Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina CTA-T

Argentina inquilinizada

CTA Comunica [ER] — 2026-09-10T23:18:32Z

El Decreto 70/2023 y el proyecto aprobado por el Senado no significan la retirada del Estado del mercado del alquiler. Son su reubicación: el Estado dejó de estar del lado de quien necesita un techo para ubicarse del lado de quien tiene la llave. No es que el Estado se haya retirado del mercado del alquiler: decidió intervenir en favor del propietario y de la especulación financiera.

Por Jaime Sorin, para La Tecl@ Eñe

En diciembre de 2023, el Decreto 70/2023 derogó la Ley 27.551 y devolvió la relación entre propietario e inquilino al derecho común, al Código Civil y Comercial donde rige la autonomía de la voluntad entre partes que no llegan a la mesa de negociación en pie de igualdad.

Pierre Bourdieu explicó, en "Sobre el Estado", que el poder estatal no actúa únicamente prohibiendo o permitiendo: actúa produciendo las reglas del juego, clasificando qué cuenta como un contrato válido y legitimando esa clasificación. El Decreto 70/2023 hizo exactamente eso. No retiró al Estado del mercado del alquiler: redefinió las reglas. Un contrato sin plazo mínimo, sin índice de referencia, pactado en dólares, dejó de ser la excepción para convertirse en la norma - porque el Estado, con su firma, así lo decidió.

**El derecho que se volvió excepción: el nuevo mapa inquilino**

Desde que el primer gobierno peronista facilitó la conversión de la llave alquilada a la escritura propia, revirtiendo la proporción de inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires de 70% en 1943 a 30% en 1955; este número bajó de manera casi ininterrumpida hasta tocar un piso histórico de 22,2% en 2001 - cincuenta y ocho años de consolidación de la sociedad propietaria. Y ahí, en el piso, se invirtió: 24% en 2003, casi 30% en 2010, 36,8% en el Censo 2022, 36,2% en el informe CEPA de este año. Sin pausa, durante más de veinte años seguidos.

Es decir: la inquilinización no es un fenómeno nuevo, sino la segunda mitad de un ciclo de un siglo. La primera mitad produjo, a fuerza de intervención estatal - congelamiento, crédito, subdivisión horizontal - una sociedad de propietarios. La segunda, con la lógica exactamente inversa - desregulación en lugar de control de precios - la está deshaciendo.

No la inventó la desregulación, aunque la desregulación la haya dejado sin red.

El proceso venía de antes, y venía cubierto por un piso normativo, insuficiente, pero piso al fin. Lo que había hecho la Ley 27.551, sancionada en 2020, fue reconocer con veinte años de atraso, esa tendencia y ponerle algunas reglas mínimas: plazo de tres años, un índice oficial de actualización, un registro de contratos. El Decreto 70/2023 derogó todas con un mismo movimiento. Cayó el plazo mínimo, librado ahora al "acuerdo entre partes". Cayó el Índice para Contratos de Locación. Cayó el Registro de Contratos de Locación de Inmuebles. Cayó el tope al depósito de garantía. Se habilitó, además, lo que antes estaba prohibido: pactar el alquiler en dólares. No se trata de una simplificación administrativa. Se trata de una redistribución de poder: cada una de esas normas era, en los hechos, el único instrumento con el que un inquilino podía discutir, de igual a igual, con quien tiene la llave del inmueble.

**Del contrato al juzgado**

La desregulación del contrato no fue el único frente que se movió. El 6 de agosto de 2026, el Senado le dio media sanción a un proyecto que sus impulsores bautizaron ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El capítulo que interesa acá no toca el contrato: toca lo que pasa una vez que el contrato ya se rompió y el conflicto llegó a un juzgado. El proyecto lleva el juicio de desalojo por falta de pago al trámite sumarísimo, el más breve que prevé el Código Procesal, y reemplaza la caución real que el propietario debía dejar para poder desalojar antes de la sentencia por una simple declaración jurada sin ningún respaldo patrimonial detrás. La contracara de esa celeridad es la prueba. Menos tiempo para litigar no es sólo menos tiempo: es, también, menos garantías.

El riesgo mayor recae, otra vez, sobre quien menos protegido está: el proyecto elimina la prueba testimonial, el único recurso de un inquilino que paga en efectivo y sin recibo - una informalidad que se volvió moneda corriente desde la derogación de la Ley 27.551 en 2023 - para demostrar que pagó.

Si Diputados lo confirma, la secuencia queda cerrada: en 2023 se le sacaron al inquilino las herramientas para discutir el contrato; en 2026 se le acortarían también las herramientas para discutir, en tribunales, que ese contrato se rompió como dice el propietario y no como puede probarlo quien lo habita.

**Valor de uso versus valor de cambio**

Según CEPA (mayo 2026) la oferta de unidades en alquiler en la Ciudad creció entre 80% y 120% desde la salida de la ley, y los precios reales, descontada la inflación, volvieron en 2026 a niveles similares a los de 2021, después de una fuerte volatilidad a fines de 2023. Sin embargo, esto no es sinónimo de justicia, ni de alivio: es, sobre todo, el resultado de que ahora compite más oferta por captar una demanda que no tiene alternativa habitacional.

En dólares, medidos al tipo de cambio MEP desde la devaluación de diciembre de 2023, los valores subieron 220% para un monoambiente, 225% para dos ambientes y 219% para tres ambientes. En pesos, el alquiler promedio de un monoambiente en la Ciudad ya supera los $704.000 mensuales - $1.358.875 en Puerto Madero, $661.925 en Lugano -, y el peso de ese alquiler sobre los ingresos familiares supera largamente el 30%, que la literatura internacional considera el umbral de asequibilidad. Del otro lado del mostrador, la rentabilidad bruta anual promedio de un departamento en alquiler pasó del 3,48% en octubre de 2023 al 6,22% en junio de 2026 - la más alta en quince años, según el propio relevamiento del sector -: de 3,57% a 6,37% en un monoambiente, de 4,1% a 6,56% en dos ambientes, de 3,51% a 6,41% en tres ambientes. En apenas tres años, se duplicó.

Falta todavía un tercer número en esta cuenta: el del lado del salario. Entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, mientras los alquileres subían 423% y la inflación general 209%, el alquiler se encareció 69% en términos reales. En el mismo lapso, el salario formal privado apenas se movió: está 4% por debajo de noviembre de 2023. El del empleado público nacional, en cambio, acumula una caída real del 36,5% desde fines de ese año. No hay categoría de ingreso que le haya seguido el ritmo al alquiler. El 48,5% de los inquilinos destinan la mitad o más de su salario sólo al alquiler (Encuesta Nacional Inquilina, julio 2026) como resultado de una tijera que se sigue abriendo: el alquiler subiendo, el salario, en el mejor de los casos, quieto.

Ahí están los números que hacen falta para entender qué fue exactamente lo que se desreguló: no el mercado en abstracto, sino la distribución del riesgo entre quien tiene la propiedad y quien tiene la necesidad. La vivienda dejó de pensarse, otra vez, como valor de uso, para administrarse enteramente como valor de cambio; la misma lógica que convierte al departamento vacío en una caja de seguridad, convierte ahora también al alquilado en un activo cuyo rendimiento importa más que el techo que provee.

[Imagen: https://www.infobae.com/resizer/v2/KG2T4ISJTBHEDOHZZZ5BX6GE7A.jpg?auth=3686be052549a31a5f6f91a5f034dcd30ce0a3572bec7f476aba1f54914645d5&smart=true&width=1200&height=675&quality=85]

**La generación sin llave propia**

Si la inquilinización tiene una cara generacional, es la de los adultos jóvenes, y el dato desmiente el prejuicio de que se trata sólo de un problema de pobres. Los hogares con jefe o jefa de entre 30 y 39 años tenían, en 2021, casi 13 veces más probabilidades de alquilar que los mayores de 60 - una brecha que en 2003 era de 6,4 veces -; entre los menores de 30, la chance se multiplica por 16, y los hogares unipersonales la triplican. Pero además - y esto es lo que rompe el sentido común - los hogares de mayor nivel socioeconómico tienen el doble de probabilidades de ser inquilinos que los de menores ingresos. No es un problema exclusivo de los sectores populares, que ya conocían el hacinamiento, el desalojo, la informalidad: es un problema que subió de clase social sin dejar de ser, en el fondo, el mismo problema. Es la generación que primero y más directamente absorbe los efectos del Decreto 70/2023: la que firma contratos más cortos, sin índice de referencia oficial y sin garantías protegidas, porque no le queda otra alternativa que aceptar las condiciones que se le ofrecen. ¿Qué le queda a esa generación cuando no hay plazo mínimo que la proteja de una renovación caprichosa, ni índice que la proteja de un aumento discrecional, ni registro que documente lo que efectivamente firmó?

Para esos mismos adultos jóvenes, comprar una vivienda es directamente teórico. La edad promedio de quien accede a un crédito hipotecario en el Banco Nación es de 41 años - un dato que dice, con más elocuencia que cualquier diagnóstico, para quién está pensado el sistema de crédito -, y ni siquiera a esa edad el acceso es automático: la cuota no puede superar el 25% o el 30% del ingreso según la línea, lo que exige un ingreso de $3.059.973 pesos mensuales para afrontar una cuota de $764.993. Sin crédito y sin ahorro, no queda otra alternativa que alquilar o seguir viviendo en la casa de los padres: cuatro de cada diez jóvenes de entre 25 y 35 años no logran independizarse, según un relevamiento de la Fundación Tejido Urbano de marzo de este año, y un monoambiente en la Ciudad ya cuesta más de $704.000 mensuales - más del 75% de un salario joven promedio de $900.000 -, destinado enteramente a un techo que, además, no va a ser propio.

**Lo que el mercado no va a resolver**

La ecuación actual - más oferta, mejor rentabilidad, precios reales relativamente estables - depende enteramente de que la macroeconomía no se mueva. Sin plazos mínimos, sin índice de referencia y sin registro de contratos, no queda ningún mecanismo institucional que amortigüe un salto de precios si la inflación o el dólar vuelven a acelerarse. La desregulación no eliminó el riesgo habitacional: lo dejó enteramente del lado de quien alquila. En este sentido, el problema no se resuelve solamente con el regreso puro y simple de la ley derogada, sino discutiendo cómo hacemos realidad el derecho a la vivienda y al hábitat adecuados y qué función social debe cumplir la vivienda en un país cuya capital ya tiene un hogar inquilino cada tres.

El alquiler no debería pensarse como el opuesto de la vivienda propia, sino como su complemento. No una rampa hacia la precarización habitacional: una vía legítima de acceso a la vivienda y al hábitat digno. Para eso hacen falta instrumentos que ya se conocen y que sólo requieren voluntad política para aplicarse:

**-** Un plazo mínimo de contrato y un índice oficial de actualización, con reglas claras y previsibles para ambas partes, no sólo para el propietario.

**-** Un registro obligatorio de contratos que permita, además de dar seguridad jurídica, dimensionar en serio el fenómeno y diseñar política pública con datos reales.

**-** Un gravamen diferencial a la vivienda ociosa - a esas unidades que funcionan como cajas de seguridad y no como techo - que desaliente la especulación y empuje oferta real al mercado.

**-** Líneas de garantía pública, o banca de garantías para inquilinos, que reemplacen al garante propietario como filtro de acceso.

**-** Incentivos fiscales para quien alquile de manera formal y a precio razonable, en vez de dejar que la informalidad y la vivienda ociosa salgan más baratas que cumplir la ley.

**-** Mecanismos de mediación y resolución de conflictos previos a un juicio.

**-** Un parque de vivienda pública en alquiler que funcione como referencia de precio frente al mercado privado.

**-** Un banco de tierras públicas y mecanismos de captura de plusvalía urbana - cesiones obligatorias, contribución por mejoras - que abaraten el suelo disponible y amplíen la oferta de vivienda, en alquiler y en propiedad, en las zonas donde hoy la especulación la vuelve inaccesible.

No son medidas exóticas: son, en distintas variantes, las que ya rigen en buena parte de las ciudades europeas que la Argentina mira como espejo cuando le conviene y olvida cuando no.

El Decreto 70/2023 y el proyecto aprobado por el Senado no son, entonces, la retirada del Estado del mercado del alquiler. Fueron su reubicación: el Estado dejó de estar del lado de quien necesita un techo para ponerse, sin decirlo, del lado de quien tiene la llave. No es que se haya retirado del mercado del alquiler: es que decidió intervenir del lado del propietario y de la especulación financiera.

Y hay que señalarlo sin miedo: si el Estado neoliberal pudo intervenir para favorecer a los de arriba y a la economía rentista, otro Estado puede hacerlo en el futuro para sostener a los de abajo en una sociedad basada en la solidaridad y el bienestar de las mayorías.

20 de agosto de 2026.

Ver en línea : Argentina inquilinizada – Por Jaime Sorin

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL CON CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

CTA Comunica [ER] — 2026-09-09T20:36:25Z

Este jueves 10 de septiembre comienza en La Plata el juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de la planta de Molinos Río de la Plata de Avellaneda durante la última dictadura cívico-militar. El Tribunal Oral Federal N.º 2 juzgará a Emilio Parodi, exjefe de Personal de la empresa, acusado por su presunta participación en los secuestros y desapariciones de Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino, tres trabajadores aceiteros que fueron secuestrados el 7 de julio de 1976.

El juicio tiene una enorme importancia para el movimiento obrero porque no se trata solamente de reconstruir la historia de tres compañeros desaparecidos. Se trata también de investigar la responsabilidad que pudieron haber tenido integrantes de la estructura empresarial en la persecución de trabajadores organizados sindicalmente. La investigación identificó al menos 26 víctimas vinculadas con la planta de Avellaneda y fue sostenida durante años por familiares, organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales, entre ellas la Federación Aceitera y el SOEIA, que son querellantes en el proceso.

Hablar de Molinos es, entonces, hablar de Memoria, Verdad y Justicia, pero también de la historia de la clase trabajadora argentina. La dictadura no solamente desapareció personas: buscó destruir la organización colectiva, disciplinar a los trabajadores y modificar profundamente la relación de fuerzas existente entre el trabajo y el capital. La política económica impulsada desde 1976 por José Alfredo Martínez de Hoz formó parte de ese proceso de transformación estructural. La represión, la persecución sindical y las reformas económicas fueron dimensiones diferentes, pero relacionadas, de un mismo proyecto de reorganización social.

Cincuenta años después, las formas son otras, porque vivimos en democracia, pero resulta necesario mirar la historia para reconocer determinadas continuidades. El gobierno de Javier Milei impulsa una profunda transformación de las relaciones laborales, que incluye modificaciones en la negociación colectiva, las indemnizaciones, las jornadas de trabajo y otros derechos conquistados históricamente por el movimiento obrero. Al mismo tiempo, las organizaciones sindicales vienen denunciando distintas formas de debilitamiento de la capacidad colectiva de los trabajadores y restricciones al ejercicio de la protesta.

La comparación no significa equiparar democracia con dictadura, ni desconocer las diferencias fundamentales entre ambos períodos. No hay equivalencia entre una política económica aplicada bajo el terrorismo de Estado y una política implementada dentro de las instituciones democráticas. Pero la memoria histórica nos permite advertir que los derechos laborales nunca fueron concesiones gratuitas: fueron conquistas obtenidas mediante organización, solidaridad y lucha.

Por eso también resulta necesario defender el derecho a la protesta y a la organización sindical. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que la protesta social es un derecho fundamental en una sociedad democrática y que sus restricciones deben ser excepcionales, necesarias y proporcionales. Cuando se intenta presentar la organización sindical como un obstáculo, la huelga como una amenaza o la protesta como un delito, se pone en discusión una herramienta fundamental de los trabajadores para defender sus derechos.

La causa Molinos nos recuerda hasta dónde puede llegar un proyecto de disciplinamiento de la clase trabajadora cuando se destruyen sus herramientas de organización y se persigue a quienes las ejercen. Por eso este juicio también interpela al presente.

Memoria, para recordar a los compañeros que fueron perseguidos, secuestrados y desaparecidos.
Verdad, para conocer toda la trama de responsabilidades empresariales, militares y civiles que hizo posible aquella represión.
Justicia, para que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes y para reafirmar que nunca más la organización de los trabajadores puede ser motivo de persecución.

JUSTICIA SOCIAL, LIBERTAD Y DESIGUALDAD EN EL DISCURSO DE JAVIER MILEI

Fundación Germán Abdala — 2026-07-16T18:36:00Z

Aún sin buscarlo, sin tener la intención de focalizar en esa parte de su discurso, es casi imposible abordar las posiciones públicas del presidente Javier Milei sin toparse con su posición extremadamente disruptiva, por decir lo menos, sobre la justicia social.

Se ha dicho mucho ya que, detrás de su diatriba económica, hay en realidad en el cuerpo de ideas de Milei la aspiración a una confrontación moral. Es decir, pretende subirse al ring pugnando con los valores centrales que le dan fundamento a la vida en común en Argentina, al menos, durante el último siglo. Y creemos que en sus posiciones sobre la justicia social es donde, con mayor transparencia, ese debate pretendidamente moral encuentra su punto de clivaje. La justicia social es la articulación con el modo efectivo en el que esos valores que Milei viene a combatir se hacen norma en la vida argentina contemporánea, ordenan de algún modo y en distintos grados de acuerdo al momento histórico, la convivencia nacional.

Morduchowicz presentó su nuevo libro en la CTA

CTA Comunica [ER] — 2026-06-08T19:35:48Z

Conversamos con Alejandro Morduchowicz en torno a su último libro, “Crítica de la política educativa”, en la sede de CTA nacional
Durante el encuentro, el autor compartió una mirada crítica sobre los enfoques tradicionales de análisis de las políticas educativas y reflexionó sobre el papel del Estado y el mercado en la educación.
A lo largo de su exposición destacó la importancia de fortalecer las dimensiones pedagógicas y organizacionales como eje de las transformaciones educativas.

- Enfoque / Fundación Germán Abdala

Energía y Federalismo - El aporte de la represa a la provincia.

CTA Comunica [ER] — 2026-03-05T16:55:06Z

La represa hidroeléctrica de Salto Grande no es únicamente una infraestructura energética relevante dentro del sistema nacional. Es, ante todo, un activo estratégico para Entre Ríos y una pieza central en el debate sobre federalismo fiscal y distribución de recursos.

Según datos generados por nuestro CISPER, en 2025 el complejo generó 4.180 GWh, lo que representó el 2,9% de la energía total del país y el 13,9% de la generación hidroeléctrica nacional. Estos números confirman su peso específico dentro de la matriz energética argentina.

Sin embargo, el impacto de Salto Grande para la provincia no se limita a la generación. La central cumple un rol técnico clave en la regulación de frecuencia del sistema interconectado y opera una infraestructura de transporte en extra alta tensión que la posiciona como un nodo estratégico dentro del entramado energético nacional.

Desde la perspectiva fiscal provincial, el eje central está en la remuneración, los excedentes y las regalías.

El esquema vigente establece que la central percibe el 100% del concepto de potencia, pero sólo el 50% del concepto de energía. Con el restante 50% y otros ingresos asociados se cubren obligaciones como indemnizaciones, pagos a CAMMESA y regalías. Sólo si existe un remanente se generan los denominados excedentes.

En este contexto, la actualización diferencial otorgada en 2025 —que permitió una recomposición cercana al 27,85% frente a una inflación interanual del 31,5%— resultó determinante para sostener la capacidad de generación de recursos. Esa decisión tuvo un efecto concreto en la provincia: fortaleció la posibilidad de que se produzcan excedentes y, por lo tanto, mayores transferencias.

Con ese marco, de la remuneración de la Central en 2025, un 77% se asignó como ingresos de la Central, un 9% se utilizó para cubrir gastos (CAMMESA, EBISA, ENRE, ribereños y regalías) y el 14% fueron excedentes.

Los conceptos con los que se beneficia directamente la provincia son por un lado las regalías y por otro lado los excedentes. Las regalías hidroeléctricas son los recursos que perciben las provincias donde se encuentran emplazadas centrales hidroeléctricas como compensación por el aprovechamiento de sus recursos naturales. El artículo 43 de la Ley 15.336 establece que dichas provincias deben recibir mensualmente el 12% del importe que resulte de aplicar la tarifa de venta en bloque a la energía efectivamente comercializada hacia los centros de consumo. En otras palabras, se trata de una participación directa sobre la energía vendida, que funciona como contraprestación económica por la utilización del recurso hídrico provincial para la generación eléctrica.

Los excedentes, por su parte son los fondos económicos resultantes de la diferencia positiva entre los ingresos por la venta de energía eléctrica generada y los costos operativos de la Central Hidroeléctrica. Estos recursos financieros se distribuyen principalmente entre las provincias argentinas de Entre Ríos (67,5%), Corrientes (27,5%) y Misiones (5%), destinados a financiar obras de infraestructura y desarrollo.

De acuerdo con las estimaciones incluidas en el informe del CISPER, entre 2024, 2025 y el estimado de 2026, Salto Grande habrá aportado aproximadamente 45 millones de dólares en concepto de excedentes y regalías a Entre Ríos. En el actual escenario fiscal, se trata de un flujo significativo que contribuye a fortalecer las arcas provinciales y ampliar márgenes de gestión.

Desde una mirada política más amplia, Salto Grande vuelve a poner sobre la mesa el debate federal. La energía producida en territorio entrerriano abastece al conjunto del país; garantizar que esa generación se traduzca en recursos adecuados y previsibles para la provincia forma parte de una discusión estructural sobre equilibrio territorial.

El desafío hacia adelante no es coyuntural. Requiere reglas claras, previsibilidad en la actualización de la remuneración y una articulación institucional madura entre Nación y provincias. Cuando esos elementos se alinean, la represa no sólo aporta energía al sistema nacional, sino que se consolida como una herramienta concreta de desarrollo para Entre Ríos.

Salto Grande, en definitiva, es más que infraestructura: es un componente estratégico del entramado productivo y fiscal provincial, cuyo aporte debe ser dimensionado en su real magnitud.

*Integrante de la Mesa Ejecutiva provincial de CTA y del Centro de Investigación Social y Política de Entre Ríos (CISPER)

EL SUEÑO DE BORRAR AL SINDICALISMO

Formando Futuro — 2026-01-26T16:58:03Z

Sindicalismo, futuro y nuevas demandas, con el secretario general de la CTA-T y diputado nacional Hugo Yasky, para Formando Futuro, publicación de reflexión política y pensamiento popular del espacio Movimiento Derecho al Futuro.

1.¿Qué propone concretamente la reforma laboral del Gobierno de Milei, qué efectos podría tener sobre el empleo, los salarios y los derechos laborales, y qué objetivos políticos y económicos persigue?

El proyecto abre la puerta al fraude laboral en varios frentes. Trabajos que hoy son claramente dependientes pasan a disfrazarse de “autónomos”. A diferencia de la legislación actual —en la que, si una persona trabaja para otra bajo instrucciones y recibe un pago, se presume la existencia de una relación laboral—, la reforma establece que, si existen facturas o recibos emitidos como autónomo, esa presunción desaparece.

A su vez, modifica un criterio histórico de interpretación del derecho laboral: ante la duda, se interpreta a favor del trabajador, especialmente en materia probatoria. La reforma elimina esa duda probatoria y reduce significativamente este principio, privando al trabajador de una herramienta clave para su defensa.

En materia salarial, la ofensiva es múltiple: se otorgan a las patronales mayores facilidades para tercerizar y fragmentar empresas y así evitar convenios; se amplían los conceptos “no remunerativos” —como almuerzos, viáticos o gastos de salud—, que no cuentan como salario ni se consideran para el cálculo de la indemnización; y se aplica el artilugio de los llamados “salarios dinámicos”, reemplazando el derecho a igual remuneración por igual tarea por pagos por productividad, mérito o premios al antojo patronal.

Como si esto fuera poco, la indemnización por despido se abarata y pierde su función principal: disuadir al empleador de despedir. Pero, además, esto traerá un perjuicio para la recaudación. A través del denominado “Fondo de Asistencia Laboral”, el Estado terminará financiando los despidos de empresas privadas con recursos equivalentes al 3 % de los salarios que hoy se destinan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Pasamos de un Estado que financia sueldos y jubilaciones a uno que financia despidos.

¿Y las vacaciones? Afuera. El proyecto flexibiliza este derecho constitucionalmente protegido (artículo 14 bis de la Constitución Nacional, descanso) al permitir que el empleador las fraccione según sus necesidades. El banco de horas, en cambio, adentro: se flexibiliza la jornada laboral al permitir trabajar más horas un día y compensarlas otro, sin pago adicional.

A estas pérdidas de derechos individuales de cada trabajador hay que agregar el ataque de esta reforma al derecho colectivo, objetivo central de la restauración de poder. El proyecto reduce a su mínima expresión el derecho a huelga, reduce la ultra-actividad y muchos compromisos de los convenios desaparecen al vencer, lo que debilita la continuidad del acuerdo y fortalece la posición del empleador en la negociación, debilita la protección sindical eliminando tutelas sindicales y restringe las asambleas sindicales.

En síntesis, el proyecto no es otra cosa que el DNU 70 reempaquetado para intentar obtener legitimidad parlamentaria. Su inconstitucionalidad manifiesta provocará más litigiosidad judicial, no menos. Pero sobre todas las cosas, hay que destacar qué efecto no tendrá de convertirse en Ley: ni de casualidad va a crear empleo registrado. Ninguna reforma laboral detendrá el tsunami de cierres de empresas y despidos que está provocando la política económica de Milei, Caputo y el Tesoro norteamericano.

Hugo Yasky

2.¿Qué modelo de sociedad y de relaciones laborales entraña esta reforma? ¿Qué tipo de país se construye cuando el trabajo es concebido como un costo a reducir y no como un derecho a proteger?

El principal error al analizar esta reforma es perder de vista su propósito central, que no es únicamente reducir el costo salarial —ya ubicado en niveles históricamente bajos—. El objetivo de fondo es disciplinar a los trabajadores, tanto a nivel individual como colectivo, para volver a una Argentina donde impere, sin atenuantes, la voluntad del más fuerte.

Exposición en el plenario de Trabajo y Presupuesto. Diciembre 2025.

Sólo mediante la destrucción del movimiento sindical y del peronismo como proyecto de país productivo e integrado socialmente podrán entronizar el “modelo peruano” que sinceró como norte el Ministro de Economía, Luis Caputo. En ese modelo no hay empleo registrado, ni industria, ni jubilaciones, ni igualdad. Ni siquiera se mide la desocupación en un contexto de 80 por ciento de informalidad laboral.

No es ese esquema el que va a generar más trabajo. Por el contrario, sólo va a haber más y mejor empleo, con buenos salarios e integración social, a partir de políticas industriales, desarrollo técnico-científico y tributación progresiva. Políticas que fortalezcan el mercado interno y generen valor agregado, en lugar de regalar nuestras materias primas como una semicolonia.

3.Frente a este avance, ¿qué rol debe asumir el peronismo —en el plano sindical, parlamentario y territorial— y cómo explicarle con claridad a las trabajadoras y los trabajadores cuáles son las consecuencias reales de esta reforma en su vida cotidiana?

Por un lado, tenemos que hablarle a la sociedad, a los trabajadores y trabajadoras, con una propuesta de transformación de las leyes laborales que amplíe derechos frente a las nuevas realidades del mundo del trabajo. Hay proyectos que ya existen y tienen que ver con debates actuales que se dan en todo el mundo, como regular la economía de plataformas, la igualdad de género, reducción de la carga horaria, etcétera. La tarea es clara: reconstruir un modelo de país con desarrollo autónomo, valor agregado a partir de la industria y sobre todo con una perspectiva soberana.

Marcha contra la reforma laboral. Diciembre 2025.

En el camino hacia esa reconstrucción, la provincia de Buenos Aires y la gestión de Axel constituyen un modelo antagónico a la entrega de Milei. Antagónico a ese extractivismo que no genera prácticamente ningún puesto de trabajo. Ahora, es necesario unir todas las fuerzas antagónicas posibles para rechazar las reformas retrógradas del gobierno nacional. Para ello, la unidad opositora que se logre en el parlamento tiene que ser acompañada, potenciada e impulsada por la movilización en unidad en las calles de todo el país.

4. ¿Es necesaria una reforma laboral en la Argentina y, si lo es, qué lineamientos debería tener una reforma orientada a ampliar derechos, incorporar nuevos sectores como el trabajo en plataformas y fortalecer un modelo de desarrollo con inclusión?

Lo que resulta necesario es transformar las leyes que regulan el empleo en función de los avances tecnológicos, los cambios en la organización de la vida familiar y las nuevas necesidades de la clase trabajadora.

En ese marco, los proyectos que hoy se discuten proponen reconocer derechos para los trabajadores de plataformas —como salario mínimo, licencias y cuidados—, avanzar en licencias por nacimiento y cuidado con equidad de género, promover la participación de los trabajadores en las ganancias empresarias, crear comités mixtos de salud laboral y prevenir el acoso en el ámbito laboral. Al mismo tiempo, plantean aprovechar los avances tecnológicos para reducir la carga y la jornada laboral, garantizar el derecho a la desconexión digital y avanzar hacia una mayor soberanía del tiempo de trabajo.

Estos cambios no son rémoras del pasado, sino los debates que se están dando en muchas regiones del mundo. Un mapa mundial consigna unas 53 reformas laborales en casi 30 países de los cinco continentes. Todas van en el sentido de mejorar las condiciones laborales, regular a las compañías de plataformas, otorgar nuevas licencias, reducir la jornada y garantizar equidad de género. En un mundo que discute cómo avanzar, este gobierno nacional propone retroceder.

Ver en línea : https://movimientoderechoalfuturo.c...

LA CTA-T FRENTE AL PRESUPUESTO 2026 ENVIADO POR EL EJECUTIVO NACIONAL

CTA Comunica — 2025-12-17T16:20:20Z

El Proyecto de Presupuesto 2026 pretende consolidar el brutal ajuste desplegado durante 2024 y sostenido en 2025, en el marco de la ausencia de Ley de Presupuesto en ambos ejercicios. Esa situación permitió al Poder Ejecutivo administrar discrecionalmente la asignación de los recursos mientras llevó adelante un severo vaciamiento de la gestión pública. El resultado es un Estado progresivamente desfinanciado y una drástica reducción de su capacidad para garantizar derechos elementales.

El Gobierno sostiene su estrategia en la denominada “meta fiscal”, dirigida exclusivamente a reducir de manera drástica el Gasto Público, sin implementar medidas para incrementar los ingresos del Estado. El peso de los gastos primarios sobre el PIB cayó de 16,0% en 2023 a 12,8% en 2024 y 2025, previendo sostenerse en ese nivel en 2026 (12,9%).

Por el lado de los ingresos totales se espera que su nivel se ubique en torno al 14% del PIB en 2026 incluso por debajo de los de 2024 (15,4%). Cabe señalar que los ingresos públicos tienden a deteriorarse por efecto del estancamiento económico y las transferencias de recursos a sectores de altos ingresos como es el caso de la baja en bienes personales y en las retenciones a las exportaciones. Por eso, en el acumulado de los primeros 10 meses de 2025 los ingresos reales cayeron 1,6% interanual y la recaudación de impuestos 9,4%.

Cabe señalar que por la eliminación temporaria de las retenciones a las exportaciones se resignaron recursos fiscales por 1.531 millones de dólares, y solo 10 empresas acapararon el 95,1% de ese beneficio fiscal (1.456 millones de dólares). Recientemente el gobierno anunció una rebaja permanente de las retenciones de 2 puntos porcentuales a las exportaciones de soja y subproductos, trigo y cebada, y de 1 punto a las de maíz, sorgo y girasol, con un impacto fiscal del orden de los 500 millones de dólares que no están contemplados en el presupuesto.

Bajo estas circunstancias, resulta complejo alcanzar la meta de un superávit primario del 1,2% del PIB en 2026 y un supuesto equilibrio financiero (0%). En tanto la política económica siga induciendo a la recesión económica y la reducción de impuestos de los sectores de altos ingresos, se requerirá de un mayor esfuerzo sobre el gasto público dada las metas de superávit fiscal que tiene el gobierno, lo cual es inaceptable para garantizar el funcionamiento básico del Estado.

Asimismo, no debe dejar de señalarse que el equilibrio financiero propuesto es ficticio: desde que asumió el gobierno implementó una estrategia de endeudamiento en moneda local que no contabiliza los intereses de la deuda en su cálculo dado que los capitaliza, a pesar de que, según el FMI, estos intereses deben registrarse como devengados en cada ejercicio del contrato. Si se contabilizaran correctamente, el resultado financiero sería un déficit del 2% del PIB en 2025.

Todo esto sin considerar que el programa financiero del gobierno no cierra por la crisis deuda que incubó el gobierno de Macri y profundiza el actual. Los vencimientos de la deuda externa pública, según datos de la Balanza de Pagos del INDEC, suman 35.597 millones de dólares en 2026 (27.401 corresponden a vencimientos de capital y 8.196 millones a intereses). Frente a un problema de esa naturaleza, en el proyecto de ley del Presupuesto no hay ninguna pista de cómo se abordará esta cuestión, toda vez que por parte de los organismos bilaterales y multilaterales planea que ingresen 5.851 millones de dólares y que egresen 3.592 millones, en un escenario en el que es dificultoso el acceso al mercado internacional de capitales. Más aún cuando se consideran que las reservas netas internacionales se encuentran en -15.000 millones de dólares y el gobierno proyecta un déficit en la balanza comercial de 5.752 millones de dólares. Es decir, no cierra el ajuste en el gasto ni el frente externo.

