La UNC rechazó la nominación como eméritos de dos docentes acusados de colaborar con la dictadura

Luego de una extensa sesión que duró casi cinco horas, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba rechazó el otorgamiento de las distinciones como profesores eméritos a los abogados José Luis Palazzo y Jorge Edmundo Barbará, acusados de complicidad con la dictadura cívico militar de 1976. En el primer caso, hubo 25 votos negativos y cuatro abstenciones, y respecto de Barbará 34 consiliarios se pronunciaron en contra y se abstuvieron solo tres.

La sesión, que tuvo lugar en forma virtual, fue seguida por un importante número de integrantes de los claustros universitarios a lo largo de su desarrollo. Llamó la atención la ausencia del rector Hugo Juri, teniendo en cuenta que el tema que se trataba había tomado los últimos días un fuerte estado público, no solo entre la comunidad de la UNC sino en la sociedad en general. Presidió entonces la reunión el vicerrector Ramón Pedro Yanzi Ferreyra, ex decano de la Facultad de Derecho.

Durante el desarrollo del debate, quedó en claro que los consiliarios de Derecho -tanto el decano Guillermo Barrera Buteler como la representante de los docentes de esa unidad académica Alicia Morales Lamberti- estaban dispuestos a impedir que el Superior debatiera el contenido de los expedientes que pretendía distinguir a dos activos colaboradores con la dictadura. Así, adjuntaron a las carpetas que contenían las propuestas sendas notas de los dos profesores que querían homenajear, en las cuales ambos renunciaban a la postulación. La carta de Barbará ya había tomado estado público desde el fin de semana pasado y la de Palazzo, redactada en similares términos, fue leída en la sesión.

Con este argumento, ambos consiliarios intentaron devolver los dos expedientes a su facultad de origen ya que –según sostuvieron- la propuesta “se había tornado abstracta” por cuanto las dos personas que se intentaba distinguir habían rechazado la nominación. Con esta explicación, también procuraron que no se votaran las inciativas “ya que no se puede votar por algo que no existe”, adujeron.

Fue muy oportuna entonces la intervención de la decana de la Facultad de Filosofía –Flavia Dezzutto- quien dijo “a mí me parece increíble escuchar de Palazzo que decline una postulación que él ni recibió ni pidió”, sosteniendo -en cambio- que las notas de los profesores aludidos no eran materia de discusión en el Superior “este cuerpo solo debe debatir los expedientes elevados por la Facultad de Derecho”, dijo en alusión a aquellos en los que esa unidad académica reclamaba la distinción.

Seguidamente, Dezzutto pidió la palabra para señalar: “Para la UNC rige el Nunca Más y el deber de Memoria, Verdad y Justicia, no la impunidad político-institucional. En ese marco, tener que escuchar la lectura de la carta de Palazzo, sin asumir que es vergonzoso, me parece un acto extremadamente violento”. La decana continuó afirmando “estamos diciendo Nunca Más, y la UNC tiene una deuda que es la modificación de la normativa sobre los nombramientos de eméritos, y en realidad sobre el ejercicio de todos los cargos institucionales. Hay que honrar a nuestros 30 mil desaparecidos, y –si no podemos cumplir este deber democrático- que la UNC no exista más”. La titular de Filosofía terminó su alocución expresando: “Nunca hemos sido ofendidos de esta manera, teniendo que discutir si distinguimos a quienes sostuvieron las tramas de un Estado que quebró vidas, empujó al exilio y sustrajo niños”.

Mientras avanzaba la sesión, fueron claras las maniobras del vicerrector Yanzi Ferreira para dilatar el tiempo e impedir que se llegara a la votación. Tanto, que en un momento advirtió que la sesión se quedaría sin quorum y propuso que, si los consiliarios no estaban de acuerdo en devolver los expedientes a Derecho, “que se fueran al archivo de la UNC”, cuando a todas luces quedaba claro que lo que quería la mayoría de los representantes de los claustros era votar esas dos nominaciones para dejar en claro el rechazo.

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Para sostener el pedido de votación, habló entonces la decana de la Facultad de Artes, Ana Mohaded. “Nuestra voz es una voz comunitaria, la UNC está en el centro de lo que fue el terrorismo de Estado”, dijo conmovida antes de hablar de su experiencia personal como presa política durante la dictadura y alumna expulsada de la –por entonces- Escuela de Cine. “Es tiempo de que la UNC restaure el daño producido por aquella dictadura” dijo y agregó “no quiero que esto quede como si nada hubiera pasado, tiene que quedar en claro que el Consejo Superior dijo ´No´, eso es distinto a cerrar los expedientes y devolverlos a Derecho”. Esta postura fue apoyada por la decana de Sociales, María Inés Peralta, quien reclamó “el Superior se tiene que expedir, por el estado público que alcanzó este intento de la Facultad de Derecho”. Luego, se refirió a la necesidad de reformar la reglamentación para el otorgamiento de la distinción de eméritos, incorporando como condición de los postulantes no haber participado en dictaduras, en consonancia con el proyecto que presentó su facultad y que ingresó hoy mismo al Consejo Superior.

Con este escenario como fondo, al vicerrector no le quedó más que llamar a la votación, de la cual resultaron los resultados consignados. Algunos decanos del radicalismo y los más cercanos al oficialismo rectoral hicieron todo lo posible para que el máximo órgano de gobierno universitario no debatiera la propuesta, declarando su “abstracción”; y, cuando vieron que no lo lograrían, unos no tuvieron más que rechazar la iniciativa de la Facultad de Derecho –como el propio Yanzi que votó en contra del otorgamiento- y otros se desconectaron discretamente de la sesión sin pedir autorización para retirarse, para no comprometerse con su voto.

Fallido intento

Entre los manejos en los que incurrieron los representantes de Derecho en el Superior, fue lamentable el intento de la consiliaria Morales Lamberti, quien procuró -quizás vislumbrando que estaban en minoría– incluir en el “tándem” de los eméritos de su unidad académica un expediente que reconocía esa categoría al profesor Ernesto Abril, un prestigioso docente de Filosofía del Derecho, con una trayectoria impecable. Fue sólo gracias al esfuerzo de algunos decanos que no se admitiera esa maniobra y se votara separadamente, por lo que fue aceptada la merecida distinción para Abril.