Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina CTA-T

Las CTA volverán a marchar con los jubilados el miércoles próximo y exigen la renuncia de Bullrich

CTA Comunica — 2025-03-13T22:29:24Z

Ambas CTA junto a representantes de la mesa de organismos de DDHH, diputados y diputadas del bloque de UxP, referentes de las distintas organizaciones que nuclean al Movimiento de Jubiladxs y de movimientos sociales y Curas en Opción por los Pobres anunciaron que el próximo miércoles movilizarán nuevamente, en todo el país, junto a lxs jubiladxs y pensionadxs y demandaron la renuncia de la Ministra de Seguridad de Milei. También señalaron que harán una denuncia frente a la OIT, que el Presidente debe ser juzgado por la criptoestafa y subrayaron la necesidad de seguir construyendo unidad para alumbrar tiempos de esperanza para nuestro pueblo.

En un patio interno colmado de compañeros y compañeras, el titular de CTA-T y diputado nacional Hugo Yasky comenzó su intervención solidarizándose con Pablo Grillo, el reportero gráfico y afilado del SiPreBA, gravemente herido en su cabeza por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno arrojado por un policía durante la brutal represión a lxs jubiladxs en el Congreso. “Ha sido intervenido quirúrgicamente. Su familia nos ha pedido, su padre, su hermano, que también es un compañero afiliado a ATE, en Enacom, que traslademos la gratitud de la familia, ante la inmensa cantidad de muestras de solidaridad recibidas, que ha hecho que se colapsara el sistema de recepción de sangre en el Hospital Ramos Mejía”, detalló Yasky quien contó a su vez que el día anterior habían participado de la conferencia de prensa de SiPreBA, en la puerta del Congreso, para pedir garantías “para los jubilados y también para los trabajadores de prensa que iban a tener que cubrir esa marcha”.

También se refirió a la gran cantidad de muestras de solidaridad recibidas por parte del movimiento obrero y del sindicalismo internacional. “La CGT de Portugal, desde Galicia, la Confederación Intersindical Internacional de España, la Federación belga de Trabajadores, las CCOO (Comisiones Obreras) de España, la CUT de Brasil, la Federación Sindical Internacional, que nuclea a todas las centrales sindicales del mundo y la Federación Sindical de las Américas, que nuclea todas las centrales del continente americano, han expresado su apoyo a los trabajadores y a lxs jubiladxs, y todas se han expedido expresando el repudio al accionar represivo del gobierno de Milei y de la ministra Bullrich”.

Frente a la mesa de la conferencia estaban desplegadas distintas fotografías que daban cuenta de la represión sufrida por lxs jubiladxs, lxs trabajadorxs, e indiscriminadamente por cualquiera que pasara por algún lugar aledaño a la Plaza. Yasky mencionó la gran cantidad de compañerxs detenidxs. La mayoría de ellxs recobraron la libertad como Daniel Catalano y otros miembros de la conducción de ATE. “Han sido detenidxs niñxs, menores de edad, muestra de la brutalidad de la represión. Una represión que, tal como lo ha dicho hoy mismo la ministra Bullrich, se desató para impedir que la movilización pudiera adquirir la dimensión multitudinaria que todos sabíamos que iba a tener”. Y celebró el fallo de la jueza Karina Andrade, fundado en el legítimo derecho a reclamar.

Por otro lado, Yasky señaló la debilidad del Estado de Derecho, en un contexto de un gobierno acusado de una criptoestafa y con un Congreso que quiere votar una Comisión para investigar o habilitar el juicio político,y las dificultades que impone el oficialismo, quien junto con macrismo trata de impedir su concreción. Cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, levantó la sesión, “faltaban votar dos temas fundamentales. Uno de ellos, la imposibilidad de emplazar al Congreso para que tratara el tema de la moratoria que tiene fecha de vencimiento el 19 de marzo, y el otro, ni más ni menos, la posibilidad de votar contra la vigencia del DNU 7023”, detalló y reclamó que el acuerdo con el FMI sea impuesto con un DNU cuando debería tratarlo el Congreso.

