El rol que debería cumplir una Comisión por productividad

Hace poco más de una semana, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó un anuncio en relación con las negociaciones colectivas de salarios. En concreto, comunicó la creación de una comisión que se encargaría del monitoreo de los distintos sectores productivos, con el fin de utilizar dicha información para contribuir desde el Gobierno a las negociaciones salariales cuando se encuentren trabadas por falta de acuerdo entre empresarios y trabajadores. Esta comisión estará encabezada por representantes de los ministerios de Industria y de Economía.
Publicado en el diario Mirada al Sur, en la edición del 12/02/2012

Si bien al momento no se cuenta con más información que la mencionada, es interesante plantearse cómo puede ser interpretada la existencia de esta comisión. ¿Se trata de una iniciativa favorable? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de su accionar para los trabajadores? En primer lugar, es preciso destacar la continuidad que ha tenido la negociación colectiva en los últimos años como mecanismo de determinación del nivel salarial. Esta continuidad implica que desde esta base puedan estar pensándose en las formas de mejorar su accionar. En este sentido, construir información, que esté disponible para las partes que negocian, es de por sí un hecho positivo. En general, son los trabajadores quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a los datos sobre productividad y rentabilidad de una empresa o de un sector de actividad en particular; más aún dado que suele existir cierta reticencia del sector empresario a facilitar el acceso a dicha información. Por lo tanto, siempre y cuando esta nueva comisión haga públicos sus estudios y sus datos, habría una mayor información disponible que contribuiría a la negociación. De todos modos, cabe mencionar que, teniendo en cuenta el desarrollo de las próximas paritarias, parece escaso el tiempo restante para que esta comisión tenga oportunidad de realizar los estudios y relevamientos necesarios.

Asimismo, cabe recordar, cumplidos ya cinco años del inicio de la crisis institucional del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la importancia que tiene el contar con información confiable como instrumento necesario para la negociación salarial, en particular para que los trabajadores tengan conocimiento de la evolución del poder adquisitivo de sus remuneraciones.
Volviendo a considerar el funcionamiento de la nueva comisión, es importante plantear que no debería limitarse a la actuación de los ministerios públicos, sino constituirse en un organismo tripartito, en el que también se incluyera la voz y el aporte que puedan realizar tanto los trabajadores como los empresarios de cada sector.

Asimismo, sería deseable que su funcionamiento se vincule con el del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, y que éste último se transforme realmente en un ámbito institucional permanente, de modo que pueda avanzar en el cumplimiento de sus funciones, tales como la definición de una canasta de referencia para la determinación del nivel del salario mínimo, vital y móvil, y la proposición de medidas para incrementar el empleo, optimizar la formación profesional e incrementar la producción y la productividad.

Si la nueva comisión se plantea monitorear la productividad, la rentabilidad empresaria y los salarios, es fundamental que se considere la evolución de estas variables no sólo en el último año sino también en períodos anteriores. Los salarios sufrieron una brutal caída en términos reales en el año 2002, que estuvo en torno del 30%. Desde entonces, los sucesivos aumentos permitieron una recuperación relativa; pero no debe olvidarse que para el conjunto de los ocupados el poder adquisitivo de su ingreso se ubica menos del 5% por sobre el nivel de 2001, previo al estallido de la crisis. Si bien los asalariados registrados lograron aumentos superiores en sus salarios, que ubican sus remuneraciones reales casi 25% por sobre el valor de 2001, el incremento resulta escueto cuando se considera el crecimiento de la economía, la productividad y la rentabilidad en estos años.

En efecto, consideremos por ejemplo la situación del conjunto del sector industrial. En los últimos diez años, es decir entre 2001 y 2011, la productividad del sector creció más del 60% mientras que los salarios reales aumentaron 23%. Dado que el incremento de la productividad resultó muy superior al de los salarios reales, el costo laboral por unidad producida tuvo una caída, que fue superior al 20%. La contrapartida es un incremento en la rentabilidad del sector tomado como conjunto.

La caída del costo laboral unitario resulta aún mayor cuando se toma como referencia el año 1993; en este caso alcanza casi al 37%.
Estos números, en definitiva, permiten ilustrar que el sector empresario ha tenido beneficios incrementados, tanto por las mejoras en la productividad como por el hecho de que los aumentos salariales reales fueron limitados.

Si esta historia no es tenida en cuenta en las futuras negociaciones salariales, significaría consolidar esta situación hacia el futuro. Por el contrario, es preciso considerarla explícitamente, para garantizar que en el mediano plazo se produzca una mejora en la distribución del ingreso en favor de los trabajadores, que revierta el proceso regresivo que tuvo lugar desde la dictadura militar y hasta la crisis de 2002.

Para finalizar, cabe señalar que es importante que esta comisión no evalúe sólo la evolución de los salarios, sino que pueda incorporar también información relativa al empleo no registrado y a las tercerizaciones fraudulentas; de modo que puedan proponerse medidas que mejoren los salarios, las condiciones de contratación y las condiciones de trabajo de aquellos trabajadores en situación más precaria.