Los trabajadores volvieron a debatir sobre la democratización judicial

El segundo encuentro nacional de Justicia Legítima contó con la participación activa de organizaciones sociales y sindicales, jueces, fiscales, defensores, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial de la Nación y de las provincias.

Convocados por una misma inquietud -debatir sobre el modelo de Justicia que queremos- se acreditaron cerca de un mil trabajadores. Así, se pusieron sobre la mesa las obsoletas estructuras de un Poder Judicial conservador, corporativo, “feudal”, teniendo bien claro todos los expositores que transformar ese modelo es una necesidad y un reclamo que el Pueblo exige.

Pasadas las 14, el fiscal Félix Crous, titular de la procuraduría contra la narcocriminalidad, presentó el panel de apertura, conformado por el ex juez español Baltasar Garzón; la Procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó; el ministro de la Corte Suprema de Mendoza, Omar Palermo y el defensor general de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboim.

Baltasar Garzón –quien fuera destituido de su cargo en España por comenzar a investigar los delitos de lesa humanidad del franquismo- reivindicó la lucha de los pueblos originarios en toda Latinoamérica y resaltó la necesidad de que le Justicia sea independiente de los Poderes del Estado. Sin embargo, destacó que más importante es que lo sea “respecto de las estructuras de poder corporativo dentro del Poder Judicial”.

Por su parte, Palermo recordó que La Plata fue la primera localidad donde se comenzó a juzgar a los genocidas y represores de la última dictadura cívico militar. También sostuvo que “los acuerdos espurios en el Consejo de la Magistratura tuvieron como límite el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. Ahora es necesario que la violencia institucional y la demagogia punitivista sean nuevos límites para esos acuerdos”.

Mientras tanto, Kestelboim, quien fuera interventor de la facultad de Derecho durante la presidencia de Héctor Cámpora, sostuvo: “no queremos jueces como Armella, de Quilmes, que tenía la causa Riachuelo pero debió ser removido de su cargo porque su actuación carecía de transparencia. Ese juez no le permitió ser parte del juicio a la Defensoría General de la Nación ni de la Ciudad, pero sí se lo permitió a las empresas contaminantes del Riachuelo”.

El panel de apertura fue concluido por Alejandra Gils Carbó, quien luego de homenajear a Susana Trimarco, recordó a los “luchadores heroicos” que resistieron “el saqueo y la entrega del patrimonio social de todos los argentinos durante la década del ’90”, refiriéndose a las privatizaciones menemistas. “Eso llevó a la crisis extrema del 2001, en la que la corporación judicial fue cómplice por haber garantizado la entrega neoliberal”. Habló de las denuncias con motivo de las procuradurías creadas en su gestión, todas en torno a la lucha contra el crimen organizado.

El primer panel, conformado por Luis Caro (Cooperativas de Trabajo y Fábricas Recuperadas), María Victoria Gauna (Movimiento campesino), Lorena Gutierrez Villar (Pueblos Originarios por AADI); Josefina Doz Costa (directora ejecutiva de abogados y abogadas del NOA por los derechos humanos); Marcelo Suntheim (Comunidad Homosexual Argentina) trató el tópico “Acceso a la Justicia”, respecto del cual los integrantes emitieron sus puntos de vista sobre las diversas dificultades de los sectores que representan para acceder a la Justicia y obtener respuesta a sus necesidades, muchas veces desoídas por la idiosincracia patriarcal, conservadora y elitista de los magistrados.

El segundo panel fue un espacio ganado por los trabajadores de la Justicia, quienes visibilizaron su presencia también con carteles que ilustraban sus históricas banderas de lucha, como los convenios colectivos de trabajo. Integrado por Daniel Pérez Guillén (Secretario General Adjunto de la CTA bonaerense y dirigente del gremio de judiciales de la provincia de Buenos Aires, AJB); Demetrio Iramain (Frente de Trabajadores Judiciales Nacional y Popular) y Mila Montaldo (Comisión Interna de Empleados del Ministerio Público), destacó la importancia de la participación de los trabajadores en este debate.

