Denunciamos el abandono estatal de los gobiernos nacional y provincial ante los incendios en Córdoba

Desde la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina denunciamos el abandono estatal de los gobiernos nacional y provincial ante la grave situación de los incendios en Córdoba: cuando el problema no solo es el cambio climático.

La provincia de Córdoba viene padeciendo una situación dramática en torno a los incendios ocurridos en los departamentos del norte, principalmente Punilla, Río Segundo y Río Cuarto. En solo 6 días se quemaron más de 50 mil hectáreas de monte nativo.

Pero la ocurrencia de estos fenómenos no se limita a esta provincia. Por ejemplo, de enero a octubre de 2022 el Servicio Nacional de Manejo del Fuego calculó que más de 560 mil hectáreas de 22 provincias argentinas fueron afectadas por el fuego.

El cambio climático y las condiciones geográficas podrían ser las excusas perfectas para justificar el desastre ecológico de los últimos años: temperaturas elevadas para una incipiente primavera, baja humedad relativa del ambiente, sequía interminable, fuertes ráfagas de viento. Se machaca insistentemente sobre las condiciones climáticas, pero no se habla sobre las responsabilidades políticas y económicas en torno a esta realidad.

El gobierno nacional minimiza las consecuencias inminentes del cambio climático a la vez que recorta los fondos destinados para el Plan de Manejo del Fuego en alrededor del 40 %, generando una precarización tanto para el combate del fuego como para la implementación de mecanismos de prevención de incendios.

Sin embargo, según el Ministerio de Ambiente de la Nación, el 95 % de los incendios son intencionales. ¿Qué intereses subyacen tras esta práctica muchas veces devastadora? La preparación de las áreas para el pastoreo, la obtención de nuevas tierras para el desarrollo agropecuario, las proyecciones inmobiliarias
podrían explicar mucho mejor la destrucción masiva del monte nativo y su biodiversidad, dándonos una perspectiva más acabada de lo que ocurre.

Debemos subrayar que los intereses inmobiliarios, agropecuarios y extractivistas, por parte de capitales privados, no tienen límites tras la sanción del decreto 70/23, y la desregulación del estado en temas ambientales vino a borrar de un plumazo la construcción del andamiaje legal argentino, construido tras largas décadas de trabajo y lucha. Particularmente, en la provincia de Córdoba, se habían establecido áreas catalogadas como “zonas rojas” de conservación de bosques nativos, a través de la ley de ordenamiento territorial, y de esta forma se impedía su uso después de un incendio. Sin embargo, desde hace años se cuestiona la falta de controles por parte del Estado provincial para garantizar esta prohibición.

En el medio, además, la población sufre traslados, desarraigo, enfermedad, pierde su trabajo y su cosecha, los animales mueren.

Esta crisis ambiental exige la intervención del estado nacional y de los estados provinciales, y amerita la declaración de Emergencia Nacional, pero Argentina se quema mientras el presidente Milei, en la ONU, anuncia que no firmará el pacto del futuro 2045 sobre compromisos ambientales.

Secretaría de Ambiente, Cambio climático y Transición justa
CTA-T (Comisión Ejecutiva Nacional)

Foto: Stringer / AFP.