La CTA repudia el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del gobierno de Macri

El compañero Victorio Paulon, secretario de Derechos Humanos de CTA, dijo al respecto del nuevo protocolo de actuación para las movilizaciones callejeras anunciado recientemente por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich: “Creo que es un enorme retroceso respecto a todo lo que se había construido en los últimos años no solamente en la sociedad civil, en el propio Parlamento. El Acuerdo de Seguridad Democrática había establecido un claro protocolo en el que estaba prohibida la portación de armas a los agentes de seguridad, la obligación de la mediación y generar espacios de negociación que permitieran abordar los motivos del conflicto y todo esto de un plumazo es borrado por la ministra de Seguridad y volvemos al viejo esquema de un emplazamiento de pocos minutos para desalojar la calle, caso contrario la represión”.

“En términos históricos es un retroceso de una década, en términos prácticos esta es la antesala de que empecemos a contabilizar heridos, detenidos, procesados y por qué no también algún muerto como consecuencia de la represión. Esto es reiterativo. Kosteki y Santillán siguen presentes en la memoria colectiva, en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en los organismos de derechos humanos, y lo que hace este protocolo es generar exactamente el mismo escenario que teníamos en aquel momento”.

“Con la excusa de proteger a los trabajadores de prensa lo que se está buscando es impedir el registro de imágenes del accionar policial que evidentemente son las pruebas más contundentes de los abusos y de la represión”.

“Las manifestaciones, o este tipo de protestas, devienen siempre de situaciones de injusticia flagrante y por lo tanto pretender que se pueden responder con manifestaciones programadas en lugares como plazas, paseos y que no interrumpan el tránsito, es nada más que la intención de minimizar el impacto que tiene la protesta de los trabajadores en el contexto de un plan económico que ha concentrado grandemente los ingresos a favor de los grupos más concentrados, que busca disminuir el salario y que va acompañado de políticas de expulsión tanto en el sector público como privado, de mano de obra y que va a incrementar la desocupación. Es decir, lo real es lo económico y lo que se plantea desde el punto de vista de la seguridad es simplemente condicionar las respuestas para poder seguir avanzando con esto. Este plan económico aún no se ha expresado en su real magnitud. Esto es apenas el comienzo, se va a seguir profundizando y por lo tanto, lo que están haciendo es aprovechar el estado de gracia que generan los primeros meses de un gobierno para desarrollar todos los mecanismos que tiendan a la represión y al control”.

¿Cómo se va a parar la CTA frente a esta limitación del derecho a la protesta?

 Como se ha parado siempre, en una amplísima alianza con todos los sectores sociales, políticos, parlamentarios, para ofrecer un frente lo más amplio posible que garantice los derechos democráticos y los avances y conquistas que hemos tenido a lo largo de más de una década. El Acuerdo de Seguridad Democrática es un logro que expresa a todos los sectores de la vida política, y que por lo tanto hay que sostenerlo, defenderlo y profundizarlo.

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también repudió el nuevo protocolo ya que como señaló, en diálogo con Radio Nacional, Manuel Tufró, coordinador del equipo de Justicia Democrática y Seguridad Ciudadana del CELS, “demuestra una política de intolerancia hacia las protestas sociales”. Por otra parte, también remarcó que “hay vacíos en el nuevo protocolo de seguridad que además entendemos, debería ser debatido en el Congreso y no impuesto por una resolución de un ministerio”.

Asimismo, tal como publicó Página/12, ’el CELS señaló que uno de los aspectos más graves del protocolo es que “no prohíbe de manera explícita que los policías que intervengan en las manifestaciones utilicen armas de fuego, ni tampoco que usen balas de goma para dispersar”.
“La resolución también habilita detenciones con criterios amplios e imprecisos”, agregó el organismo. “Es decir que el gobierno nacional, en lugar de regular la actuación de las fuerzas de seguridad y el uso de la fuerza, amplía sus facultades para reprimir y criminalizar las protestas sociales”.’