El Canciller Mayta comparó lo ocurrido en noviembre de 2019 con el Plan Cóndor ejecutado por las dictaduras militares en los años 70, y afirmó que “estamos indignados”.
El gobierno considera de “extrema gravedad” el hecho de que el gobierno de Mauricio Macri haya apoyado con munición letal al régimen de facto de Áñez, y anuncia entrega de documentos a la justicia.
“Vamos a pasar esta información a las autoridades que están llevando la investigación en Fiscalía, en juzgados, porque consideramos esta situación de extrema gravedad y absolutamente inaceptable, porque es una contribución, ha sido una contribución para que se cometan graves violaciones de derechos humanos por un lado, y por otro que se atente contra la soberanía y dignidad nacionales”. Canciller Rogelio Mayta.
El Gobierno calificó como de “extrema gravedad” el hecho denunciado hoy, de que en 2019 el gobierno de Argentina, presidido por Mauricio Macri, haya apoyado al régimen de facto de Jeanine Áñez, con la entrega de munición para armamento letal.
“Hoy estamos indignados porque estamos advirtiendo que la conducta de un gobierno extranjero ha colaborado para concretar graves violaciones de derechos humanos, por un lado, y por otro vemos que la conducta de gente, de personas como el general de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros, que ha estado pregonando estos días su inocencia, no es tal”, declaró en conferencia de prensa el Canciller Rogelio Mayta.
Mayta presentó una carta fechada el 13 de noviembre de 2019, remitida por el entonces Comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia, Gral. Jorge Gonzalo Terceros Lara, al embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García, en la que le agradece el envío de munición letal, 40 mil cartuchos AT 12/7, y gases lacrimógenos.
“La Argentina presidida por Mauricio Macri le dio a las fuerzas militares que reprimieron la protesta social en noviembre del 2019 munición letal; el 13 de noviembre se lo agradecía; el 15 de noviembre de 2019, dos días después, se producía la masacre de Sacaba, y unos días después, el 19 de noviembre, se producía la masacre de Senkata”, y en el intermedio la represión policial, militar de la protesta social, afirmó.
Mayta comparó lo ocurrido durante el gobierno de facto de Áñez con lo sufrido por Latinoamérica en los años 70, cuando las dictaduras militares de la región tenían “un plan represivo estructurado (…) para eliminar a lo que ellos consideraban el enemigo interno”, y tenían medios de “cooperación”. Hubo “alineamiento y cooperación de determinados estados para poder, primero, ayudar a que un proyecto que rompía con el orden constitucional se hiciera con el gobierno de nuestro país, y, segundo, para que se pudiera consolidar en el gobierno, en base a la represión, inclusive con uso de armamento letal”, dijo, tras citar la denuncia anterior de la colaboración entregada en material represivo por parte del gobierno ecuatoriano, presidido entonces por Lenin Moreno.
“Vamos a pasar esta información a las autoridades que están llevando la investigación en Fiscalía, en juzgados, porque consideramos esta situación de extrema gravedad y absolutamente inaceptable, porque es una contribución, ha sido una contribución para que se cometan graves violaciones de derechos humanos por un lado, y por otro que se atente contra la soberanía y dignidad nacionales”, aseveró.