El jueves 26 de septiembre se cumplieron 5 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de magisterio de la ciudad de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, México. Sus familiares no han cesado en la búsqueda y “los normalistas” se convirtieron en una causa mundial que desnudó las violaciones a los derechos humanos, las desapariciones forzadas y la tortura en tierra azteca.
Era septiembre de 2014 y un grupo de estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se dirigían en micro a una manifestación en la ciudad de México. Eran futuros docentes de educación básica, que se desempeñan en las comunidades más marginadas de la zona. Luego de la actividad, al regreso fueron atacados por la policía municipal de Iguala. Gracias a una investigación pudo saberse que esa noche tres personas resultaron asesinadas por la policía y que los 43 estudiantes fueron arrestados. Son los 43 desaparecidos. De ellos hasta ahora sólo se pudo encontrar a Alexander Mora Venancio, de 19 años, cuya dentadura fue encontrada en un río a fines de 2014.
En noviembre de ese año la Procuraduría General de la República presentó lo que sería la “versión oficial” del caso, en donde señalan que la policía entregó a los estudiantes a los sicarios de un cártel llamado ’Guerreros Unidos’, quienes los habrían asesinado e incinerados en un basurero de la localidad de Cocula, por lo que sería imposible identificarlos.
Esa "verdad histórica", difundida por el exfiscal general Jesús Murillo Karam durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto fue rebatida por los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes señalaron que la incineración era científicamente imposible. Además, los familiares de los estudiantes también rechazan esta versión y exigen que se continúe con otras líneas de investigación establecidas por el mismo GIEI.
La causa de los 43 estudiantes ha sido una preocupación del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el momento mismo en que asumió en sus funciones, el 1º de diciembre de 2018. "Hoy se constituye la Comisión de la Verdad para castigar los abusos de autoridad, para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa", dijo durante la ceremonia de asunción en el Congreso mexicano. En ese sentido, el presidente mexicano creó una fiscalía especial para el caso y la semana pasada el fiscal general Alejandro Gertz Manero recibió a familiares de los 43, en una reunión en la que López Obrador participó como testigo. Allí Gertz Maneroles advirtió que la investigación iba a empezar casi de cero y que, por el cúmulo de irregularidades, podría configurar un crimen de Estado. Algo que vienen reclamando padres y madres de los estudiantes desde hace cinco años: "Fue el Estado".
El caso destapó las decenas de miles de desapariciones forzadas y la existencia de fosas clandestinas en toda la nación. Qué pasó esa noche, quiénes ordenaron el operativo, por qué los persiguieron, torturaron, secuestaron y, en algunos casos, asesinaron, son las preguntas que los familiares de los 43 normalistas persiguen hace cinco años. Pero tal vez, la pregunta que más duela, la herida más profunda, la que sangra desde México hacia todo el mundo desde 2014 sea ¿dónde están los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa?
Desde la CTA de los Trabajadores seguimos exigiendo aparición con vida de los 43 normalistas.