Por: Pablo Manzanelli, Mariano Barrera y Mariana González
En su Informe de Coyuntura, CIFRA desmenuza las bases económicas de la derrota de Macri.
Es innegable que el resultado de las elecciones primarias tiene a la recesión económica como una de las principales causas de la debacle oficialista. Las visiones que, en forma previa a la contienda electoral y de sus derivaciones en materia cambiaria, sostenían que la economía había iniciado la fase de reactivación en mayo estaban basadas más en expectativas que en la realidad. En el mejor de los casos, la economía se encontraba en una transitoria desaceleración de la crisis como consecuencia no solo de la elevada expansión del sector agropecuario sino de las políticas electoralistas del gobierno – traslado del aumento de tarifas de los servicios públicos para después de las elecciones, créditos a los beneficiarios de la AUH y jubilados, Ahora 12, etc.–, el impacto transitorio de las negociaciones paritarias y el efecto estadístico de una base de comparación más baja (es decir, a partir de mayo los indicadores se contrastan con meses de crisis de 2018).
La magnitud de la crisis es significativa y por lo tanto insoslayable para el análisis electoral de las PASO: doce meses consecutivos de contracción del PIB entre abril de 2018 y mismo mes de 2019, la destrucción neta de 10.322 empresas solo en 2018 y de 216.948 puestos de trabajo entre mayo de 2018 y el mismo mes de este año, la elevación del nivel de pobreza al 34,4% de la población en el primer trimestre de 2019 (es decir, 4 millones de personas en situación de pobreza más que en el primer trimestre de 2018). Cabe señalar que en mayo de 2019, sin embargo, el nivel de actividad había anotado un crecimiento del 2,6% inter anual. Esto se explica por la reactivación del sector agropecuario, que no solo dejó atrásla sequía del año pasado sino que tuvo una cosecha récord de los principales cultivos, y por menores caídas en otras actividades que aún así siguen siendo significativas. A tal punto es relevante la incidencia del sector agropecuario que, excluyéndolo del cálculo, el nivel de actividad se contrajo 3,5% inter anual en ese mes.
En efecto, la fase recesiva se mantenía en la mayoría de las actividades económicas y los indicadores disponibles de junio confirman esa tendencia: caídas en la industria, la construcción y en diversos indicadores de consumo en un contexto en el que el salario real promedio, a pesar de las negociaciones paritarias, sostenía una contracción en torno al 9% inter anual. Además, las exportaciones, que habían crecido significativamente en mayo, se desaceleraron en junio y la reducción del gasto público alcanzó niveles sin precedentes (-12,8% en el primer semestre de 2019). En ese marco, la devaluación posterior a las PASO no hace otra cosa que consolidar el proceso recesivo y las medidas de ingresos anunciadas por el gobierno constituyen un aliciente aunque insuficiente: su costo fiscal ($ 40.000 millones según información oficial) representa menos del 0,2% del PIB y del 0,3% del consumo privado y, según afirma el gobierno, será financiado con recortes en otras partidas presupuestarias, lo cual reduce en gran medida su potencial efecto económico.
La inestabilidad cambiaria
La estrategia electoral del gobierno en materia económica se sustentó, en gran medida, en mantener la pax cambiaria que logró a partir de abril y que se le esfumó después de las elecciones. Eso le permitía generar mejores expectativas respecto a la crítica situación económica. Para ello contaba con las divisas del agro, el apoyo del FMI que le permitió intervenir en el mercado de cambios, y el sostenimiento tanto de las altas tasas de interés como del congelamiento de la base monetaria. De todos modos, tal como se puso de manifiesto con la corrida post electoral, se trataba de una situación cambiaria de elevada inestabilidad tanto por la posibilidad cierta de que estalle la burbuja financiera basada en las Leliq como por la pesada carga de los vencimientos de la deuda. A esto se sumó la compleja situación internacional donde se consolida la guerra comercial entre las potencias hegemónicas. La valorización financiera que puso en marcha el gobierno de Cambiemos condujo a episodios recurrentes de fuga de capitales. La burbuja de las Leliq constituye una masa de recursos que se valorizan financieramente –las altas tasas de interés aseguran una elevada rentabilidad si el dólar permanece estable– que son pasibles de dolarizarse cuando se agota la burbuja y se inicia la corrida cambiaria. Las Leliq forman parte de la cartera de las entidades financieras pero se apalancan con los depósitos a plazo fijo, lo cual amplía el riesgo potencial de la crisis al sistema bancario.
A esta compleja situación se suman los abultados vencimientos de la deuda que, dadas las dificultades para refinanciar la deuda de corto plazo, tendieron a acumularse en los meses previos a las elecciones de octubre, lo cual eleva las presiones cambiarias. Según las estimaciones del FMI, los vencimientos de capital e intereses ascienden a USD 34.744 millones en lo que resta del año.
A días del resultado de las PASO la estrategia del gobierno es una incógnita. Pero no lo esla pesada herencia que deja en la economía argentina. Hasta el momento el inédito endeudamiento en moneda extranjera (USD 107.525 millones entre diciembre de 2015 y junio de 2019) no generó ni obra pública ni crecimiento económico sino que solo se ocupó de financiar la fuga de capitales y los intereses de la deuda que acumularon USD 106.779 millones en el mismo período. El propio FMI proyecta que los vencimientos de deuda pública para los primeros dos años del próximo gobierno alcanzan a USD 79.552 en 2020 y a USD 84.407 millones en 2021. Se trata, junto a la profunda crisis económica, de una verdadera pesada herencia.