“A Macri no le cabe en la cabeza controlar a sus amigos empresarios”

¿Hugo, cuál es su tarea en la Subsecretaría de Trabajo del GCBA?

Hago asesorías en normativa laboral. En principio fui conciliador del Gobierno de la Ciudad, resolviendo conflictos laborales. Luego pasé como asesor de normativa laboral, con referencia a las inspecciones de trabajo, realizadas a través de las denuncias de los sindicatos y los contribuyentes.

¿De qué pueden ser esas denuncias?

Mi sector era de normativa laboral, pero también incluye seguridad e higiene, trabajo infantil, talleres domiciliaros, obras en construcción. Siempre en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Entonces era un lugar donde un trabajador podía denunciar si estaba ejerciendo sus trabajo en malas condiciones.

Así es. Los trabajadores iban a denunciar trabajo en negro, diferencias salariales o despidos. También hay una asesoría gratuita en la Secretaría. En un momento dado también fui patrocinante de trabajadores que asesorábamos gratuitamente.

-Cuando fue el conflicto en el Borda, trascendió su despido...

 Sí. Allí yo asesoré a los compañeros del Taller 19. Además, soy parte integrante de la Junta Interna de ATE en la Subsecretaría y desde allí hemos denunciado diferentes irregularidades que existen fuera y dentro de la subsecretaría. Por ejemplo, el estado del edificio, que queda en Bartolomé Mitre 575. Decimos que es inviable, por no tener las condiciones para que ahí haya una administración de la envergadura de la Subsecretaría. Se hizo una denuncia a la Defensoría del Pueblo, que vinieron tres veces a constatar esas irregularidades, pero no los dejaron ingresar. La Defensoría del Pueblo, que depende de la Ciudad de Buenos Aires, hizo una demanda por esto, porque es un ente autónomo. Pero hace tiempo que hay una persecución sistemática hacia la Junta Interna de ATE, que está compuesta mayormente por profesionales. Tenemos un equipo técnico con el que analizamos las irregularidades que hay dentro de la Subsecretaría. También las inspecciones que se realizan y que no culminan con éxito, o que se pierden en el camino, quedan cajoneadas o que se pierden sus expedientes “llamativamente”. Todas esas cosas que suceden en la Subsecretaría tienen el correlato nuestro de llevarlo estadísticamente. Tenemos estadísticas de todas las irregularidades que existen y que al Gobierno de la Ciudad le molesta mucho. Hemos hecho muchas denuncias sobre los talleres clandestinos y las obras en construcción que se derrumban y que no han sido bien inspeccionadas. Van 40 obras en construcción que se han venido abajo, que no se ha previsto qué se pueda hacer. La inspección de obra es compleja, porque involucra dos partes: la técnica y la normativa laboral. En muchos casos hemos encontrado trabajadores en negro. Debo dejar en claro que la UOCRA ha hecho muchas denuncias contra el trabajo en negro y ha sido bastante efectivo en el tema. Pero en el tema técnico, van nuestros ingenieros y arquitectos y si detectan irregularidades las ponen en las actas. Eso sería la inspección de obra.

Hace algunos días te hicieron una nota en donde decía que hay una clara intención por parte del Gobierno de la Ciudad de hacer desaparecer esta secretaría, ¿por qué sostiene eso?

Porque hace ya un tiempo que vienen precarizando y tercerizando la Subsecretaría. Quieren que no haya más inspecciones porque entendemos que para ellos es un perjuicio. Pienso que a Macri no le cabe en la cabeza controlar a sus amigos empresarios. Tal es así, que se encontraron algunos talleres clandestinos, de la marca de ropa Awada, de la esposa de Macri. Pareciera que quieren desmantelar a la Subsecretaría de Trabajo, mandando a todo el cuerpo de inspectores a la Agencia Gubernamental de Control. Pero la Agencia Gubernamental de control no tiene competencia para inspecciones del trabajo. La Agencia Gubernamental de Control hace controles de habilitación, de seguridad, higiene y todo ese tipo de anormalidades que puedan haber, pero no de inspecciones de trabajo. No tiene competencia. Por eso decimos que viola la constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 265. la Constitución Nacional y el convenio 81 de la OIT, que habla sobre la inspección de trabajo, que dice que los inspectores de trabajo deben estar centralizados a través de una autoridad administrativa. También viola la ley de Ministerios. No puede ir un Ministerio de Producción a un Ministerio de Justicia, como es el de Montenegro. Es decir, que acá hay todo tipo de violaciones. Además, viola la Ley 23551, de asociaciones profesionales, sobre la tutela sindical. Porque en el traslado había tres delegados de ATE a los que se les cambiaron las condiciones de trabajo. O sea, que hay todo tipo de violaciones y eso es lo que entendió el juez Roberto Gallardo fallando a favor de los trabajadores y de que la inspección de trabajo tiene que seguir estando en la Subsecretaría de Trabajo, como lo dice la Ley 265.

¿Cómo continúa esto?

Esto es un primer gol, pero ellos ya han presentado una apelación. Según tengo entendido, los argumentos son los mismos que los que figuran en la resolución. Entendemos que la Cámara seguirá estando a favor. Si no es así, recurriremos a la Corte. Pero como pasó con el Borda, sabemos que pasan por arriba de toda ley habida y por haber, violando los fallos de la Justicia. Pero con el gobierno de Macri no se sabe lo que puede llegar a pasar y los trabajadores tenemos que estar alertas. En eso estamos. Sin embargo, tenemos que señalar que durante todo este mes no hubo inspecciones del trabajo. Eso quiere decir que se ha dado vía libre al trabajo no registrado y que un trabajador que quiso hacer una denuncia, está totalmente desamparado. Por eso hicimos una denuncia en la OIT al Gobierno de la Ciudad, en referencia a la falta de inspecciones que para nosotros es un hecho de gravedad importante. No sólo el hecho de normativa laboral, sino también las obras en construcción, los talleres clandestinos y el trabajo infantil. Todo lo referido a la inspección de trabajo no se pudo hacer porque ellos no quisieron hacer porque tenían la intención de desmantelarla.