La “Tacita de plata que el Ande forjó/ y el Inca llamó/ Jujuy, Jujuy”, se derrite en los fuegos de la represión.
El precandidato presidencial Gerardo Morales, que ya había inaugurado con la prisión de Milagro Sala su laboratorio jujeño del odio, ahora lo amplía a nivel nacional con las imágenes dantescas que se proyectan a través de una cortina de gases y balas para todo el país.
Las fogatas en los piquetes iluminan centenares de siluetas dolientes. Son las mujeres, niños, ancianos, jóvenes y hombres que cubiertos con sus ponchos se le atreven al duro frío de la Quebrada de Humahuaca, la Puna y las Yungas. La noche en las rutas nunca ha presagiado nada bueno para quienes, sin otra arma que su indignación, han decidido enfrentar a la policía brava del gobernador radical.
Quizás presa de un rapto de racionalidad, aunque con toda seguridad fue pura bajeza oportunista, el sátrapa de los salares decidió derogar el decreto por el que había establecido severas penas para quienes osaran hacer uso del derecho constitucional de manifestarse contra las autoridades en pos de sus legítimas reivindicaciones. No fuera cosa que sus verdaderos mandantes, las empresas mineras extranjeras Orocobre Limited, Toyota Tsusho Corporation, Livent, Lithium Americas Corporation y otras, que se llevan el litio de los salares a cambio de una moneda, lo reconvinieran por desatar la repulsa popular.
Pero la derogación del decreto no frenó la protesta. Es que la reforma de la Constitución provincial, obtenida tras el voto unánime de los convencionales del Frente Justicialista y del oficialista Frente Cambia Jujuy, cercena el derecho a la manifestación, limita la libertad de expresión, elimina las elecciones de medio término y, como si todo esto fuera poco, establece la adopción de unas llamadas vías rápidas y expeditivas para que el Estado laude a favor de los titulares registrales de tierras que pertenecen a comunidades originarias.
Nadie en su sano juicio podría creer que semejante régimen draconiano era para asegurar el derecho a la manifestación, tal y como lo aseveró Gerardo Morales en su alocución como presidente de la Convención Constituyente. Por eso es que, lejos de aminorar la protesta, la pueblada contra la reforma se ha extendido, a pesar de la violenta represión y del blindaje informativo que los grandes medios de comunicación le dispensan al carcelero de Milagro. Sin embargo, lo que llama la atención es que cuando faltan apenas días para que se conozcan cuáles han de ser los nombres de todos los precandidatos que concurrirán a la compulsa electoral de agosto, Morales continúe gozando de la impunidad que le concede el silencio inexplicable de la mayoría de sus antagonistas nacionales.
En efecto, salvo las organizaciones sindicales y algunos movimientos sociales que han adoptado medidas de fuerza contra la represión en Jujuy y honrosas excepciones provenientes de espacios culturales, académicos y religiosos verdaderamente comprometidos con los pobres, no se registra aún una reacción potente del arco de partidos democráticos que aspiran a presidir los destinos de la República.
¿Cuál es la razón que explica este silencio que, a la sazón, se emparenta con la aquiescencia explícita de los pretendidos Justicialistas jujeños? ¿Acaso se piense que basta con declaraciones? ¿Se teme a convocar a todo el pueblo de la Nación?
La reforma de la Constitución jujeña, hecha en estos días al paladar de terratenientes y empresas mineras internacionales, es una vuelta de tuerca a la Constitución Nacional de 1994, aquella por medio de la cual, so pretexto de un federalismo más que discutible en términos de soberanía, el Estado argentino le cedió la propiedad del subsuelo a las Provincias y, con ello, abrió las puertas para eventuales ensayos secesionistas. Muy frescos en la memoria del pueblo boliviano están el intento golpista y separatista de 2008 y su reproducción exitosa en 2019, con las masacres en Senkata y Sacaba y el exilio de Evo Morales, Álvaro García Linera, Gabriela Montaño y otros integrantes del gobierno popular, como para que aquí no se tengan en cuenta el poder y los intereses conjugados de grupos económicos regionales y capitales transnacionales. Ni qué hablar si, además de este tipo de sociedad depredadora de las riquezas naturales y la soberanía nacional, se trae a cuento la salvaje sinceridad de la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur del ejército norteamericano, quien manifestó en reiteradas oportunidades la preocupación imperial por el litio argentino.
Es preciso ver en el experimento que lleva a cabo Gerardo Morales la anticipación de un orden social compactado a fuerza de represión y de domesticación de las plataformas políticas que otrora supieron representar genuinos intereses nacionales, populares, democráticos y antimperialistas. Y repárese que el sátrapa de los salares, puesto en la carrera presidencial, dice distanciarse de las propuestas más duras de Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Sin embargo se ve obligado, al igual que su aliado Rodríguez Larreta, a mostrar antes de tiempo las cartas de su inveterada prosapia autoritaria en el afán de traccionar los votos de los sectores ultrarreaccionarios de Juntos por el Cambio.
Esta perspectiva, tan sombría como ominosa, debería ser desde ahora la preocupación explícita e inclaudicable de toda propuesta que aspirara a representar los intereses de las mayorías populares. Las y los políticos con genuina vocación democrática tienen la obligación de tomar el ejemplo de la CTERA, ATE Capital, CONADU, Central de Trabajadores y Trabajadores de Argentina, Corriente Federal de los Trabajadores de la CGT, movimientos sociales, comunidades originarias, organismos de Derechos Humanos y entidades del empresariado PYME.
Para que la invocación democrática no suene a palabra hueca, urge acortar la distancia que media entre la disputa que protagonizan las organizaciones sindicales y territoriales en la base de la sociedad con aquella otra que dan en la superestructura electoral sus pretendidos y afanosos representantes.
Si todavía se cree que la política es la única manera de transformar la realidad es preciso que la campaña electoral se haga allí donde los trabajadores y el pueblo luchan contra la explotación, la opresión de las minorías, el autoritarismo y la entrega del patrimonio nacional. Y ese lugar no es otro que las calles y plazas, el espacio público donde son compelidas a defender sus derechos. De otro modo, el carnavalito siniestro de Gerardo Morales resonará en todo el país con sus erkes, sus charangos y sus bombas.