Para la CTA, el anuncio del programa Progresar es de una importancia vital. Veníamos reclamando la necesidad de que el segmento de la juventud, donde los índices de desocupación más que triplican a los otros grupos etarios, tuviera una cobertura especial.
El anuncio de la presidenta significa la ratificación de una orientación política: darle al Estado un papel protagónico en la provisión de las condiciones materiales para que los excluidos de la década del ’90 puedan recuperar derechos. En ese sentido, el haber definido a los hijos del desastre económico del neoliberalismo como eje de esas políticas de inclusión constituye además una reparación histórica. En un momento en que el discurso de la derecha pretende criminalizar a los jóvenes, donde distintos sectores que perdieron la brújula plantean salidas del tipo de bajar la edad de imputabilidad, la iniciativa del gobierno nacional marca que el camino es otro, que es proveer las condiciones para que los jóvenes puedan estudiar, prepararse para la inserción laboral y, además, iniciar de esta manera un círculo virtuoso donde la contraprestación educativa es fundamental.
Es una medida que prácticamente no tiene antecedentes, una medida que no existe en otra parte del mundo y revela claramente que este no es un Estado que se declare neutral ni prescindible en materia de distribución de la riqueza, porque asignar estos recursos a la gran cantidad de jóvenes que no estudia y que en muchos casos no trabajan es hacer una elección: el camino de las políticas reparadoras, la inclusión y dejar de lado las políticas que condenan a la juventud por el sólo hecho de ser jóvenes. Creo que es el inicio de un camino, no es el punto de llegada.