La Pampa - Pedido de reglamentación de Ley de Gestión Integral de Plaguicidas

Lilia López y Liliana Rechimont, secretarias generales de la CTA de las y los Trabajadores y de la CTA Autónoma, firmaron la nota que dice lo siguiente:

Desde las CTA de lxs Trabajadorxs y la CTA Autónoma, sostenemos que debemos abordar la reglamentación de la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas N° 3288, que fue ampliamente debatida durante meses, y finalmente aprobada el 30 de noviembre de 2020. Al efecto fueron convocadas Organizaciones No gubernamentales, organismos técnicos y científicos tanto de orden nacional como provinciales, organizaciones de ruralistas, centrales de trabajadorxs, y particulares. Pocas veces un proyecto de Ley gozó de un debate de tal amplitud y convocatoria, donde tuvieron oportunidad de expresarse todas las voces de la comunidad pampeana.

Como lo expresa el artículo primero, sus objetivos son: proteger la salud humana, la sanidad-calidad animal y vegetal, el ambiente, sus recursos naturales y ecosistemas, la producción agropecuaria y patrimonio de terceros de los daños que pudieran ocasionarse por usos contrarios a lo dispuesto por la mencionada ley.

Además asegura la trazabilidad de aquellos productos que, en el marco de esta ley, puedan generar efectos sobre la salud de las personas y el ambiente, de sus envases y residuos. También mitiga el impacto ambiental que estos productos pudiesen generar.

La presente ley es una herramienta fundamental para los vecinos, que en algunas localidades se han empoderado del contenido de la misma, y esto ha permitido frenar los abusos qué el agro negocio lleva adelante.

Pero en otras partes aún siguen padeciendo de estas actividades irresponsables donde no se respetan la trazabilidad, la distancia, ni tampoco las condiciones meteorológicas para aplicar los diferentes productos fitosanitarios.

A cuatro años de ser sancionada se pretende derogar esta Ley tildándola de burocrática, que busca “criminalizar a los ruralistas” o “atenta contra la propiedad privada”. Ninguno de estos argumentos responde a la realidad, puesto que se trata de una ley protectiva de la salud humana y el ambiente, ampliamente demandada por la comunidad.

Es imperioso contar con la reglamentación de la presente Ley, porque se están vulnerando derechos fundamentales expresados en nuestra Constitución Nacional como lo dicta el artículo 41 de la misma, en el que expresa que todos los habitantes del territorio de la Nación Argentina tenemos derecho a vivir en un ambiente sano.

Estamos convencidos de que debe ser el Estado quien regule, reglamente y controle todas estas actividades para proteger a la población de la provincia de La Pampa. Si no preservamos y garantizamos un ambiente sano para las generaciones presentes, va a ser imposible dejar a las generaciones futuras una herencia digna de una tierra donde poder vivir como ciudadanos.

Exigimos la reglamentación y puesta en marcha de la ley de Gestión Integral de Plaguicidas, con la mirada puesta en la producción y en la salud de la población.
Rechazamos la actitud negativa de las organizaciones del agro, que se oponen al diálogo para consensuar la reglamentación, cuando son convocados.

Invitamos a la sociedad pampeana a conocer y a defender los derechos establecidos en la Ley de Plaguicidas.