrupados en 9 ejes que miden la capacidad de llevar una vida libre de violencias, tanto en el ámbito público como en el privado, y de tener libertad para decidir sobre el propio cuerpo y la sexualidad. La tasa de femicidios, el acceso a la salud y los factores de riesgo dentro del sistema de salubridad, son algunas de las variables estudiadas. En su lanzamiento, el sistema muestra que entre los años 2015-2019 en la provincia de Buenos Aires se registraron 476 femicidios. En el 70,1% de los casos registrados en 2019, la persona que ejerce la agresión fue la pareja o la ex-pareja.

 Dimensión de Estado: en cuatro ejes se engloban 12 indicadores que remiten a las decisiones que toma el Estado desde sus distintos estamentos para combatir la desigualdad, como ser las legislaciones para el cumplimiento de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI, totalidad de mujeres que toman licencias por cuidados o motivos de género, o la aplicación del cupo trans, entre otros. Uno de los principales indicadores expuestos alude a la aplicación de la Ley Micaela que ya lleva capacitados más de 3200 máximas autoridades del Poder Ejecutivo provincial.

 Dimensión Sociodemográfica: con 17 indicadores divididos en tres ejes, esta dimensión incluye variables acerca de la composición y dinámica demográficas de interés que potencialmente inciden en las brechas de género, como la estructura de la población por sexo y edad, el índice de feminidad, y el rol de jefe/a de hogar según sexo. Entre los principales datos, se destaca que el 50,9 por ciento de la población de la provincia de Buenos Aires son mujeres, y se visualizó una feminización de la vejez dada su mayor longevidad.

El sistema, según lo expuesto por las autoridades, tiene como objetivo constituirse en un partícipe obligatorio de la toma de decisiones dentro de la gestión bonaerense tanto en el poder Ejecutivo como en el Legislativo y Judicial. Desde el ministerio comandado por Estela Díaz aseguraron que el SIPG tiene como premisa “garantizar que la población tenga acceso a información adecuada y pertinente sobre las desigualdades de género” y así, por medio de su centralización y organización, el Estado pueda generar estadísticas que posibiliten elaborar medidas que reduzcan las asimetrías actuales.

La obtención de datos según sexo y, en lo posible, según la identidad de género; la generación de diagnósticos para identificar patrones de discriminación; la producción de indicadores que determinen la magnitud de las desigualdades de género; la provisión de información desagregada territorialmente para la elaboración de políticas públicas; son los ejes conducentes del sistema, argumentaron del ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades Sexuales.

Toda la propuesta está envuelta en un entramado de desafíos. “Su creación implica una revisión exhaustiva de la información producida y el diseño de indicadores nuevos”, explicaron las autoridades. Asimismo, detallaron que “lo que se presenta hoy aquí es una primera instancia de una matriz de datos que crecerá y se actualizará periódicamente”, puesto que la transversalidad de la medida depende de “que se incorporen organismos que aporten nuevos indicadores”. En ese sentido, se espera ampliar el SIPG con indicadores que provengan de nuevas fuentes de información.

La medida surge de la iniciativa del ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades Sexuales que, en marzo de 2021, firmó un convenio con el ministerio de Hacienda y Finanzas para la creación del Sistema de Indicadores con Perspectiva de Género. Asimismo, durante el proceso de elaboración de esta herramienta, otros organismos de la provincia firmaron convenio marco, tales como Provincia Microempresas, la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología y la Dirección General de Cultura y Educación.

El gobierno bonaerense informó que, para obtener los índices, el sistema cuenta con un trabajo de articulación con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Cámara de Senadores, la Secretaría de Políticas Universitarias y la Subsecretaría de Empleo Público.