Tal como la conocimos en las últimas cuatro décadas, la democracia no existe más: una cerca de alambre de púas la rodea y cualquier intento de cortar uno de esos hilos blindados pareciera generar una nueva trama más apretada y filosa.
De hecho, la condena que los jueces le preparan el martes próximo a la vicepresidenta de la Nación es parte de esa urdimbre de acero que no sólo procura inhabilitar a la única referencia popular sino que, al mismo tiempo, le pone una barrera al ejercicio pleno del derecho de ciudadanía y, por consiguiente, a la libre expresión de la voluntad democrática del pueblo.
Veamos si no. Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, advirtió que si esa condena fuese la conclusión de la farsa judicial que finalizará la semana próxima, las y los estatales no dudarían en paralizar sus actividades en señal de protesta amparados por la Constitución. Acto seguido, hubo una reacción en cadena de todos los medios hegemónicos quienes, espantados por la manifestación del dirigente estatal, no trepidaron en levantar los mismos argumentos que utilizaran Bernardo Neustadt y Mariano Grondona contra Germán Abdala: ¿desde cuándo los trabajadores se ocupan de cuestiones políticas cuando su única preocupación debiera ser el salario? Trascartón, dos pretendidos “republicanos” arbitraron una denuncia penal por coacción agravada contra nuestro compañero quien, a la sazón, es también secretario general adjunto de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina. Más tarde, y sin solución de continuidad, reputados dirigentes de la gran derecha salieron a la palestra para repudiar a Catalano.
Ambas situaciones, la de Cristina y la de Catalano, ponen de relieve que lo que aquí está en discusión es que la democracia restaurada en 1983 y, por ende, el tipo de Estado y la gobernanza de éste, ya no son funcionales a los intereses de los grandes conglomerados nacionales y extranjeros que se solazan con el cogobierno del FMI y multiplican sus ganancias a instancias de ello. Por eso los jueces y el entero aparato de administración de Justicia imponen al conjunto de la sociedad un creciente recorte de derechos y garantías democráticas. Por eso también el Estado, fundado en la separación de poderes, se muestra inerme frente al avasallamiento de la voluntad popular legítimamente expresada en las urnas. El llamado “partido judicial” es, en verdad, un ejército de ocupación que dispone sus “pelotones de fusilamiento” frente a quien ose oponerse al objetivo de vaciar la democracia, transformar al Estado y regimentar la economía en beneficio de un puñado de grandes empresas y capitales entramados a escala global.
Sin embargo, la larga historia de resistencia frente al autoritarismo, las imposiciones dictatoriales y el mismísimo genocidio constituye, para el campo popular, su mayor reserva. Ante el horizonte de un país endeudado por generaciones, pisoteado en su soberanía y ahogado en la miseria de millones y millones de sus ciudadanas y ciudadanos, se levanta hoy aquella memoria de luchas personificada en la valiente actitud de Cristina y en el grito de alerta de Daniel Catalano.
De modo que, aunque luzcan amenazantes, las alambradas de púas y los ejércitos de ocupación nunca serán definitivamente suficientes para impedir la manifestación de dignidad de todo un pueblo.
(*) Secretario de Enlace Territorial de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina.