Estamos transitando un año que será una bisagra. En efecto, 2023 producirá definiciones que marcarán por los próximos años a la sociedad argentina e impactarán en la configuración política de la región.
Estamos frente a una definición que, formalmente, está en manos de nuestro pueblo, en la forma en cómo vote, pero sabemos que eso está matizado porque hay factores de poder tratando de incidir para que esa decisión permita el regreso de un gobierno alineado incondicionalmente con Estados Unidos de Norteamérica y los grupos de poder local. Esos factores básicamente son tres:
Un factor es el aparato de justicia, que hoy cumple la función a través de otros métodos que los militares tuvieron asignada en la década ’70 en toda América Latina. Efectivamente, son otros los métodos, pero el mismo objetivo: desestabilizar a los gobiernos para desarticular los liderazgos del campo popular. Porque cuando hay fuertes liderazgos la democracia se hace intensa, ocupa todos los espacios de disputa y se producen avances como los que vivimos en los gobiernos de Néstor y Cristina. Eso es lo que empezó a desactivar la actuación del Poder Judicial y explica el intento de proscripción política de Cristina Kirchner mediante un juicio escandaloso, con una condena que a lo largo de 1600 páginas no muestra una sola prueba. Se condena a una persona inocente, como ocurrió con Lula en Brasil, en base a conjeturas e indicios. El Juez Baltasar Garzón decía: “Las conjeturas y los indicios son el paso previo a la obtención de la prueba. Si las conjeturas y los indicios no arrojan prueba, es que la persona es inocente, no se puede condenar en nombre de conjeturas e indicios”. Es cambiar toda la lógica del orden jurídico, no de la Argentina, del mundo capitalista que es donde rigen estas leyes.
El otro factor que incide para modelar la subjetividad de nuestro pueblo, con vistas al 2023, está conformado por los grandes medios de comunicación. Operan en el mediano y largo plazo incentivando el discurso del odio y el linchamiento mediático para destruir liderazgos populares, e incentivar a aquellos que están al servicio de un poder permanente que no va a elecciones, pero busca definirlas. El mejor ejemplo de esto es el Grupo Clarín, con más de 270 empresas en todo el país, 22 mil integrantes y manejado como un partido político.
Los trabajadores organizados somos el principal enemigo de ese poder monopólico de la Argentina. Como decía muchas veces Perón, “hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño”. Y el dueño apareció. Cuando se intentó avanzar con el juicio político a la Corte, esos medios hegemónicos rápidamente pusieron en tapa que 500 empresas exigian que no hubiera intromisión en la “independencia” de la Justicia.
Ese es el tercer, y principal, factor de poder que busca condicionar la democracia argentina: las corporaciones económicas y financieras. Su forma de intervención es de una manera brutal, generando inflación y desestabilización económica. Si el acuerdo con el FMI nos condiciona a tener tasas de interés en niveles que son incompatibles con la inversión, y tarifas en niveles incompatibles con el cuidado de la canasta básica, nos encontramos con que estas corporaciones usan ese tipo de condicionamientos como soporte que les posibilita apropiarse cada día más de la renta que se genera en el país. Esto explica que entre 2018 y 2022 se hayan trasladado 87 millones de dólares de los que trabajan a los dueños de grandes empresas. Es más que la deuda récord tomada por Macri con el FMI. Este proceso inflacionario, que incentivan con una permanente remarcación además de permitirles apropiarse de una renta extraordinaria, les permite fragilizar la situación del gobierno. Un gobierno, debemos admitirlo, que fracasó en su intento de avanzar hacia un esquema más justo de distribución de la riqueza. Las cifras de aumento de la pobreza que se conocieron en el jueves así lo demuestran. Es verdad que la economía creció y se crearon más empleos, pero no se logró detener la caída de los ingresos ni resolver el tema de la desigualdad social. Esa es la gran asignatura pendiente de la que debe hacerse cargo el Frente de Todos si quiere tener posibilidad de seguir gobernando la Argentina.
De la otra orilla, los que sueñan con que la Argentina vuelva a tener un gobierno de derecha recargado con Espert y si fuera posible con Milei, tienen como objetivo que esta transferencia de la riqueza de los que menos tienen a los que más tienen se haga irreversible. Por eso para ellos el enemigo somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? El campo popular. Y sobre todo, ese núcleo duro que saben que tienen que destruir constituido por el movimiento sindical.
El 2023 nos pone en esa encrucijada, donde no podemos ser ingenuos ni hacer una interpretación voluntarista de la realidad. El gobierno de los ricos para los ricos que encabezó Macri fue derrotado en tiempo récord principalmente por la resistencia del gobierno popular. Tienen un ajuste de cuentas pendiente con nosotros, con el movimiento peronista, con las organizaciones sindicales. Están sedientos de revanchismo de clase y nos ponen a nosotros en la mira. Lo dicen con todas las letras Patricia Bullrrich, Espert, Macri, Milei y también Larreta. La tormenta que prometen tiene como objetivo arrancar de raíz las conquistas del movimiento obrero. Quieren que Argentina sea una factoría, cuyos bienes naturales, riquezas naturales, el agua, Vaca Muerta, el gas, el litio, sigan el derrotero de enajenación de nuestros recursos que enriquece a los de afuera y empobrece a los de adentro, sino pensamos cómo garantizamos que esas riquezas no terminen en manos de algún grupo económico transnacionalizado y algún socio local.
Frente a ellos desde el Frente de Todos tenemos que construir una fuerza política que enuncie claramente los objetivos que nos proponemos para la próxima etapa del gobierno en el que debe ocupar un lugar central la distribución de la riqueza. Para ellos tenemos que hablar del FMI, los recursos naturales, de los cambios que hay que hacer en la justicia, y del sistema financiero.
Para los que dicen que en las condiciones actuales esto no es posible, el gobierno de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires demuestra que no necesariamente hay que agachar la cabeza frente al poder concentrado. Demuestra que si se gobierna para el pueblo y sin pedirle permiso a los poderosos se puede ganar el derecho a volver a tener su voto.
Hoy la urgencia nos señala la necesidad de que se tomen medidas para recomponer el poder adquisitivo de las familias. Para ello, es importante que las paritarias pongan los salarios por encima de la inflación, pero esto hay que complementarlo con otras decisiones como el aumento de suma fija y de las asignaciones familiares que permita terminar rápidamente con la existencia de asalariados debajo de la línea de pobreza.
En Avellaneda se empezó a gestar un movimiento con la consigna “Cristina Presidenta” que está recorriendo todo el país. Estamos orgullosos de tener alguien que sintetice las demandas y los anhelos del campo popular, con la valentía, el coraje y la lucidez con lo que lo plantea Cristina Kirchner. Hoy eso quedará refrendado en el plenario de la militancia Cristina Presidenta en el Chaco como parte de un camino de construir la posibilidad de que el campo popular abrace una victoria que le abra la puerta a una transformación de este país.