“Nuestro pueblo no va a entregar las banderas de los Derechos Humanos, ni de la Justicia Social, ni de la justicia con lxs jubiladxs, y creo que lo que nosotrxs vimos ayer es el escenario de un pueblo que no se arrodilla y no agacha la cabeza. Al contrario, ante lxs jubiladxs agredidxs como sucedió la semana anterior, hubo una reacción que multiplicó la presencia. Y la primera decisión que queremos transmitir hoy es que el próximo miércoles vamos a volver a estar con lxs jubiladxs, y que las dos CTA, junto con todas las organizaciones que forman parte de esta construcción, exigimos la renuncia de la ministra Bullrich de inmediato”, subrayó Yasky para concluir y agregó que “el 24 de Marzo vamos a tratar de construir una convocatoria unitaria, con los compañeros y compañeras de los organismos” y que “las dos CTA ratificamos el mandato hacia un paro nacional. La clase trabajadora se tiene que expresar en unidad. Y hay que construir un paro nacional”.

Por su parte, Hugo “Cachorro” Godoy, titular de CTA-A, convocó a movilizarse al Congreso cuando se trate el DNU y en rechazo del acuerdo con el FMI, “que para nosotros es una nueva estafa”, definió y agregó: “Vamos a seguir ampliando la convocatoria, para que cuando se trate este DNU en el Congreso de la Nación, nos convoquemos a una gran jornada nacional de lucha, con diversas medidas de fuerza en todo el país, y particularmente en el Congreso, para exigir que se rechace ese DNU, y cualquier tipo de acuerdo con el FMI, que desde siempre ha sido el instrumento principal para arrasar con los derechos de nuestro pueblo”.

Para concluir, anunció: “Estamos presentando una denuncia a la OIT, en el día de hoy, para que cuando se reúna la Asamblea de la OIT en el mes de junio sean tratadas todas las denuncias que demuestran la brutalidad y la inconstitucionalidad del gobierno de Milei”.

Daniel Catalano: “Hay que resistir absolutamente todo porque está en riesgo nuestra soberanía”

CTA Comunica [ER] — 2024-04-05T19:57:01Z

En el marco de la jornada de paro y movilización realizada por ATE a nivel nacional, a raíz de los 15000 despidos realizados en el ámbito de distintos ministerios y organismos nacionales, se realizó un acto en Plaza de Mayo, con centenares de trabajadoras y trabajadores estatales, que están resistiendo estos irracionales y brutales despidos.

Con la presencia de efectivos de la Policía Federal, la PSA, Gendarmería y Prefectura, en el acto hicieron uso de la palabra dirigentes de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), luego de haber superado un intento de represión por parte de las fuerzas citadas que intentaron sin exito, aplicar el "Protocolo antipiquetes".

Así se expresaron nuestrxs compañerxs de ATE Capital, luego del mencionado acto.

Daniel “Tano” Catalano - Secretario Gral de ATE Capital, Secretario Gral Adjunto CTA Nacional

Este es un paro muy importante para nosotros. Amanecimos con todos los edificios públicos militarizados con la policía Federal, con la PSA, la Gendarmería y la Prefectura. No obstante eso las compañeras y compañeros salieron a la calles. Hicimos el acto en estas condiciones que son terribles, con el agravante de que por la noche despidieron más trabajadores del área Salud en un país donde el dengue sigue creciendo y nos sigue hostigando y obviamente precisamos más presencia del Estado, el gobierno nacional decide recortar áreas estratégicas, de manera arbitraria y sin ninguna lógica. Mañana sábado vamos a hacer un acto en defensa de la Cultura en la puerta del CCK y la semana próxima seguimos organizando ollas populares. La idea es generar hechos políticos que puedan ir abriendo la mesa de negociación con el objetivo de reabrir las políticas públicas, recuperar los puestos de trabajo. Hay que resistir absolutamente todo porque está en riesgo nuestra soberanía. El presidente está generando un marco de entrega de nuestra patria con EEUU.
Esto debería alertarnos a todos y todas. Tendríamos que estar discutiendo profundamente todos, de qué manera podemos revertir esta situación, porque vienen por nuestras aguas, nuestro litio, nuestro petróleo, y después va a ser tarde. Esperamos que el mandato que tiene nuestra Central, también la CTA Autónoma, ayude para que con la mesa chica de la CGT nos podamos organizar y producir el mejor paro general que se puede hacer y planificar un plan lucha.

Clarisa Spataro – Secretaria de Género ATE Capital

Una más de las tantas jornadas de lucha que venimos teniendo y vamos a seguir. Vienen a desguazar el Estado. Ya ni hablan de ñoquis. Vienen a destruir todo los derechos que fuimos conquistando. Están destruyendo familias. Hay muchísimos despidos de personas travestis y trans, ni siquiera respetan el cupo laboral, ni el cupo por discapacidad. Están despidiendo compañeros y compañeras de más de 20 años de antigüedad y lo más lamentable es que ya sabíamos que venían por esto. Por eso más que nunca tenemos que estar en la calle, que es el lugar de resistencia del pueblo. Así que convoco a todos los compañeros y compañeras, no solamente del Estado, a todos los trabajadores y trabajadoras organizados para que acompañen esta lucha.

Silvana Ávila – Secretaria de Accion Social ATE Capital

Hoy es una jornada de paro y movilización frente a la Casa Rosada. La teníamos planificado para Economía, pero como la policía cortó la calle no podemos avanzar. en la vereda de la Casa Rosada Estamos acá para decir basta de despidos de trabajadores y trabajadoras estatales. En mi caso particular, basta de despidos y de cierre de delegaciones del Enacom en todas las provincias. Trescientas cincuenta familias sin recursos para sobrevivir a esta masacre que viene imponiendo este gobierno maldito, con todos los incrementos de los servicios básicos, en donde vamos a tener que pasar frío, donde vamos a tener que comer basura, porque la comida más básica está carísima. Entonces decimos basta. Hoy comienza nuevamente un período de lucha frente a frente contra este gobierno.

Romina Piccirillo – Secretaria Comunicación ATE Capital

Hoy estamos acá las y los trabajadores estatales, con motivo de los despidos a mansalva que está habiendo en los últimos días. La semana pasada alrededor de 15000 despedidos, a quienes se les vencían los contratos, pero que eran trabajadoras y trabajadores, que en realidad vienen cumpliendo tareas permanentes, y tienen años de antigüedad. No son contratos por tiempo determinado. Esta es una de las paradas. Hace dos días tuvimos un ingreso masivo a los ministerios porque esas “notificaciones de despidos” fueron muy irregulares, así que convocamos a las trabajadoras y trabajadores a que no hagan abandono de sus puestos de trabajo. Seguimos planificando medidas semanalmente para seguir dando la pelea.

RECHAZAMOS LAS AMENAZAS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD

CTA Comunica [ER] — 2024-01-15T18:45:00Z

Desde la CTA-T rechazamos la intimación enviada por el Ministerio de Seguridad, que carece de cualquier sustento legal, y que pretende disfrazar bajo la excusa de un “pago solidario” lo que en realidad es una extorsión a las organizaciones que representan a los trabajadores y trabajadoras y que pretende vulnerar la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta.

Es falso que esta Central haya incurrido en situaciones delictivas como se señala en las Cartas Documento enviadas, y que utilizan como excusa para justificar “gastos operativos” durante la concentración del día 27 de diciembre en Plaza Lavalle, un evento que se trató ni mas, ni menos, del ejercicio pacífico de derechos constitucionales llevados a cabo por parte de la población.

Recordamos a la señora Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que conforme a la Constitución Nacional, los habitantes de la Nación Argentina, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga.

Llamamos a la reflexión al gobierno de Javier Milei para que cese en su conducta discriminatoria y anti sindical hacia la CTA y el resto de las organizaciones sindicales y por consiguiente, hacia los trabajadores y trabajadoras que cada una de ellas representan, un hecho que se hace visible a través de medidas persecutorias absurdas como las cartas documento que fueron enviadas a todas ellas.

Enrique Rositto, Secretario de Comunicación
Hugo Yasky, Secretario General

CTA-T, junto con CGT y CTA-A denuncian ante la OIT al Gobierno argentino por violaciones al Convenio sobre la Libertad Sindical

Secretaría de Relaciones Internacionales CTA — 2023-12-19T19:15:34Z

Las tres centrales argentinas, solicitan la intervención con carácter de urgente del Director General de la OIT y la remisión de la denuncia por violaciones al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su urgente tratamiento.

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT-RA) conjuntamente con la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), solicitan la intervención con carácter de urgente del Director General de la OIT y la remisión de la denuncia por violaciones al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, que a continuación se exponen, a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su urgente tratamiento.

Contexto social y económico previo a la adopción de la nueva reglamentación

El plan de ajuste fiscal y cambiario anunciado por el nuevo Gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2023 generará una fuerte aceleración del proceso inflacionario que venía sufriendo la Argentina y dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de las y los trabajadores formales e informales, trabajadores de la economía social y solidaria, de cuentapropistas y autónomos, así como también de jubilados y pensionados.

De acuerdo a lo pronosticado por las propias autoridades económicas del actual Gobierno, las medidas anunciadas ubicarán el índice inflacionario mensual entre un 20 y un 30% al menos por el próximo cuatrimestre situación que, de no ser acompañada por una política de ingresos ejercida a través del libre ejercicio de las negociaciones colectivas y de políticas activas compensatorias, pondrá a millones de argentinos y argentinas en una situación socioeconómica desesperante, sin garantías de poder acceder a sus necesidades básicas.

Las medidas anunciadas implican una fuerte paralización de la actividad económica con su consecuente puesta en riesgo de cientos de miles de puestos de trabajo.

Además, configuran a todas luces un disciplinador social.

Como parte de esta estrategia disciplinadora, 48 horas después de anunciar el mayor plan de ajuste económico de la historia del país, el Ministerio de Seguridad de la Nación adoptó el denominado “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de circulación”.

El movimiento sindical argentino venia advirtiendo durante la campaña presidencial electoral de la nación, que se venían gestando manifestaciones con intenciones de limitar y vulnerar la libertad sindical, incluida la protesta social.

Estas manifestaciones que buscaban criminalizar la protesta social y la persecución sindical venían de sectores privados pero que hoy representan la autoridad nacional.

El Protocolo restringe y vulnera derechos constitucionales

La nueva reglamentación de la protesta social soslaya claramente derechos y garantías constitucionales básicos así como también las instituciones democráticas de nuestro país .

El nuevo Protocolo para el mantenimiento del orden público autoriza a todas las fuerzas federales – La Gendarmería, la Prefactura, la Policía de Seguridad Areoportuaria, la Policía federal y el Servicio Penitenciario Federal a intervenir frente a “impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación“ , entendiéndose por tal “…cualquier concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que disminuyeran, para la circulación de vehículos, el ancho de las calles, rutas o avenidas, o que estorbasen el tránsito ferroviario, aun cuando no creasen una situación de peligro, o que impidiesen el ingreso de personas a lugares públicos o empresas. No se tomará en cuenta, a tales efectos, el hecho de que los perjudicados tuvieren otras vías alternativas de circulación…” .

Entre las nuevas atribuciones, el protocolo autoriza a:

La intervención de las fuerzas de policía sin que medie orden judicial, al considerar la protesta social como delito flagrante reprimido por el artículo 194 del Código Penal de la Nación Argentina.

Crear un registro de las organizaciones que reclaman en el espacio público.