El ajuste en el gasto público

Las evidencias indican que con las variaciones del gasto público en 2025 y 2026, se consolidad el proceso de ajuste iniciado en 2024 sin Ley de Presupuesto. Muchos de los rubros exhiben prácticamente la disolución de algunas funciones del Estado. Es el caso de áreas fundamentales para la población, como Vivienda y Urbanismo y Agua Potable y Alcantarillado, que se encuentran al borde de la extinción. Educación y Cultura, así como Ciencia, Tecnología e Innovación, sufrieron recortes cercanos al 50% en los últimos tres años. Los subsidios económicos se redujeron un 60%.

El abandono de la inversión educativa

A esto se suma el abandono de la inversión educativa. Para cobrar una dimensión del problema cabe apuntar que el presupuesto educativo se redujo de manera sistemática en la última década, hasta alcanzar en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 un nivel crítico de apenas 0,75% del PIB. Este proceso no responde a un ajuste transitorio, sino a una redefinición estructural y regresiva del rol del Estado en materia educativa.

A esta caída se suma un hecho de extrema gravedad institucional: el proyecto de Presupuesto 2026 deroga las leyes que establecen garantías específicas para el financiamiento de la Educación, la Educación Técnico Profesional y Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. De este modo, se eliminan los pisos de inversión que funcionaban como resguardo mínimo para estos derechos, dejando su financiamiento librado a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y vulnerando compromisos legales asumidos por el propio Estado nacional.

El presupuesto del sector educativo ($6,3 billones) presenta una disminución real del 45,3% con respecto a lo ejecutado en 2023, considerando la pauta de inflación del Presupuesto. Si se excluye del cálculo el presupuesto de las universidades nacionales, la caída es aún mayor (70,1%). El ajuste llega a casi todos los programas de la Secretaría de Educación, en especial a los programas Infraestructura y Equipamiento (-82,2% real con respecto a 2023), Becas a Estudiantes (-74,3% real con respecto a 2023), Acciones para la Formación Docente (-71,2%), INET (-84,5%), y la desaparición de los programas FONID, Mejoramiento de la Calidad Educativa, Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones, y Fortalecimiento de Jardines Infantiles. El presupuesto para Comedores Escolares, incluido como una “actividad” dentro del programa “Gestión Educativa y Políticas Sociales”, disminuye un 10,6% en términos reales.

Gastos en Personal: los y las trabajadores del Estado Nacional

El Gasto en Personal merece una especial atención ya que la política presupuestaria de este Gobierno implica una degradación continua del empleo público y de las capacidades estatales para cumplir funciones esenciales. Cabe mencionar que, así como en el resto del presupuesto, la mayor parte del recorte y los despidos se llevaron a cabo durante 2024, se profundizaron en 2025 y se pretenden consolidar y legalizar en este Proyecto de Ley de Presupuesto 2026.

Se consolida la parálisis de organismos estratégicos y se profundiza la precarización laboral, mientras tanto, algunas áreas proyectan un crecimiento formidable de sus gastos en personal, como es el caso del Ministerio de Desregulación a cargo de Sturzenegger que crece un 45,7% y la Secretaría de Inteligencia que (sin contar los gastos reservados) aumentará sus gastos en personal en casi un 20%, en términos reales.

Mientras tanto, la enorme mayoría sufre recortes, entre los que se destacan la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, con una diminución de una tercera parte de sus gastos en personal y la desaparición de los Institutos del Cáncer, del Agua, de Asuntos Indígenas.

En conclusión:

La gravedad de este Proyecto de Presupuesto se ve profundizada por su articulación con otras iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo, en particular el proyecto de ley “Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”. Dicho proyecto busca imponer una regla fiscal rígida, limitar severamente la capacidad del Congreso para sancionar leyes que amplíen derechos y tipificar penalmente a los funcionarios que dispongan incrementos de gasto sin financiamiento específico. En este marco, la combinación entre un presupuesto de profundo ajuste, la eventual aprobación de una regla fiscal rígida y la criminalización de las decisiones de política económica configura un escenario de extrema restricción democrática, en el que el gasto público deja de ser una herramienta legítima para garantizar derechos y responder a necesidades sociales, para convertirse en una conducta pasible de sanción. La aprobación simultánea de estas iniciativas implicaría consolidar un esquema de austeridad permanente que subordina la democracia y los derechos sociales al dogma del déficit cero.

Por todo lo expuesto, este Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 debe ser rechazado para revertir el ajuste sobre las políticas públicas esenciales. Un presupuesto no es una mera herramienta contable: es la expresión concreta de las prioridades de un país. Este presupuesto que consolida el desfinanciamiento del Estado, desmantela capacidades públicas y vulnera derechos básicos implica convalidar un retroceso histórico cuyas consecuencias recaerán sobre las mayorías. El Congreso tiene la responsabilidad indelegable de defender los derechos consagrados por la Constitución y la Ley de Presupuesto, garantizar las condiciones materiales para su efectivo cumplimiento.

PRIVATIZACIÓN DE INTERCARGO - UN NEGOCIO DISFRAZADO DE URGENCIA

Rodrigo Borrás — 2025-12-10T17:57:53Z

Se habla de venderla por 30 millones de dólares, una cifra irrisoria frente a su rentabilidad. El sindicato de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) judicializó el proceso denunciando irregularidades y alertando sobre el riesgo para 1.500 empleados, sometidos en los últimos tiempos a precarización y estigmatización.

El Gobierno insiste en que la privatización de Intercargo es inevitable, casi una cuestión de emergencia nacional. Sin embargo, la comisión bicameral de reforma del Estado y de seguimiento de las privatizaciones cuestiona con firmeza la transparencia y la legalidad del proceso.

Los principales voceros de esta operación no son las aerolíneas, sino ciertos “periodistas” que repiten un libreto: que la empresa “consume fondos públicos”, que “el Estado no puede sostener ineficiencias” y que “la competencia traerá mejores servicios”. La realidad contradice ese relato. Intercargo cerró el año pasado con 11 millones de dólares de ganancias y este año se proyecta superar al anterior. Una compañía rentable, con capacidad de expansión, que el oficialismo pretende liquidar rápido y a bajo precio.

