El gobierno de Argentina finalmente comenzó la avanzada sobre la modificación de la Ley de Migraciones 25.871 y de nacionalidad 346, mediante un recurso utilizado hasta el abuso, como lo son los DNU (decreto de necesidad y urgencia). Este decreto de la vergüenza modifica regresivamente el paradigma normativo de derechos humanos instaurado en el 2004 y que colocó a la Argentina como política ejemplar de integración de los pueblos.

Este DNU extiende las causas que permiten la detención y expulsión de migrantes en situación irregular; habilita la revisión de todas las radicaciones otorgadas para quienes tienen antecedentes penales o condenas, sin importar el tipo de delito o su situación procesal; modifica los trámites de expulsión para que sean inmediatas, sin control judicial ni una defensa legal adecuada; elimina la unidad familiar y el arraigo como condiciones que evitan la expulsión.

Las Centrales Sindicales de la Argentina rechazamos este DECRETO DE LA VERGÜENZA que solo busca profundizar la estigmatización del migrante y responsabilizar a los migrantes de aquello que es responsabilidad estatal: la política de empleo, la lucha contra el delito, la erradicación del trabajo forzoso y la trata de personas.

Es sintomático que los gobiernos neoliberales busquen exculparse del resultado de sus propias políticas de ajuste, austeridad y promuevan la división del campo popular con discursos xenófobos por parte de los funcionarios y autoridades gubernamentales y reproducido hasta el hartazgo por los medios de comunicación dominantes, con relatos alejados de las cifras reales de la participación de los migrantes en la vida económica, social, cultural e incluso en la participación en actos delictivos. La criminalización de la migración genera un “pánico moral” que permite al gobierno avanzar con sus políticas de exclusión, de violación de derechos fundamentales y desprotege aún más a los migrantes y a toda la clase trabajadora.

Las Centrales Sindicales Argentinas (CGT, CTA T y CTA A) han sido co-partícipes de la creación de un derechos comunitario destinado a la libre circulación de trabajadores/as en el Mercosur en el entendido que si en el mundo de la globalización el capital es libre de circular, no se puede condenar a los trabajadores y sus familias a no buscar mejores oportunidades de vida allí donde se las ofrezcan.

Justicia Social no significa estigmatizar a los migrantes y ponerlos en choque contra la clase trabajadora argentina, sino igualar derechos para impedir que los explotadores espurios y estafadores se aprovechen de las necesidades humanas.

No solo la región, el mundo entero está en crisis humanitaria y no hay manera de salir de ella, sino es mediante la solidaridad entre los seres humanos; los trabajadores y trabajadoras somos solidarios y no permitiremos que avasallen los derechos de nuestros hermanos migrantes.

La Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de los Argentinos (CTA T), y Central de Trabajadores Autónoma (CTA A) rechazamos enérgicamente este Decreto de la Vergüenza que impulsa el gobierno argentino a través de esta Ley y toda la campaña mediática desatada contra los migrantes.

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