Identificar los vehículos que trasladen personas para manifestarse. Incluso, prevé la posibilidad de incautar estos vehículos y realizar investigaciones a los choferes que los conduzcan.
identificar los autores, cómplices e instigadores, mediante filmaciones y otros medios digitales o manuales, con registro prioritario de los datos de sus líderes y organización, ya se trate de organizaciones formales o informales, con o sin personería jurídica, gremios o partidos políticos, con la cual se vinculan.

Demandar judicialmente a las organizaciones así como a las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos.

Cuando entre los manifestantes haya extranjeros con residencia provisoria en el territorio argentino, se enviarán sus datos a la Dirección Nacional de Migraciones.

Incompatibilidad con las normas internacionales del trabajo y las recomendaciones de la OIT

Se trata de una reglamentación abusiva tendiente a desnaturalizar derechos constitucionales reconocidos a su vez por normas internacionales fundamentales a las que nuestro país ratificó.

A su vez, contradice recomendaciones de los órganos de control de la OIT así como también pronunciamientos jurisdiccionales internacionales en materia de libertad sindical, derecho de huelga incluido el derecho de protesta y manifestación.

Recordemos que el Comité de Libertad sindical ha sostenido que:
“…Las acciones de protesta están protegidas por los principios de la libertad sindical sólo cuando estas acciones están organizadas por organizaciones sindicales o pueden ser consideradas como actividades sindicales legítimas cubiertas por el artículo 3 del Convenio núm. 87…” de acuerdo a una recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical.

Asimismo, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones , considera que: “…son lícitas las huelgas motivadas por las políticas económicas y sociales de los gobiernos, incluidas las huelgas generales (…) En su opinión, las organizaciones de trabajadores y de empleadores encargadas de defender los intereses socioeconómicos y profesionales deben respectivamente, poder recurrir a la huelga o a acciones de protesta para apoyar sus posiciones en la búsqueda de soluciones a los problemas derivados de las grandes cuestiones de política económica y social que tienen consecuencias inmediatas para sus miembros…”.

Por otro lado, El Comité de Libertad sindical también ha advertido que:
“…Las autoridades sólo deberían recurrir a la fuerza pública cuando se haya realmente amenazado el orden público. La intervención de la fuerza pública debe guardar debida proporción con la amenaza del orden público que se trata de controlar y los gobiernos deberían tomar disposiciones para que las autoridades competentes reciban instrucciones adecuadas con el objeto de eliminar el peligro que implica los excesos de violencia cuando se trata de controlar manifestaciones que pudieran entrañar alteración al orden público…” según recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical.

“…En general, recurrir al uso de las fuerzas de policía en las manifestaciones sindicales, debería limitarse a los casos realmente necesarios…” de acuerdo a una recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical.

El protocolo pretende configurar el ejercicio de la protesta social como un tipo de delito penal reprimido por el artículo 194 del Código Penal de la Nación Argentina.

“…El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años…” según el artículo 194.

El Comité de Libertad Sindical sostiene que “…Las sanciones penales sólo se deberían imponer si, en el marco de una huelga, se cometen actos de violencia contra las personas y la propiedad o cualquier otra violación grave de la ley penal ordinaria, y todo ello, de conformidad con las leyes y reglamentos que sancionan tales actos….”.

Así lo ha entendido también la jurisprudencia nacional en una sentencia bastante reciente de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal resuelta el 20/12/2019, en la cual la Cámara sostuvo que: “… al momento de evaluar se presenta una tensión constitucional entre los diversos derechos en juego.

Entre ellos, el de la libre expresión de los manifestantes a través de la protesta y el derecho a la libertad personal de transitar también amparado por el artículo 14 de la Constitución Nacional.

A continuación la Cámara sostiene que “…“Para definir la cuestión (…) adquiere relevancia la doctrina que indica que el derecho de protesta no ampara los actos de violencia física o de intimidación, idea que descansa en la jurisprudencia que –en relación con el derecho de huelga- ha sentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme la cual “la actividad positiva huelguística de los individuos no es en sí misma penalmente sancionable puede serlo, en cambio, mediando ley al respecto cuando se realiza con recurso a la violencia física…´

El derecho de reunión, incluido el derecho de organizar reuniones pacificas, además está garantizado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos de jerarquía constitucionales y configura uno de los medios por excelencia para la defensa y la promoción de derecho civiles y laborales.

