Ahora es Cristian Ferreyra

Una patota de sicarios irrumpió en la modesta vivienda que la familia Ferreyra posee en la Comunidad San Antonio, a 60 kilómetros de la localidad de Monte Quemado, y asesinó al joven Cristian, dejó muy mal herido de bala a otro joven que lo acompañaba, mientras que un tercero fue brutalmente golpeado. El asesinato se perpetró a sangre fría, con certeros disparos de escopeta, y luego los criminales partieron como si nada. El MOCASE - Vía Campesina identificó a los agresores como Javier y Arturo Juárez, dos individuos al servicio del empresario José Ciccioli, oriundo de Santa Fe, quien compró un campo de 2000 hectáreas en el que, vaya la casualidad, viven 600 campesinos desde hace muchos años. La organización viene denunciando la existencia de una política de amedrentamiento que como antecedentes reconoce la detención arbitraria de Ricardo Cuellar, el atentado a la FM Pajsachama, la quema de ranchos y pertenencias de campesinos. Todo esto al compás del tendido de alambrados y cierre de los caminos vecinales que les impiden a los pobladores del lugar el libre tránsito por las tierras que habitan.

La expansión sojera, que a su paso no trepida en talar montes autóctonos ni en desplazar a la última frontera a economías regionales asentadas en una producción diversificada, tampoco ha dudado en emplear la violencia. Ya son muchos los casos en los que comunidades de pueblos originarios acaban en la mira de esta saña voraz y ahora, con el caso del campesino Cristian Ferreyra, suma otra víctima fatal. El juez penal Alejandro Fringes Sarria, de Monte Quemado, no obstante la cantidad de denuncias formuladas por los campesinos en orden a la sucesión de atropellos que vienen padeciendo, no ha tomado ninguna medida precautoria para impedir que se consumara este asesinato. Es más, el MOCASE - Vía Campesina compromete a la Dirección de Bosques de la provincia toda vez que ha sido la autoridad que permitió el desmonte en las tierras de la Comunidad San Antonio, allanando de este modo el camino para la ejecución de la escalada intimidatoria.

Está claro que hay una cadena de omisiones y complicidades manifiestas que, de modo urgente, debe ser rota. Pero, más allá de esta invocación, la profundización del proyecto iniciado en 2003 -que la enorme mayoría de los ciudadanos ha ratificado como mandato para el próximo período presidencial- vuelve a ser cuestionada y este hecho no puede pasar desapercibido. El asesinato de Cristian, como el de Mariano Ferreyra hace ya más de un año, viene a sumarse a la acción desplegada por estos días para intentar demostrar que la estatización de Aerolíneas Argentinas ha sido un error del gobierno nacional e, incluso, se agrega a la ola de rumores y noticias catastrofistas que procuraron -sin éxito- deslegitimar las políticas oficiales en materia de control del mercado de divisas y de fuga de capitales. Ya la semana pasada, en esta misma columna, se advertía respecto de la sorprendente reaparición de personajes como Alfredo De Angeli en consonancia con la decidida intervención gubernamental para impedir el terrorismo del dólar. Pero la muerte de Cristian Ferreyra es una advertencia de otro tenor: es la prepotencia brutal de quienes no están dispuestos a aceptar que la disputa por el excedente y, en consecuencia, los avances en materia de ensanchamiento de la democracia real que de dicha disputa se derivan, comprometa sus intereses.

Sería un gravísimo error confundir la advertencia criminal con un tema exclusivamente vinculado a un tema policial. Esa advertencia proviene de la razón última de quienes, de un modo u otro, se sienten o se saben partícipes de un poder que está más allá de la voluntad popular. Podrá ese poder mostrarse edulcolorado, en más o en menos, en los artículos editoriales de los grandes medios; podrá, incluso, hacer de cuenta que el gobierno de los banqueros griegos es una realidad que no les compete aunque la envidien como horizonte posible; pero lo que ese poder no puede es impedir que su accionar criminal sea condenado como se merece.

La condena, es preciso decirlo cuantas veces sea necesario, no es patrimonio exclusivo de sus víctimas directas; hoy es una responsabilidad de todo aquel que sepa que el proyecto de país que fue recientemente plebiscitado en las urnas no debe quedar únicamente al cuidado del gobierno nacional. Para cuidarlo y hacerlo avanzar es imprescindible que la voluntad mayoritaria adquiera la envergadura de un bloque popular activo. Aquí comienza a plantearse, en términos históricos concretos, la posibilidad de crear una nueva relación entre los legítimos representantes y los representados. Esta relación, que también en términos históricos entrara en crisis hace una década, hoy tiene la oportunidad de ser recreada, pero no ya en beneficio de los poderosos de siempre sino de quienes fueron sometidos por éstos a lo largo de todo la historia.

El asesinato de Cristian Ferreyra, por ende, es un crimen contra la posibilidad histórica de convertir a la democracia en una relación de poder antitética a la de quienes usufructuaron para sí los principios de la igualdad, la equidad y la soberanía. Debe haber juicio y castigo para los criminales, pero este clamor, aun cuando se consume, no puede quedarse en el umbral de la prisión de los asesinos. Si llegara sólo hasta allí; si se detuviera en la frontera de lo penal, la próxima víctima podrá tener el nombre de democracia. Es verdad que no hay recetas ni manuales para impedir eso, pero este pueblo ya es poseedor de una larga memoria y, como mínimo, es hora de apelar a ella.-

(*) Sociólogo, Conicet. 17 de noviembre de 2011. ARTÍCULO PARA DIARIO BAE