Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina CTA-T

CTA San Juan: Día histórico en el derecho de acceso a una vivienda digna

CTA San Juan — 2023-04-28T16:02:24Z

El Gobierno de la provincia de San Juan y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de San Juan firmaron, el 25 de abril, el Acta Acuerdo Compromiso. El gobierno provincial se compromete a realizar una asistencia financiera para la construcción, urbanización y la infraestructura, para la construcción de 100 viviendas destinadas a lxs afiliadxs de la CTA San Juan, concretando así el permanente anhelo de la Comisión Directiva.

La historia como contexto

Hasta principios del Siglo XX el Estado no había intervenido directamente en la construcción de viviendas. Es recién con la sanción de la Ley Nacional 9677 de 1915 que crea la Comisión Nacional de Casas Baratas, que se asignan fondos -provenientes de las carreras hípicas - para la construcción de viviendas obreras. Dichos fondos fueron escasos y la Comisión construyó entre 1915 y 1943 sólo 977 viviendas.

La acción del Estado más importante de ese tiempo estuvo dada por las sucesivas leyes de congelamiento de alquileres iniciada en 1921. En esos años la gran mayoría de la población obrera ocupaba viviendas en alquiler. Por ejemplo, todavía en 1947, el Censo Nacional de Población y Vivienda señalaba que el 62,7% del total de la población ocupaba las viviendas en condición de inquilinos.

La Justicia Social, nuestra identidad

Entre 1943 y 1955 cambia sustancialmente la acción del Estado referida a la vivienda. El cumplimiento de objetivos políticos de justicia social provocará que la vivienda sea una cuestión fundamental en la agenda pública. Por una parte la vivienda - en el marco del Primer y Segundo Plan Quinquenal - constituirá un elemento clave en la política económica que promueve el capital nacional industrial.

El sector de la construcción recibirá un fuerte impulso dadas sus virtudes de generación de empleo, demanda de insumos y creación de capital fijo. La construcción de viviendas se centrará primero (1944) en la Secretaría de Trabajo y Previsión (que absorberá la Comisión de Casas Baratas) para pasar a conformarse luego la Administración Nacional de la Vivienda, organismo que en 1947 se integrará al Banco Hipotecario Nacional.

Por otra parte, se incrementará el crédito barato del Estado -motorizado por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario de 1946- como parte de una política de redistribución del ingreso. Se pasa de menos de 1.000 préstamos anuales en 1946 a unos 54.000 préstamos en 1954.

Es complementaria también la sanción en 1948 de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal que permitirá a muchos inquilinos comprar las viviendas que alquilaban, a la par que promoverá espectacularmente la inversión en construcción de viviendas para sectores medios en todos los centros urbanos. Los incrementos de cargas impositivas a los terrenos baldíos, las protecciones a los compradores de terrenos en cuotas (Ley 14.005 del año 1950 de venta de lotes en mensualidades) y la instrumentación de las expropiaciones con fines sociales, dieron un marco de intervención estatal en el mercado del suelo.

En términos de política de Estado, y con el objetivo de sentar las bases de un cambio social profundo en la sociedad Argentina, cuyo cuerpo jurídico estuvo modelado por las elites terratenientes - donde se destaca el rol que jugaría el suelo urbano en una cultura patrimonialista, basado en la propiedad privada absoluta - se impulsa un profundo cambio constitucional.

La reforma Constitucional de 1949, incorpora el Derecho a la Vivienda en el Artículo 14 bis (junto con otros derechos sociales asociados a la condición de trabajador), y principalmente, se refiere en su Capítulo IV a: La función social de la propiedad, el capital y la actividad económica.

Coherencia en la acción

Es en este contexto que desde hace más de 3 años se realizan gestiones ante el gobierno provincial y el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda), a fin de que nuestra Central sea incluida en los Programas de construcción de viviendas y políticas habitacionales desarrolladas en la provincia de San Juan.

Este 25 de abril de 2023 se firmó el Acta Acuerdo Compromiso entre el Gobierno de la provincia de San Juan y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de San Juan. Representando al Señor Gobernador de la Provincia, rubricó su firma el Director del IPV, Arquitecto Marcelo Yornet, y por la CTA de lxs Trabajadores San Juan, rubricaron el Acta su secretario general Sergio Calderón, secretaria adjunta Mónica Lencina y secretario adjunto Esteban Vergalito.

En la misma el gobierno provincial se compromete a realizar una asistencia financiera para la construcción, urbanización y la infraestructura para la construcción de 100 viviendas, destinadas a lxs afiliadxs de la CTA de lxs Trabajadorxs San Juan, concretando así el permanente anhelo de la Comisión Directiva.

Nuestro secretario general, compañero Sergio Calderón, agradeció en nombre de todxs lxs afiliadxs la concreción de tan ansiado acuerdo. Al mismo tiempo coincidieron las autoridades presentes, Compañerxs Mónica Lencina, Esteban Vergalito y Néstor Arrón por CTA-T junto al Director del IPV Arq. Yornet y la Subdirectora Daniela Cangialosi en destacar la importancia de contar con este programa, el cual viene a suplir una necesidad primordial en nuestro país como lo es el déficit habitacional, y el derecho al acceso a la vivienda digna.

“Sangra tanto el corazón del que pide, que hay que correr y dar, sin esperar “.
EVITA

Sergio Calderón
Secretario General

Nestor Arrón Rivero
Secretario de Comunicación

CTA de lxs Trabajadorxs San Juan

EDIFICIOS PÚBLICOS SUSTENTABLES: CAMBIO DE PARADIGMA

CTA Comunica [ER] — 2023-04-01T13:00:00Z

El 20 de Enero del 2023 el Gobierno Nacional publicó el Decreto N° 31/231 que establece que “el manejo y gestión sostenible de los recursos utilizados por el Sector Público Nacional consiste en la obligación de implementación de buenas prácticas sostenibles de consumo y de habitabilidad, considerando los principios de progresividad y de no regresión.” La norma lleva las firmas del Presidente de la Nación y del Ministro de Ambiente.

Por Emiliano Bisaro

Allí se establece una hoja de ruta que, de hacerse efectiva, va a alinear a la Administración Pública Nacional con los consensos internacionales que tienen por objeto enfrentar el cambio climático. En este sentido, supone un compromiso mayor ya que crea un marco de referencia que orienta la gestión de la administración pública nacional hacia la agenda ambiental. En otras palabras, ya no se trata de adherir a acuerdos internacionales o definir políticas públicas orientadas por la agenda ambiental, sino que también es modificar la práctica del Estado y establecer una transformación profunda del mismo.

Según el decreto la gestión sostenible de los recursos utilizados por la administración pública nacional se debe expresar en los niveles de: a) La energía eléctrica; b) El agua; c) El gas natural; d) Los residuos; e) Las compras públicas; f) La accesibilidad; g) La movilidad sostenible y h) Las superficies y espacios verdes. Si la normativa adquiere alguna efectividad, implicará detener la mirada en aspectos de la administración estatal que nunca fueron observados; si además logra modificar procesos en algunos de los niveles enunciados serán cambios muy significativos de la administración pública.

Así, al enlazar el aparato de la administración pública con los Objetivos de Desarrollo Sostenible2 y, por lo tanto, con una de las agendas más potentes de la actualidad (por su inevitabilidad en el abordaje y los múltiples consensos que genera) habilita una reflexión sobre las capacidades estatales, en dos planos interconectados entre sí: el incremento de las capacidades estatales como objetivo y como condición necesaria.

Es decir, una administración pública que tenga prácticas sostenibles en todos sus niveles puede administrar su pasivo ambiental, reducir sus costos operativos, manifestar mejores condiciones de financiamiento, adquirir mayores niveles de legitimidad social y mayor autoridad para regular e intervenir en el plano de la política pública ambiental. En este sentido, el incremento de las capacidades estatales es un objetivo deseable.

A su vez, este objetivo es sólo realizable si se operan transformaciones en la dinámica estatal incorporando atributos que den apoyatura a un proceso de prácticas sostenibles. Inicialmente estas transformaciones requieren poner en tensión inercias en procesos, intereses sectoriales, corporativismos, fracturas institucionales, ilegalidades instaladas, desmotivaciones; en definitiva: resistencias.

El Decreto define en sus artículos 4, 5 y 7 la institucionalidad, los plazos y los recursos para esta transformación hacia la sostenibilidad del sector público. Sin profundizar en los medios otorgados para la acción, surge que esta política necesariamente deberá construir alianzas que le den sustento.

La primera deberá ser con las autoridades políticas, para que estas acciones no sean vistas como una traba en la política sustantiva de cada ministerio o se perciban reservadas a un rol reputacional o cosmético. Por el contrario, la política debe garantizar la transversalidad y jerarquización de la perspectiva sostenible3.

La segunda, y no menos importante, es con las personas que trabajan en el Estado Nacional para que sean promotores de las transformaciones. En este plano la “Ley Yolanda”4 es una herramienta subutilizada que puede convencer, aclimatar y generar condiciones de mediano plazo.

La tercera, es con los colectivos laborales afectados de forma específica e inédita. Nos referimos en particular a los trabajadores y trabajadoras de infraestructura y servicios generales del Estado, a quienes este decreto debería afectar profundamente, ya que impulsa nuevas tareas, nuevos roles, nuevas competencias y desafíos. La gestión sostenible de la energía, el agua, el gas natural, los residuos, la accesibilidad, y los espacios verdes reclaman una política de formación específica y nueva para las áreas de infraestructura y que se consideren un enriquecimiento y jerarquización de la tarea. A los saberes existentes hay que incorporar las nociones de edificios inteligentes y eficientes en el uso de los recursos.

La cuarta alianza necesaria es con los sindicatos del sector que no solo pueden aportar saberes, experiencia y cuadros, sino que pueden trabajar para incluir cláusulas ambientales en los convenios, al tiempo que adquieran mayor fortaleza para discutir los procesos de transición justa en el país.

Estas cuatro articulaciones son posibles si se reconstruye un pensamiento estatal que instale en su centro el “bien común”. Mariana Mazzucatto señala que “el bien común tiene que ver con la colaboración intensa, la inteligencia colectiva, la creación conjunta de fines y medios, y una distribución adecuada de los riesgos y las recompensas”5. Solo construyendo estas condiciones el Decreto N° 31/23 tendrá impactos concretos y significativos.

1: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/280026/20230123
2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
3: http://fundaciongermanabdala.org/fracturas-en-la-gestion-de-lo-publico-la-logica-corporativa/
4: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/ley-yolanda
5: https://www.project-syndicate.org/commentary/common-good-governance-key-elements-by-mariana-mazzucato-2023-01?barrier=accesspaylog