11 de Septiembre de 1973

Es una fecha que parte aguas entre dos proyectos para América Latina. Lo que luego se pudo reconstruir como alternativa popular con los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Lula da Silva, Hugo Chávez, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, Evo Morales, Rafael Correa lo fue después de un cuarto de siglo del primer golpe terrorista de Estado que inició un retroceso en toda la región. La época de los ’70 también tuvo sus gobiernos que emergieron como expresión y esperanza de una nueva oportunidad para una América Latina popular y democrática. Allende, Cámpora, Perón, Velazco Alvarado, Torres significaron un hito en la lucha por una América Latina unida, autónoma y con espíritu de disputa frente al capitalismo monopólico.

Hoy que la derecha agita tanto el concepto de “grieta”, merece recordarse como se puso fin en la década del ’70 a los procesos populares que se habían abierto en el subcontinente. Ese final significó el inicio de una contrarrevolución mundial neoconservadora, que comenzó en el cono sur de nuestro continente con dictaduras que cometieron decenas de millares de fusilamientos y practicaron otras tantas detenciones-desapariciones, protegidas por el establecimiento de regímenes terroristas de Estado.

Los medios de comunicación hegemónicos, que no tenían el mismo despliegue tecnológico que en la actualidad, igual jugaron un papel decisivo en el apoyo a la destitución de la democracia, siendo cómplices de la restauración de la concentración del poder económico de los sectores tradicionales de oligarquías locales. Pero con la novedad adicional de haber abierto el paso a la valorización financiera y la financiarización del capitalismo, que volverían mucho más dependientes a los países de la región.

El diario El Mercurio de Chile titulaba el día posterior al establecimiento de la sangrienta dictadura, mientras se torturaba en estadios de fútbol, se fusilaba y se desaparecían militantes populares, “Junta Militar controla el país” “Hacia la recuperación nacional”. El texto que proseguía decía que “Tanto la opinión pública nacional como extranjera habían llegado a la evidencia de que Chile entraba en un proceso fatal que [podía] llevarlo a la dictadura marxista o a la guerra civil…se abre ahora la perspectiva de la recuperación mediante un intenso y disciplinado esfuerzo que restablezca el hábito del trabajo, normalice las faenas…y reinicie el proceso de capitalización indispensable”…” Con innegable sacrificio y abnegación las Fuerzas Armadas han cumplido un rol de salvaguardia última de la institucionalidad”, y con la hipocresía del periodismo autodenominado serio e independiente afirmaba que “Chile ha vivido al margen de la Constitución”. No estaban equivocados los estudiantes de la izquierda católica que en los días previos al golpe de Pinochet salieron a la calle con carteles que proclamaban “EL MERCURIO MIENTE”.

Salvador Allende y la Unidad Popular llegaron al poder en el año 1970 con poco más del 30% de los votos y en dos años, con el desarrollo de un programa de raigambre popular alcanzaron en las elecciones parlamentarias niveles que superaron con creces el 40 %, afirmándose como primera minoría electoral y en creciente ascenso. Ese programa exponía que los participantes del poder concentrado tenían las siguientes características y conductas: “El grupo de empresarios que controla la economía, la prensa y otros medios de comunicación; el sistema político, y que amenaza al Estado cuando éste insinúa intervenir o se niega a favorecerlos, les cuesta muy caro a todos los chilenos. Para que ellos se dignen seguir “trabajando”, pues sólo ellos pueden darse el lujo de poder trabajar o no, es preciso:

 darles toda clase de ayuda. Los grandes empresarios estrujan al Estado bajo la amenaza que no habrá inversión privada si las ayudas y garantías que piden no se les otorgan;
 permitirles producir lo que ellos quieran con el dinero de todos los chilenos, en lugar de elaborar lo que necesita la gran mayoría del país;
 dejarlos llevarse las ganancias que obtienen a sus cuentas bancarias en el extranjero;
 dejarlos despedir obreros si éstos piden mejores salarios;
 permitirles manipular la distribución de alimentos, acapararlos para provocar escasez y de esta manera subir los precios a fin de continuar enriqueciéndose a costa del pueblo.

En lo propositivo y desarrollo de gobierno, la Unidad Popular tenía como objetivos poner en manos estatales el Comercio Exterior, la gran minería, el sistema financiero y de seguros, las grandes empresas y monopolios de distribución, los grandes monopolios industriales estratégicos o que controlaran servicios estratégicos. Mantener y desarrollar en manos privadas todas las actividades y empresas no concentradas que se desempeñen en las diversas áreas de la economía. Favorecer el nacimiento y promoción de un área mixta de economía estatal-privada, que fomente la articulación entre ambos sectores. La profundización de una reforma agraria, que acabe con el latifundio, la tierra improductiva, priorice la producción cooperativa y garantice la titulización de la propiedad campesina. El método de organización productiva que se pregonaba era que “La política económica del Estado se llevará adelante a través del sistema nacional de planificación económica y de los mecanismos de control, orientación, crédito a la producción, asistencia técnica, política tributaria y de comercio exterior, como asimismo mediante la propia gestión del sector estatal de la economía”.

El golpe de estado en Chile fue precursor de la expansión del patrón político-económico neoliberal. Seguiría luego Argentina como otra experiencia piloto de la lógica que luego se expandió mundialmente como el capitalismo financierizado. Tanto la reprimarización económica, el agravamiento de la restricción externa, la concentración de la riqueza, el estancamiento, la profundización de las fluctuaciones del ciclo económico, el aumento de la desigualdad y la pobreza y el retraso y dependencia tecnológica caracterizaron veinticinco años de agudo retroceso de las economías de América Latina. Chile fue el ejemplo paradigmático de estos rasgos, en él se consolidó una institucionalidad estabilizada del cambio de paradigma. Privatización de la educación y la salud, reforma regresiva del régimen jubilatorio y cambio regresivo de la organización de los trabajadores y la sociedad, hoy Chile vive una de las peores situaciones por la pandemia, que fue precedida por una rebelión popular que duró meses y que resistió la permanente represión por parte de un orden institucional de carácter formal, herencia de las políticas de las décadas de dictadura. Fue Chile el país elogiado por Von Hayek y Milton Friedman. Estos neoliberales como sus discípulos prefieren el liberalismo a la democracia y el autoritarismo de mercado a la participación popular y la planificación económica.

Símil de El Mercurio, en la Argentina el diario La Nación titulaba el día posterior al golpe de Pinochet: “Triunfó la Revolución en Chile y ha muerto Salvador Allende” “Una junta militar se hizo cargo del gobierno para ¨restituir el orden institucional y restablecer la economía nacional¨”. Los liberales, en su forma neo, radicalizaban la intolerancia por la democracia de la voluntad general y coincidían en la concepción que El Mercurio hacía explícita: que la última salvaguarda de la institucionalidad sería la fuerza militar al servicio de la minoría del poder concentrado.

Cuarenta años después

Cuarenta años después, con un papel mucho más organizado, concentrado y tecnológicamente revolucionado, ante las nuevas experiencias de autonomía nacional y justicia social de América Latina, fueron esos medios escritos más sus multiempresas de radio, televisión, cable y redes sociales, las que jugaron un papel determinante en las políticas de lawfare y golpes institucionales para destituir proyectos nacionales, populares y democráticos. En otros casos, contribuyeron al despliegue de políticas de golpe de Estado clásico o crean climas para la intervención imperial directa. Esa concentración del poder mediático no se crea por sí misma sino como resultado de la oligopolización creciente de la economía, producto de la mercantilización completa establecida por el neoliberalismo con su privatización y predominio de las finanzas en el carácter del capitalismo mundial que sometió a las economías de América Latina a un endeudamiento creciente que trabó su desarrollo. Los modelos de liberalización de los mercados financieros, la penetración de la banca extranjera, el debilitamiento de los sistemas tributarios por la facilitación de las conexiones del gran empresariado con las guaridas fiscales, la titulización de la deuda pública, el sometimiento de ésta a jurisdicción extranjera, los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión, los regímenes de flexiblización laboral, constituyeron el programa inverso a la perspectiva del proyecto de la Unidad Popular chilena o el de la CGT de los argentinos. Estructuralmente fueron acompañados por la reprimarización económica, la articulación en los eslabones menos avanzados tecnológicamente de la producción internacionalizada y el sometimiento a la copia de institucionalidades de los centros financieros como las regulaciones de Basilea o los acuerdos de la OMC.

El proyecto nacional y popular ha recuperado el poder en la Argentina. El grado de agresión de la derecha para imposibilitarle llevar a cabo un programa de cambios que desconcentre la riqueza y construya en base al valor de la igualdad, en el marco de un proyecto humanista, resulta de gravedad. El papel de los medios de comunicación concentrados en la construcción de una barrera para que el poder democrático pueda llevar adelante sus políticas es una cuestión crítica a abordar. Las organizaciones del empresariado concentrado rechazan cualquier opción que no sea el neoliberalismo como política de Estado. Su vocación de vaciar la democracia está radicalizada, mientras el eje con que motorizan la valorización de su capital es la conducta de parasitar en la financiarización.

En un comunicado con el título de torcido interés “Instituciones para el Desarrollo “, exponen un conjunto de principios de ideología de bolsillo que sólo tiende a afirmar las líneas regresivas con las que el neoliberalismo enfermó a Argentina. A manera de recetario – que evoca la caracterización del empresariado chileno que hace casi medio siglo hacía la UP- , sin ninguna riqueza cultural afirman que “El camino más eficaz para generar empleos, ingresos y reducir la pobreza es la movilización plena de las energías del sector privado, es decir, permitir y estimular tanto a individuos como a pequeñas, medianas y grandes empresas a emprender, a desarrollar nuevos proyectos, a invertir, a innovar y a conquistar mercados externos”.

El planteo de exclusión del Estado del actuar económico y de su acción empresarial sería la postergación definitiva del país. Más de un cuarto de siglo los firmantes han tenido la iniciativa para aplicar las políticas que reclaman nuevamente. En esos tiempos sólo especulaban en la lógica Endeudar y Fugar, como se titula el texto coordinado por Eduardo Basualdo. Frente a este planteo avieso corresponde la reivindicación de la acción económica estatal, no tímida, sino decidida en su papel de definidor de la política económica, rol empresarial y planificador para el desarrollo.

Más adelante sostienen que ”Para llevar a cabo eficazmente la tarea de volver a poner en marcha el aparato productivo del país, así como para alentar nuevas inversiones es fundamental evitar los controles de precios, así como el congelamiento de tarifas que tensionan la ecuación económica de las empresas. Debe además garantizarse el derecho de propiedad y evitarse la aplicación de impuestos confiscatorios que alejen de la Argentina a empresas y personas”

Los señores Magnetto, Rocca, Pagani, Coto y Ratazzi, vuelven a olvidarse de los derechos humanos, como lo hizo la precursora de la AEA que ellos constituyen –la CEA— cuando apoyó los golpes terroristas de estado para aplicar las políticas de Von Hayek, Friedman, McKinnon y Shaw. Esas políticas que recomiendan las aplicaron Cavallo, Martínez de Hoz, Prat Gay y Dujovne y lo que menos consiguieron fueron inversiones. Por otro lado, las inversiones no pueden ser cualesquiera, porque pueden llevar al retroceso. Para que conduzcan al progreso, las debe definir un plan y no el puro mercado. Pero más grave aún, ¡cómo no se van a congelar las tarifas de servicios que atienden a derechos humanos, cuando los ingresos no mejoran debido a la caída del nivel de actividad causado por la pandemia! Los servicios deben ser con tarifas reguladas y a niveles que garanticen el acceso de todos en condiciones de igualdad. Por eso no es anacrónico pensar en un proyecto en que esas actividades vuelvan a ser prestadas directamente por el Estado.

¡Por qué no se van a controlar precios! ¿Qué quieren esos señores que tienen una distancia intelectual enorme con dirigentes gremiales como Yasky, Palazzo o Amichetti? No argumentan nada, repiten consignas sin más. Señores de la AEA, hay que controlar los precios si se quiere domar la inflación y redistribuir el ingreso. Porque eso es necesario y recomendable en una economía con concentración de la oferta de productos esenciales y con puja distributiva provocada por un empresariado que se niega a ceder su posición en la regresiva distribución del ingreso que dejó el macrismo.

–¿De qué hablan cuando se refieren a impuestos confiscatorios?

–A hacer con los medios de producción lo que les da la gana, cuando el resultado de su uso es de interés social y nacional. Estos señores no quieren un jefe de Estado democrático, necesitan un capataz al mando de una republiqueta.

En defensa de la cultura nacional deben ser enfrentados con un duro debate por una enérgica y nueva intelectualidad argentina. La impunidad de la mediocridad intelectual del empresariado concentrado es un peligro para el futuro nacional. Máxime cuando financian a predicadores a repetición que pululan por medios de comunicación.

Dijo Allende: “Tengo la certeza que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser segada definitivamente”. A 47 años del 11 de setiembre de 1973 el programa democrático de Salvador Allende sigue vigente. El de los que lo derrocaron hundió a ese país en la desigualdad, profundizó su dependencia y dañó seriamente su cultura política. Este último proyecto está hoy en crisis y los dirigentes del continuismo pos dictatorial son repudiados por el pueblo que sufre las agudas consecuencias del programa de reformas del capitalismo de la rapiña financiera. La Argentina también tendrá que resistir a la embestida de la derecha empresaria y comunicacional.

(*) Economista. Fue Director del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFI-DAR) e integrante activo de Carta Abierta.

Fuente: Cohete a la Luna.