Según diversos estudios, al menos el setenta por ciento de los argentinos descree del Poder Judicial, convirtiéndose en el poder del Estado con mayor desprestigio por parte de nuestra sociedad. El Poder Judicial es el encargado de garantizar el Estado de derecho, resolver los conflictos que se presentan en nuestra comunidad y asegurar la vigencia de derechos. Ningún órgano de gobierno puede funcionar adecuadamente con semejantes niveles de desconfianza ciudadana, más aún cuando nos encontramos ante un poder del Estado que se resiste al cambio, que no tiene su origen en la legitimad que le pueden otorgar las urnas, que carece de instancias de control ciudadano, que es reticente a la rendición de cuentas y que sostiene prácticas corporativas y endogámicas oponiéndose al ingreso democrático.