Daniel Pérez Guillén fundamentó por qué los judiciales tienen mucho para aportar "conocemos cómo funcionan las cosas desde lo práctico, más allá de los conocimientos teóricos. En otras oportunidades hubiera sido valioso que se nos escuche, como en el ’98 cuando se había resaltado la importancia de la Policía Judicial". Además, criticó que la Justicia sigue siendo feudal y monárquica, ejemplificando sobre el uso de vocablos como “Dios guarde a Vuestra Señoría” o “Vuestra Excelencia” y términos como “superior” e “inferior” refiriéndose a las instancias procesales, por las que muchos creen de verdad que por ocupar un cargo determinado son seres superiores.

“Hoy tenemos muestras de cómo se manipula la Justicia” dijo, refiriéndose a la denuncia por extorsión realizada por un diputado provincial a los dirigentes sindicales Petroccini y Baradel: “Creo que la extorsión es la otra, la que hace creer a alguien del Poder Ejecutivo que puede extorsionar a un trabajador porque tiene el brazo de la justicia como cómplice para extorsionarlo y apretarlo. Son directamente los grupos de poder los que hace un año decían que el apriete e Gils Carbó era ejemplar y que había pasado todas las pruebas de honestidad y capacidad y hoy ponen en duda cualquier resolución por una presión que los que forman la opinión pública le imponen” enfatizó Pérez Guillén.

Tras reivindicar la independencia del poder judicial de los poderes fácticos que lo condicionan, mencionó el documento elaborado por los trabajadores y trabajadoras, en que se hacen propuestas complementarias a las leyes presentadas en la provincia, entre las que resaltó que el Consejo de la Magistratura también sea integrado por trabajadores, representantes de organizaciones de Derechos Humanos, movimientos sociales, quienes son protagonistas de hechos históricos de los últimos años en la Argentina. Pérez Guillén finalizó diciendo que “Los trabajadores no podemos perder esta oportunidad de debatir la Justicia, debatir con la alegría de creer que este es un primer paso en ese cambio de paradigma, en ese cambio de modelo de Justicia en el que sabemos que no alcanza ni una buena ley, ni un buen cuerpo de leyes, porque tenemos que lograr la batalla cultural que incluye a los jueces, a los peritos, a todos los trabajadores.”

En su exposición, el referente del Encuentro de la Militancia Judicial resaltó la necesidad de dignificar las condiciones de trabajo de los judiciales, y “para eso es clave que tengamos convenios colectivos de trabajo”

María Laura Garrigós de Rébori, jueza de la Cámara del Crimen de Capital Federal, fue la encargada de cerrar el Encuentro, invitando a todos los presentes a sumarse a Justicia Legítima, que se conforma como entidad civil. “Yo siempre estuve en contra de la corporación, tengo más de treinta años en el Poder Judicial, pero este número de gente coincidiendo con que tenemos que hacer cambios de base en la Justicia, jamás lo había visto”, señaló. Destacó la horizontalidad que caracteriza al movimiento, sin perjuicio de lo cual es necesario que haya una organización: Garrigós de Rébori será la presidenta, junto a Jorge Auat, titular de la unidad fiscal de Derechos Humanos; y Kestelboim, el tesorero. La comisión directiva estará compuesta, entre otros, por Gils Carbó; Alicia Ruiz, ministra del Tribunal Supremo de la ciudad de Buenos Aires; Stella Maris Martínez; Félix Crous y Alejandro Slokar, juez de la Cámara de Casación Penal.

Los trabajadores, sindicalizados y organizados trabajamos juntos en la democratización de la justicia. Ese es el objetivo que nos une y en el que depositamos no sólo nuestra esperanza sino también el compromiso firme de poner toda nuestra energía al servicio de esa finalidad, que es el sueño de muchos trabajadores judiciales, que día a día chocamos con esa corporación a la que resistimos desde adentro y de a poco buscamos modificar. Bueno, llegó la hora de emprender una transformación profunda. Queremos protagonizarlo, articulando con todos los sectores que quieran seguir edificando entre todos un país más inclusivo, con más justicia social, con más independencia económica y con plena soberanía política a la cual le daremos forma como sociedad debatiendo democráticamente.