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Causa judicial por proyecto inmobiliario en terrenos del Hospital
Los trabajadores del Borda piden transparencia
Los trabajadores de Talleres Protegidos del Borda se oponen a la construcción de una mega obra macrista en ese hospital. Por eso le exigen equidad y transparencia a la jueza Andrea Dana, que está a cargo de la causa y se dispone a emitir una resolución sobre el amparo, presentado por los propios trabajadores, que frenó la construcción del Centro Cívico en el Borda.
Un comunicado emitido ayer y firmado por Marcelo Frondizi y Ernesto Balviano, secretarios general y adjunto de la Junta Interna de ATE en los Talleres Protegidos, señala que la jueza Andrea Dana, subrogante del Juzgado 11 en lo Contencioso Administrativo Tributario a cargo del amparo de la demanda, decretó la conectividad de la causa del Borda con otras causas presentadas por cuestiones de distinta índole. Los trabajadores además denunciaron que la jueza negó la participación de la Unidad Especial Temática, donde los dirigentes sindicales porteños -estatales y docentes- habían presentado la denuncia que derivó en el amparo que frenó la mega obra macrista.
“Desde nuestra óptica, la conectividad planteada es nula y la jueza Dana toma partido a favor de Macri, estableciéndolo como un Goliat en contra del David que son los pacientes del Hospital Borda”, afirman los trabajadores, que además hacen “un llamado a la Dra. Dana para que reflexione y revea lo decretado. Y a la Cámara II interviniente en la causa, "con todo respeto le solicitamos que sopese con equidad y resuelva con justicia”.
Unificar la causa del Borda con otras dos distintas haría peligrar el amparo que paralizó las obras del proyecto inmobiliario porteño.
“Creemos que los jueces deberán actuar con sabiduría y transparencia para no repetir la conducta de la Cámara II de Tucumán, en el caso Marita Verón”, afirma el texto.
Cabe recordar que en octubre pasado la Jueza Patricia López Vergara había frenado la construcción del Centro Cívico en terrenos del Hospital José T. Borda, al otorgar un amparo a través de la Unidad Especial Histórica Urbana de la Defensoría porteña.
En ese momento, la Magistrada declaró que no podían continuar las obras por tres razones: es Patrimonio Histórico Cultural por Ley del Congreso Nacional; en sus tierras hay importantes yacimientos arqueológicos y no se realizó el estudio de impacto ambiental pertinente, dada la envergadura de la megaobra que quería realizarse.
