EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Por un lado, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a toda iniciativa que implique la privatización, concesión o transformación en sociedad anónima de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); y por otra parte, repudiamos las modificaciones legislativas que debilitan la protección de la tierra, los bienes naturales y la soberanía territorial de nuestro país.

En julio 2025 se establece el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°493/2025 emitido por el Poder Ejecutivo Nacional que modifica las condiciones regulatorias del servicio público de agua potable y desagües cloacales prestados por AySA, habilitando el ingreso de capitales privados a la empresa. El DNU 493/2025 establece un nuevo Marco Regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales dentro del área de prestación de la empresa AySA S.A. afectando las condiciones de acceso al agua potable y el saneamiento cloacal de 15 millones de personas. Este DNU introduce una lógica mercantil por sobre otra que entiende el agua como un derecho humano esencial, que a su vez es reconocida por la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, numerosos tratados internacionales, fallos de la Corte Suprema y la Carta Magna Argentina. Habilita el corte del servicio por falta de pago, flexibiliza los controles de calidad del agua alejándose de los parámetros establecidos por la OMS, elimina la obligación de la expansión del servicio dentro del área de prestación e introduce ajustes mensuales de tarifas para garantizar la rentabilidad del servicio.

En mayo de este año el gobierno nacional formalizó una licitación pública nacional e internacional, a través de la Resolución 704/2026, y habilitó el esquema de privatización de AySA que implica una concesión por 30 años con opción de prórroga. Estiman recaudar u$s 500 millones, pero cuyo costo social afectará a 15 millones de personas.

Por otro lado, el Senado de la Nación comenzará el debate para la mal llamada ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” y que no es otra cosa que una ley de extranjerización de la tierra.

Ambas iniciativas forman parte de un mismo plan sistemático: destrucción del Estado y entrega de los bienes comunes que debiera tutelar para su Pueblo. El agua, la tierra y los recursos estratégicos constituyen bienes comunes esenciales para la vida, el desarrollo nacional y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Su protección no puede quedar subordinada a intereses económicos o especulativos apátridas.

Expresamos nuestra profunda preocupación por las iniciativas legislativas que:

 Promueven la privatización o el debilitamiento de empresas públicas estratégicas como AySA, poniendo en riesgo el acceso universal al agua potable y al saneamiento.

 Avanzan sobre derechos vinculados a la vivienda y al acceso a la tierra, debilitando garantías para inquilinos y sectores vulnerables.

 Eliminan o reducen las limitaciones a la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros, poniendo en riesgo la soberanía sobre territorios estratégicos, zonas de frontera, recursos hídricos, minerales y áreas de alto valor ambiental.

 Flexibilizan la normativa de protección ambiental, habilitando cambios en el uso del suelo luego de incendios y favoreciendo intereses inmobiliarios o extractivos por encima de la preservación del ambiente.

 Y, en definitiva, debilitan y anulan la capacidad del Estado para desarrollar políticas públicas orientadas al interés general, restringiendo herramientas fundamentales para garantizar derechos colectivos.

La experiencia histórica demuestra que la privatización de servicios públicos esenciales suele traducirse en aumentos tarifarios, reducción de inversiones sociales, deterioro de la calidad del servicio y pérdida de control democrático sobre recursos estratégicos.

En el mismo sentido, entendemos que la tierra, el agua y el ambiente forman parte del patrimonio colectivo del pueblo argentino y constituyen pilares fundamentales de nuestra soberanía. La preservación de estos bienes requiere un Estado con capacidad de regulación, planificación y control.

Por todo lo expuesto, pedimos a las autoridades nacionales:

1. Rechazar cualquier proyecto que implique la privatización de AySA.

2. Mantener bajo control público la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, garantizando su acceso universal, equitativo y de calidad.

3. Rechazar toda reforma que reduzca la protección de la Ley de Tierras, facilite la extranjerización del territorio nacional o debilite las herramientas de defensa de la soberanía.

4. Preservar las normas de protección ambiental, evitando retrocesos en materia de manejo del fuego, conservación de bosques, humedales y demás ecosistemas estratégicos.

5. Garantizar que toda reforma legislativa fortalezca los derechos sociales, ambientales y territoriales de nuestro pueblo.

Los/las convocamos a seguir construyendo ideas y acciones para defender nuestros bienes comunes y reafirmar que el agua y la tierra no son mercancías y que la soberanía nacional no se negocia.

Nos encontramos el próximo Martes 21 de Julio en la sede de la CTA Autónoma, en Bartolomé Mitre 748, a las 17hs.

¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DE AySA!

¡NO AL RETROCESO EN LA PROTECCIÓN DE LA TIERRA Y LA SOBERANÍA NACIONAL!