Se habla de venderla por 30 millones de dolares. Una cifra irrisoria frente a su rentabilidad, que despierta sospechas sobre quiénes serían los beneficiarios de semejante ganga. El sindicato de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que representa a los trabajadores, ya judicializó el proceso denunciando irregularidades y alertando sobre el riesgo para 1.500 empleados, sometidos en los últimos tiempos a precarización y estigmatización.

Detrás del discurso oficial y de los medios alineados, la verdad es incómoda: Intercargo no es deficitaria, no es un agujero fiscal ni un obstáculo para la competencia. Es una empresa estatal superavitaria, que funciona pese a las malas administraciones de los distintos gobiernos.

El locutor Antonio Laje asegura que “demanda dólares del Tesoro”, pero no presenta una sola prueba de lo que dice. Los balances oficiales y los especialistas del sector coinciden en lo contrario: genera ingresos en divisas, no recibe subsidios y en 2025 alcanzará un superávit superior a los 13 millones.

Puedo suponer que tiene mala información o no sabe del tema que está hablando, pero no es casual que Laje tenga este discurso. Él mismo genera contenidos en las redes para el Grupo GPS, interesado en ingresar al mercado de servicios aeroportuarios.

Cuando una empresa pública premiada internacionalmente demuestra eficiencia, la narrativa privatizadora pierde su argumento central y recurre a la desinformación: acusar a los trabajadores de ineficiencia y estigmatizarlos. Dos falacias que se desmoronan frente a los hechos.

La desregulación del sector ya permite la entrada de operadores privados. La competencia existe. Lo que no existe es un modelo económico sostenible que garantice inversiones serias de largo plazo, como reconocen incluso economistas cercanos al Gobierno.

Un servicio estratégico no es un negocio cualquiera

El servicio aeroportuario o handling no es un rubro accesorio. Es la operación que asegura que un avión pueda despegar y aterrizar. Es logística, seguridad y desarrollo. En un país extenso y con baja densidad poblacional, la conectividad aérea no es un lujo: es infraestructura esencial. Ceder ese control a un actor privado cuyo único objetivo es maximizar ganancias implica un riesgo que ningún Estado serio debería asumir.

Privatizar Intercargo no responde a datos ni a necesidades reales. Responde a un negociado que despoja al Estado de una herramienta estratégica para articular conectividad y economías regionales. Se trata de una decisión que no soluciona problemas, sino que crea uno nuevo: la pérdida de control sobre un servicio vital, entregado por monedas a intereses particulares.

El verdadero debate

La discusión no es sobre el tamaño del Estado, sino sobre su inteligencia. Un Estado inteligente no se desprende de activos que funcionan, generan ingresos y cumplen un rol estratégico para el desarrollo del país.

Intercargo no es símbolo de ineficiencia, sino de lo que incomoda a quienes creen que lo público debe fracasar por definición: una empresa estatal que funciona bien y genera importantes ingresos a las arcas del Estado, la misma que muchos empresarios carroñeros desean manejar.

Y tal vez por eso quieren entregarla al peor postor.

*Empleado de Intercargo y Pro secretario de Políticas Aéreas de APA.

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¿Cuántos trabajos se necesitan para un salario digno? Pluriempleo en el Estado

Fundación Germán Abdala — 2025-11-10T14:02:43Z

Diversos estudios y artículos han señalado una tendencia creciente al pluriempleo, que en los últimos años se ha intensificado en Argentina. Esto se encuentra asociado, principalmente, a los problemas de ingresos de las y los trabajadores.

Desde la Fundación Germán Abdala nos propusimos explorar el pluriempleo en la Administración Pública: durante el mes de agosto realizamos una encuesta que respondieron personas que trabajan en el Estado. En el documento “¿Cuántos trabajos se necesitan para un salario digno? Pluriempleo en el Estado” compartimos los principales resultados y reflexiones para abordar esta característica del mundo del trabajo.

La reconstrucción del Estado y la búsqueda de una nueva estatalidad deben reconocer el pluriempleo como un rasgo estructural del empleo público contemporáneo. Se trata de un fenómeno que debe ser explorado en profundidad, reconociendo sus múltiples aristas y evaluándolo como un condicionante clave para diseñar políticas salariales, de carrera, de ingreso y de formación.

Ver en línea : ¿Cuántos trabajos se necesitan para un salario digno? Pluriempleo en el Estado

FGA - Informe acceso a vivienda en gobierno Milei

Fundación Germán Abdala — 2025-10-15T14:20:30Z

El área de Estudios Urbanos de la Fundación Germán Abdala presentó el informe de coyuntura “De la Casa al Trabajo… el acceso a la vivienda de los y las trabajadoras en el gobierno de Javier Milei”.

En el encuentro se debatió acerca de las dificultades que tienen gran parte de las y los trabajadores para acceder a la vivienda propia y el desmantelamiento de las políticas públicas del gobierno.

La problemática del acceso a la vivienda en nuestro país se ha agudizado en los últimos tiempos por múltiples factores que hacen que sea muy difícil el comprar una propiedad para las y los trabajadores. Los alquileres también son un problema: aumentaron de manera considerable en relación a los salarios. Además, la derogación de la Ley de Alquileres, entre otras dificultades, dejó a merced del mercado los valores para alquilar una propiedad.

En el presente informe de coyuntura elaborado por el equipo de Estudios Urbanos de la FGA se desarrollan algunas hipótesis en relación a la situación en la que se encuentran los y las trabajadoras en relación a la vivienda. Este documento busca ser un aporte para construir una perspectiva en la que dialoguen los estudios urbanos con la realidad del mundo del trabajo.