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado reiteradamente que el derecho a la protesta debe ser considerada la regla general, y las limitaciones a este derecho deben ser la excepción.

A su vez, ha alertado que la noción de “orden público” no puede ser invocada para suprimir un derecho garantizado por la Convención Americana, para desnaturalizarlo o para privarlo de contenido real.

El Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos resalta que la protección de los derechos y libertades de otros no deben ser empleados como una mera excusa para restringir las protestas pacíficas .

Por otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaro que "cualquier manifestación en un lugar público inevitablemente provoca un cierto grado de perturbación de la vida cotidiana, incluida la interrupción del tráfico, y es importante que las autoridades públicas den muestras de un cierto grado de tolerancia respecto de las reuniones pacíficas para no vaciar de contenido el derecho a la libertad de reunión, garantizada en el artículo 11 de la Convención" .

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea llegó a una conclusión similar en el caso en que una protesta que se realizó en una importante ruta de tránsito a través de los Alpes provocó el cierre de la carretera durante casi 30 horas . La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también llegó a la misma definición.

Es decir que, nuestro ordenamiento jurídico con base en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y alineado con los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT así como también el sistema interamericano de derechos humanos , afirma que las manifestaciones vinculadas con reclamos de naturaleza laboral, en tanto no se apele a la violencia en el marco del reclamo, no puede ser considerada una actividad delictiva en términos del artículo 194 del Codigo Penal como menciona el protocolo en cuestión, por el mero hecho entonces de impedir o dificultar el tránsito en la vía pública sin violencia contra persona y bienes de terceros.

La represión como disciplinador social

También el anunciado protocolo muestra que hay una clara y manifiesta decisión de criminalizar la protesta y de sustraerla de su ámbito jurisdiccional que es el socio laboral para trasladarla al fuero penal.

El protocolo pretende condicionar a priori el mero ejercicio de la protesta social al autorizar el uso indiscriminado de la fuerza pública de policía y de la responsabilidad civil por daños como factor disuasivo para siembra temor en los eventuales trabajadores y en las organizaciones que decidieran convocar a una legitima protesta social.

Es evidente que esto se da como parte de una estrategia que pretende criminalizar la protesta que, a las luces de los recientes anuncios económicos y de los consecuentes impactos en la calidad de vida del pueblo argentino, resulta limitar la libertad de expresión de argentinas y argentinos que producto de las medidas implementadas, estarán sumidos en la pobreza y la indigencia.

El Comité de Libertad Sindical sostiene al respecto:
“…Los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones, e incumbe a los gobiernos garantizar el respeto de este principio…” ( Recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, sexta edición 2018, para 84)
“…Un movimiento sindical libre e independiente sólo puede desarrollarse en un clima exento de violencia, amenazas y presiones, así como que corresponde al Gobierno garantizar que los derechos sindicales puedan desarrollarse con total normalidad…” (Recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, sexta edición 2018, para 87)
Por todo ello, podemos afirmar que de cobrar efectividad el protocolo se instauraría un mecanismo represivo que atenta contra los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional, el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), tratados internacionales y Pactos conexos y los comentarios y recomendaciones de los órganos de supervisión de la OIT.

El movimiento sindical argentino llama a la atención urgente del Director General de la OIT sobre los recientes acontecimientos que afectan a los y las trabajadores de la República Argentina y solicita que la presente denuncia se envié con carácter de extrema urgencia a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su tratamiento, a la mayor brevedad.

Roberto Baradel, Secretario de RRII de CTA de los Trabajadores.
Adolfo Aguirre, Secretario de RRII de CTA Autónoma.
Gerardo Martínez, Secretario de RRII de CGT-RA.