El Pacto de Unidad, conformado por organizaciones sociales de todo el país, se declaró hoy en “estado de emergencia y vigilia permanente” ante la posible postergación de las elecciones nacionales del 6 de septiembre, la intención de anular la personería jurídica del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la proscripción del candidato presidencial, Luis Arce Catacora.
En una conferencia de prensa, los principales dirigentes del Pacto de Unidad anunciaron esta determinación luego de evaluar la situación del país y argumentaron su postura en la necesidad urgente de contar con un Gobierno constitucional salido de las urnas para enfrentar la crisis sanitaria, económica, política y social que vive Bolivia, ante la inoperancia e incapacidad de la actual gestión de Jeanine Áñez, a la que la consideran “ilegítima y de facto”.
El ejecutivo de la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia, Henry Nina, fue contundente al advertir que no permitirán atropellos del Gobierno de facto, ni injusticias del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El dirigente pidió actuar al TSE sin presiones y en base a la normativa vigente, para no afectar a la institucionalidad del país.
Echó la responsabilidad al Gobierno de Áñez y al TSE por los conflictos sociales que pudieran darse como consecuencias de alguna mala decisión como la postergación por tercera vez de las elecciones nacionales o la proscripción y anulación del MAS-IPSP de los comicios.
“Si no se lleva adelante las elecciones el 6 de septiembre, el pueblo se movilizará en las calles y será responsable este Gobierno”, afirmó ante los periodistas.
El Pacto de Unidad, la organización más grande de Bolivia, está compuesto por las principales organizaciones matrices nacionales: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesina Indígena Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB-“BS”), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y Concejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), además, de la diversidad de organizaciones afiliadas a estas cinco importantes.
A su turno, la ejecutiva de la Confederación de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas Bartolina Sisa, Segundina Flores, denunció la intención de la derecha, agrupada en el gobierno de facto y los partidos opositores al MAS, de anular la personería del instrumento político del pueblo.
“No podemos permitir que continúe la crisis económica de las familias que están en las calles arriesgando sus vidas”, agregó.
A decir Flores, la estabilidad de Bolivia está en siendo destruida por la incapacidad del Gobierno y “estamos volviendo a ser un país mendigo como en la época neoliberal”.
Asimismo, cuestionó que esta administración interina pretenda endeudar cada vez más al país con créditos de organismos internacionales que condicionan con la devaluación de la moneda boliviana. “Eso no lo podemos permitir, tenemos que luchar por recuperar la estabilidad”.