Con la firma de su secretario general Rafael Freire Neto, la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas reiteró ante la OIT el rechazo al protocolo antimarchas anunciado por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Compartimos a continuación el texto transcripto y adjuntamos el archivo pdf.
Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas
Montevideo, 21 de diciembre de 2023
Sr. Director General de la OIT
Gilbert F. Houngbo
Estimado Sr. Director
La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), representativa de más de 50 millones de trabajadores/as de la región, con afiliación y presencia en 21 países del continente reitera su más enérgico rechazo a la Resolución núm. 943 del 14 de diciembre de 2023 del Ministerio de Seguridad de la República Argentina y se solidariza y apoya la solicitud de las centrales sindicales del país, CTA Autónoma, CGT y CTA T, para promover la urgente intervención del Director General de la OIT así como la presentación de una denuncia por violaciones al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización, 1948 (núm. 87) ante la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su urgente tratamiento.
La Resolución de referencia crea un “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” que permite que las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales intervengan “frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación” de una manera que vulnera derechos básicos de las personas y las organizaciones gremiales y penaliza severamente la protesta laboral y social.
En opinión de la CSA la falta absoluta de garantías para los Derechos Fundamentales se aprecia no únicamente porque la represión se materializa a través de una mera resolución administrativa, sino porque prescinde de cualquier orden judicial; establece una definición excesivamente amplia de la figura del “impedimento al tránsito”; posibilita la identificación de los/as manifestantes; introduce una burda discriminación por razones de nacionalidad; crea un registro de organizaciones participantes de movilizaciones; y abre el curso a demandas judiciales contra personas y organizaciones para resarcir “los costos operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos”.
Por estas restricciones y prohibiciones al ejercicio de los derechos sociales es que la CSA comparte enteramente lo expresado por las centrales sindicales en su nota a la OIT en el sentido que, como se dice muy fundadamente, la medida del gobierno argentino conculca derechos constitucionales y es incompatible con las normas internacionales del trabajo y los pronunciamientos de los órganos específicos, todo lo cual requiere el llamado de atención sobre los recientes acontecimientos que afectan a los y las trabajadores de la República Argentina y una rápida respuesta en clave de garantías de los Derechos Fundamentales.
Rafael Freire Neto
Secretario General
